Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente, ha señalado que el Presidente Rafael Correa ha sufrido “una liposucción ideológica del grupo que lo rodea y que mina sus sólidas bases revolucionarias de izquierda”. Seguro que Acosta se equivoca, lo que hoy ocurre con Correa tiene su origen años atrás, cuando, para ganar las elecciones presidenciales, experimentó un implante artificial de izquierdismo que, al pasar del tiempo, va perdiendo su efecto y mostrando la verdadera personalidad política del presidente.
Los tres años y medio de gestión presidencial son tiempo suficiente para descubrir qué se esconde detrás de las palabras –aunque en algunos casos el discurso es elocuente- y, sobre todo, a dónde nos conducen sus acciones.
Los primeros meses de su gestión nos acostumbró a su arenga efusiva y aparentemente antioligárquica, en la que los denominados pelucones se convirtieron en el blanco de ataque. El pueblo se sentía bien con ello, identificado con un personaje con los “pantalones bien puestos” para decir lo que todos sentían. La efusividad del presidente persiste, pero los blancos han variado; ahora, por excepción –o para guardar las apariencias- reprocha a uno que otro pelucón, mientras su artillería pesada la reserva para lanzarla en contra del movimiento popular organizado y los movimientos y partidos de izquierda que efectúan críticas a su gestión. Hace poco, en la sesión especial que la Asamblea Nacional de Venezuela efectuó para conmemorar los 199 años de la firma del Acta de Independencia, Correa manifestó que “el mayor peligro para los socialistas del siglo XXI no son los escuálidos, pitiyanquis o pelucones, porque ellos están derrotados y la gente los identifican como los enemigos de la patria, sino aquellos que toman nuestras propias banderas y con fundamentalismos e infantilismos absurdos le hacen un gran daño a los cambios que necesita nuestra región”. También aseveró que la dirigencia indígena del país es “apologista del primitivismo”. Casi en los mismos términos despectivos se refirió respecto de la izquierda y el movimiento indígena en la Cumbre del ALBA efectuada en Otavalo pocos días después.
El programa que el gobierno aplica lo sitúa como partidario de un keynesianismo desarrollista que conduce a una modernización capitalista, beneficiosa para la acumulación de sectores de la burguesía. Acompañando a ello, o como parte del proyecto, cursan medidas para fortalecer un estado liberal-burgués centralizado y autoritario. Una política así se encuentra distante de lo que podría entenderse como una revolución en curso o de un proyecto político de izquierda.
A propósito del debate provocado en el país durante la aprobación de varias leyes en la Asamblea Nacional, han quedado al descubierto algunos elementos ideológicos y políticos antidemocráticos y reaccionarios profesados por quienes ahora controlan la administración del Estado. Se ha pretendido, por ejemplo, eliminar conquistas políticas de carácter histórico que, inclusive, tienen connotación internacional, como la autonomía universitaria, o impedir la ejecución plena de todo cuanto implica el carácter plurinacional del país. Todo se resuelve con políticas concentradoras (secretarías dependientes de la Presidencia) que fortalecen al Estado capitalista imperante.
Esta centralización desplaza lo que en teoría constituía un pilar de la denominada “revolución ciudadana”: la participación popular. Ésta nunca ha existido como política promovida desde esferas gubernamentales, y cuando los sectores organizados han buscado exponer sus planteamientos han sido desatendidos y reprimidos. El mesianismo, del cual Rafael Correa cree estar investido, suplanta cualquier posibilidad de participación popular activa en los asuntos del Estado. Pablo Ospina, en un interesante artículo presentado en mayo pasado, devela cómo se mira así mismo el Presidente de la República y para eso cita el libro Ecuador: de Banana Republic a la No República, escrito por Rafael Correa. Reproducimos a Ospina: “El desarrollo económico, nos dice el presidente, a diferencia de lo que creen los fundamentalistas económicos, depende también del ‘capital social’ (la cohesión y confianza públicas), el ‘capital institucional’ (reglas formales predecibles y claras) y el ‘capital cultural’ (valores y reglas informales ancladas en la costumbre). Cuando ellas fallan, y el texto da a entender que en el Ecuador fallan completa y penosamente, queda el liderazgo: ‘Buenos líderes pueden ser fundamentales para suplir la ausencia de capital social, institucional y cultural’ (Correa 2009: 195). El libro termina con esa reflexión. Escrito en blanco y negro, queda claro que el presidente en verdad cree que su humilde persona puede ‘suplir’ a los actores sociales”.
De una propuesta y un discurso seudo-izquierdista Correa ha retornado a sus orígenes ideológico-políticos, proceso calificado por la izquierda ecuatoriana como derechización del presidente. Éste siempre alardeó su convicción frente a la doctrina social de la iglesia, conocida también como doctrina social cristiana. Sus promotores siempre han dejado en claro que esa doctrina no se propone poner fin al capitalismo y tampoco asumir el socialismo como alternativa. Ni lo uno ni lo otro equivale afirmar al primero, al capitalismo, con pequeños cambios que, teóricamente, lo hagan menos pesado para los más pobres, pero, al fin y al cabo, sin eliminar su carácter explotador. Esa convicción política le llevó a Correa a decir que no era ni anticapitalista, ni antiimperialista.
domingo, 29 de agosto de 2010
martes, 17 de agosto de 2010
Los paquetazos de Correa vendrán por la vía del COOOTAD
Con algo más de dos millones de dólares invertidos en publicidad gubernamental en el mes de julio, según datos de la ONG Participación Ciudadana, y consecuentemente, con alrededor del 50% de aceptación a su gestión, el gobierno de la revolución ciudadana parece preparar una cadena de paquetazos económicos, que para volverlos imperceptibles, o que no afecten políticamente la imagen del Presidente de la República, estarían localizados por regiones. Esto, gracias a la aprobación del nuevo Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Descentralización y Autonomías (COOTAD).
Según lo ha denunciado el bancada legislativa plurinacional, progresista y de izquierda Pachakutik-MPD, el Art. 179 de este nuevo cuerpo legal, entregaría facultades tributarias a los nuevos Gobiernos Autónomos Descentralizados, entre las que estaría la eventual eliminación del subsidio de los combustibles.
Y esto es particularmente demostrable por la información última que se filtró desde el Municipio de Quito, y que fue aceptada como cierta por el vicealcalde gobiernista Jorge Albán, en el sentido de que se estaría pensando en financiar la construcción de 12 nuevas vías en el Distrito Metropolitano de Quito, con la imposición de nuevas tasas, y la elevación de otras que ya existen, como la del impuesto a los consumos especiales, la creación de peajes dentro de la ciudad y la elevación del precio de los combustibles únicamente en la capital.
Según la información del concejal Eddy Sánchez, de la Comisión de Movilidad, el Municipio requiere 573 millones de dólares para la obra. El 60%, es decir, 342 millones, provendría de un préstamo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (tomar como caja chica a esta institución también es una práctica instituida por el gobierno), 50 millones los pondría el Municipio (también como préstamo) y el resto vendría por créditos externos. Todo lo pagaría el pueblo de Quito a través de los impuestos, medidas que indignan por lo antipopulares y por la concepción neoliberal de la que parten.
Adelantándose ya a la aprobación del COOTAD, otro concejal también argumentaba la necesidad de que el Municipio capitalino asuma la competencia total de la educación en la ciudad, lo cual significaría una puerta abierta a la privatización de este derecho.
En realidad, varias políticas se han adelantado ya desde el gobierno, asumiendo la vigencia del COOTAD, aún antes de que lo aprobara la Asamblea. Es la prepotencia y el espíritu antidemocrático en el ejercicio del poder lo que se imprime como sello de esta “revolución ciudadana”.
El COOTAD, sin embargo, incluye aspectos importantes con los que la izquierda no podría estar en desacuerdo. Un ejemplo de ello es la creación de las Circunscripciones Territoriales Indígenas, que son una conquista y derecho de las comunidades y nacionalidades indígenas, así como el incremento al presupuesto de los organismos seccionales, incluidos las juntas parroquiales. Sin embargo, según explica el jefe de la bancada plurinacional y de izquierda, Jorge Escala, con la mayoría de artículos se generaliza el cobro de tasas, tarifas, impuestos y contribuciones especiales por mejoras, por recolección de basura, agua potable, control de alimentos, pavimentación, aceras, alcantarillado, sistemas de agua, relleno de quebradas, plazas, parques, entre otras obras.
Escala expresa su acuerdo con que los gobiernos autónomos descentralizados contribuyan en las competencias de infraestructuras y equipamiento en salud y educación, pero rechaza que la prestación de estos servicios pase a los municipios tal como lo plantea el COOTAD en su Art. 138. “Estas políticas neoliberales pretenden que la población asuma el financiamiento de los servicios mediante el incremento de tasas municipales, ya que estos se convertirán en mercancía de difícil acceso, que solo se beneficiarán los que tengan para pagar nuevos tributos”, afirma el asambleísta.
Para la presidenta de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador (CUBE), Natasha Rojas, el COOTAD es un instrumento neoliberal porque en el artículo 279 permite la “delegación” de servicios que presta la municipalidad a la empresa privada. “Esto significa privatizar los servicios que la población requiere para subsistir, y significa continuar con modelos de gestión neoliberales como el aplicado por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien privatizó el agua, la recolección de basura, etc.”
Además, sostiene Natasha Rojas, “la potestad que se le entrega al Consejo Nacional de Competencias de disponer la intervención temporal de un nivel de gobierno en la gestión de las competencias de otro nivel, violenta la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y se prestará a chantajes del gobierno nacional, ya que la composición del Consejo tendrá la presencia mayoritaria del Gobierno”. Y en esto radica la intención fundamental del gobierno: controlar cada espacio de poder, definir desde la Presidencia de la República quiénes merecen la atención del Estado.
Según lo ha denunciado el bancada legislativa plurinacional, progresista y de izquierda Pachakutik-MPD, el Art. 179 de este nuevo cuerpo legal, entregaría facultades tributarias a los nuevos Gobiernos Autónomos Descentralizados, entre las que estaría la eventual eliminación del subsidio de los combustibles.
Y esto es particularmente demostrable por la información última que se filtró desde el Municipio de Quito, y que fue aceptada como cierta por el vicealcalde gobiernista Jorge Albán, en el sentido de que se estaría pensando en financiar la construcción de 12 nuevas vías en el Distrito Metropolitano de Quito, con la imposición de nuevas tasas, y la elevación de otras que ya existen, como la del impuesto a los consumos especiales, la creación de peajes dentro de la ciudad y la elevación del precio de los combustibles únicamente en la capital.
Según la información del concejal Eddy Sánchez, de la Comisión de Movilidad, el Municipio requiere 573 millones de dólares para la obra. El 60%, es decir, 342 millones, provendría de un préstamo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (tomar como caja chica a esta institución también es una práctica instituida por el gobierno), 50 millones los pondría el Municipio (también como préstamo) y el resto vendría por créditos externos. Todo lo pagaría el pueblo de Quito a través de los impuestos, medidas que indignan por lo antipopulares y por la concepción neoliberal de la que parten.
Adelantándose ya a la aprobación del COOTAD, otro concejal también argumentaba la necesidad de que el Municipio capitalino asuma la competencia total de la educación en la ciudad, lo cual significaría una puerta abierta a la privatización de este derecho.
En realidad, varias políticas se han adelantado ya desde el gobierno, asumiendo la vigencia del COOTAD, aún antes de que lo aprobara la Asamblea. Es la prepotencia y el espíritu antidemocrático en el ejercicio del poder lo que se imprime como sello de esta “revolución ciudadana”.
El COOTAD, sin embargo, incluye aspectos importantes con los que la izquierda no podría estar en desacuerdo. Un ejemplo de ello es la creación de las Circunscripciones Territoriales Indígenas, que son una conquista y derecho de las comunidades y nacionalidades indígenas, así como el incremento al presupuesto de los organismos seccionales, incluidos las juntas parroquiales. Sin embargo, según explica el jefe de la bancada plurinacional y de izquierda, Jorge Escala, con la mayoría de artículos se generaliza el cobro de tasas, tarifas, impuestos y contribuciones especiales por mejoras, por recolección de basura, agua potable, control de alimentos, pavimentación, aceras, alcantarillado, sistemas de agua, relleno de quebradas, plazas, parques, entre otras obras.
Escala expresa su acuerdo con que los gobiernos autónomos descentralizados contribuyan en las competencias de infraestructuras y equipamiento en salud y educación, pero rechaza que la prestación de estos servicios pase a los municipios tal como lo plantea el COOTAD en su Art. 138. “Estas políticas neoliberales pretenden que la población asuma el financiamiento de los servicios mediante el incremento de tasas municipales, ya que estos se convertirán en mercancía de difícil acceso, que solo se beneficiarán los que tengan para pagar nuevos tributos”, afirma el asambleísta.
Para la presidenta de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador (CUBE), Natasha Rojas, el COOTAD es un instrumento neoliberal porque en el artículo 279 permite la “delegación” de servicios que presta la municipalidad a la empresa privada. “Esto significa privatizar los servicios que la población requiere para subsistir, y significa continuar con modelos de gestión neoliberales como el aplicado por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien privatizó el agua, la recolección de basura, etc.”
Además, sostiene Natasha Rojas, “la potestad que se le entrega al Consejo Nacional de Competencias de disponer la intervención temporal de un nivel de gobierno en la gestión de las competencias de otro nivel, violenta la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y se prestará a chantajes del gobierno nacional, ya que la composición del Consejo tendrá la presencia mayoritaria del Gobierno”. Y en esto radica la intención fundamental del gobierno: controlar cada espacio de poder, definir desde la Presidencia de la República quiénes merecen la atención del Estado.
lunes, 9 de agosto de 2010
Nuevo COOTAD incrementará precio de los combustibles
NUEVO GARROTAZO DE CORREA EN CONTRA DEL PUEBLO
El próximo miércoles 11 de agosto el Pleno de la Asamblea Nacional se apresta a aprobar el nuevo Código de Ordenamiento Territorial (COOTAD), al respecto, el MPD respalda que dentro de este proyecto consten la creación de las Circunscripciones Territoriales Indígenas porque es una conquista y derecho de las comunidades y nacionalidades indígenas, así como el incremento al presupuesto de los organismos seccionales incluidos las juntas parroquiales; sin embargo advierte, que de aprobarse en paquete este cuerpo legal se generalizaría el cobro de tasas, tarifas, sobretasas y contribuciones especiales por mejoras por recolección de basura, agua potable, control de alimentos, pavimentación, aceras, alcantarillado, sistemas de agua, relleno de quebradas, plazas, parques entre otras obras, señaló el Asambleísta Nacional Jorge Escala.
Expresa su acuerdo con que los gobiernos autónomos descentralizados contribuyan en las competencias de infraestructuras y equipamiento en salud y educación, pero rechaza que la prestación de estos servicios pasen a los municipios tal como lo plantea el COOTAD en su Art. 138, estas políticas neoliberales pretenden que la población asuma el financiamiento de los servicios mediante el incremento de tasas municipales ya que estos se convertirán en mercancía de difícil acceso que solo accederán los que tengan para pagar nuevos tributos.
Así como en meses anteriores aumentó el precio del litro de leche, Correa prepara un nuevo garrotazo económico en contra de los pueblos del Ecuador al incrementar el precio a los combustibles y los impuestos a los consumos especiales con el COOTAD en el Art. 179 dentro de las facultades tributarias que asumirían los nuevos Gobiernos Autónomos Descentralizados; con esto el primer mandatario estaría cumpliendo su amenaza de eliminar el subsidio a la gasolina, denunció Escala.
El asambleísta del MPD reveló que el gobierno, en la línea de grabar con mas impuesto a la población, con el COOTAD en el Art. 184 otorgará atribuciones para que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales cobren un nuevo impuesto a todos los propietarios de vehículos, similar al impuesto al rodaje que se pagó en un gobierno neoliberal, ahora denominado “contribución especial por mejoramiento vial”, sobre la base del valor de la matriculación vehicular. Queda al descubierto que la entrega de competencias a los gobiernos seccionales no es con el respectivo financiamiento, sino por el contrario se contempla una serie de impuestos, tasas, tarifas y sobretasas para financiar la entrega de servicios públicos y lo más grave es que cuando no estén en capacidad técnica y económica, que es lo más común que ocurrirá, terminarán delegando las competencias a la iniciativa privada.
Finalmente señaló que el Bloque de Asambleístas del MPD solicitará que por ser un proyecto de ley que norma las facultades y entrega las competencias de áreas muy complejas y sensibles, la votación debe ser en forma nominal y por artículos, con la finalidad de que se transparenten los resultados y quede nítidamente establecida la posición de quienes están a favor de continuar con la política neoliberal al entregar a la iniciativa privada la prestación de los servicios públicos de calidad que constitucionalmente los debe garantizar el Estado.
El próximo miércoles 11 de agosto el Pleno de la Asamblea Nacional se apresta a aprobar el nuevo Código de Ordenamiento Territorial (COOTAD), al respecto, el MPD respalda que dentro de este proyecto consten la creación de las Circunscripciones Territoriales Indígenas porque es una conquista y derecho de las comunidades y nacionalidades indígenas, así como el incremento al presupuesto de los organismos seccionales incluidos las juntas parroquiales; sin embargo advierte, que de aprobarse en paquete este cuerpo legal se generalizaría el cobro de tasas, tarifas, sobretasas y contribuciones especiales por mejoras por recolección de basura, agua potable, control de alimentos, pavimentación, aceras, alcantarillado, sistemas de agua, relleno de quebradas, plazas, parques entre otras obras, señaló el Asambleísta Nacional Jorge Escala.
Expresa su acuerdo con que los gobiernos autónomos descentralizados contribuyan en las competencias de infraestructuras y equipamiento en salud y educación, pero rechaza que la prestación de estos servicios pasen a los municipios tal como lo plantea el COOTAD en su Art. 138, estas políticas neoliberales pretenden que la población asuma el financiamiento de los servicios mediante el incremento de tasas municipales ya que estos se convertirán en mercancía de difícil acceso que solo accederán los que tengan para pagar nuevos tributos.
Así como en meses anteriores aumentó el precio del litro de leche, Correa prepara un nuevo garrotazo económico en contra de los pueblos del Ecuador al incrementar el precio a los combustibles y los impuestos a los consumos especiales con el COOTAD en el Art. 179 dentro de las facultades tributarias que asumirían los nuevos Gobiernos Autónomos Descentralizados; con esto el primer mandatario estaría cumpliendo su amenaza de eliminar el subsidio a la gasolina, denunció Escala.
El asambleísta del MPD reveló que el gobierno, en la línea de grabar con mas impuesto a la población, con el COOTAD en el Art. 184 otorgará atribuciones para que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales cobren un nuevo impuesto a todos los propietarios de vehículos, similar al impuesto al rodaje que se pagó en un gobierno neoliberal, ahora denominado “contribución especial por mejoramiento vial”, sobre la base del valor de la matriculación vehicular. Queda al descubierto que la entrega de competencias a los gobiernos seccionales no es con el respectivo financiamiento, sino por el contrario se contempla una serie de impuestos, tasas, tarifas y sobretasas para financiar la entrega de servicios públicos y lo más grave es que cuando no estén en capacidad técnica y económica, que es lo más común que ocurrirá, terminarán delegando las competencias a la iniciativa privada.
Finalmente señaló que el Bloque de Asambleístas del MPD solicitará que por ser un proyecto de ley que norma las facultades y entrega las competencias de áreas muy complejas y sensibles, la votación debe ser en forma nominal y por artículos, con la finalidad de que se transparenten los resultados y quede nítidamente establecida la posición de quienes están a favor de continuar con la política neoliberal al entregar a la iniciativa privada la prestación de los servicios públicos de calidad que constitucionalmente los debe garantizar el Estado.
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