Estudiantes secundarios se movilizan en contra del BGU

Una jornada caracterizada por la unidad de los colegios fiscales de Quito, que fue liderada por Leyde Morales Presidenta Nacional de la FESE fue llevada a cabo este día Jueves 22, cuya concentración fue en el parque del Arbolito, cuyos objetivos se centraba en protestar contra la aplicación del Bachillerato General Unificado (BGU) y la represión policial que derivo en la violenta agresión al estudiante del colegio Mejía Edisón Cosios.

La marcha se dirigió en primera instancia hacia el Hospital Eugenio Espejo donde mostraron su solidaridad con Cosios, así como exigieron la sanción respectiva para el elemento policial responsable de tremenda agresión.

Los estudiantes continuaron por el centro de la ciudad hasta llegar al Palacio de Carondelet donde fue entregada una propuesta para a la modificación y aplicación del BGU, y la investigación respectiva de los casos de agresión policial, al final de la tarde las protestas se concentraron en los alrededores de la Universidad Central.

Colegio Mejía enfrenta, una vez más, la presión directa del gobierno‏

Estudiantes y padres de familia del colegio Nacional Mejía rechazaron la manipulación que le gobierno intenta hacer al interior de la institución, para evitar que continúen manifestándose contra el Bachillerato General Unificado y en respaldo a sus maestros que sufren la aplicación de la nueva jornada de trabajo de ocho horas. Anunciaron que se mantendrán movilizados y que las consecuencias de lo que pueda suceder solo serán del oficialismo.

Con gran preocupación y apremio, autoridades de los ministerios del Interior y de Educación intervinieron en el colegio esta mañana, para evitar que la movilización que estaba prevista para hoy, se realice. Una evidente manipulación a un grupo de estudiantes, por un lado, y a representantes de padres de familia y autoridades del plantel, por otro, impidió que hoy los jóvenes expresen su rechazo a la agresión criminal del que los estudiantes han sido objeto en estos días, y fruto de la cual Edison Cocíos se debate entre la vida y la muerte.

Los rumores de que si la marcha se realizaba el colegio sería suspendido, así como la presencia de personas con cámaras fotográficas que, según se dijo, registraban a los estudiantes y padres de familia presentes para las sanciones que el presidente Rafael Correa anunció en su sabatina, así como la indecisión y temor de las autoridades del plantel, que no solo impidieron que los chicos salgan, sino que recibieron a las autoridades gubernamentales para que se distribuya a una delegación de estudiantes hacia la Comandancia de Policía y a otra delegación integrada por padres de familia, estudiantes, el rector y vicerrector del colegio, hacia las oficinas del Ministerio del Interior, hicieron que la gente se disperse y la iniciativa estudiantil fracase.

Según los padres de familia, las autoridades en estos espacios de diálogo intentaron persuadir a los manifestantes de que el problema estaba en que el gobierno no “informó” bien de lo que se trataba el bachillerato unificado, y que están dispuestos a hacerlo, y a escuchar todas las opiniones, más no a retroceder en la decisión de aplicar esta política. Es decir, un dialogo de sordos, como ha sido ya práctica del régimen en estos años.

Los padres de familia, luego de rechazar esta manipulación gubernamental, expresaron el apoyo frontal a sus hijos, así como la decisión de movilizarse cuando sea necesario, sin ceder a las intimidaciones del régimen. Gritos como: “ya basta de prepotencia”, y “no tenemos miedo”, se escucharon en los patios del plantel, mientras se llegaba a un acuerdo para autoconvocarse para mañana, a partir de las 07h30.

Las autoridades del Ministerio del Interior se comprometieron a no reprimir ninguna manifestación pacífica, y a continuar “escuchando” a los manifestantes, sin represalias de ningún tipo.

MPD calificó como decreto dictatorial de Correa el estado de excepción a la Función judicial

La Directiva Nacional del MPD, denunció como un Decreto dictatorial el texto enviado por Correa en el que declara el Estado de Excepción en la Función Judicial, concretándose así el asalto a la justicia y el atropello a normas constitucionales.

Luis Villacis Maldonado Director del MPD, manifestó que este decreto es inconstitucional e inmoral, debido a que no existen causales para la declaratoria del estado de excepción, ya que según lo que establece el art. 164 de la Constitución este instrumento solo ser hará efectivo “en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural”.

El decreto señala en uno de sus considerandos que “ante la situación angustiante de la Función Judicial…podría generar una conmoción interna”. Villacis declaró que no es posible que se legisle bajo un supuesto; esto no se contempla en ningún sistema jurídico en el mundo, no se puede tomar una decisión por presunción sino por un hecho cierto.

Adicionalmente el art. 168.1, de la Constitución establece que “la función judicial gozara de independencia interna y externa. Toda violentación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley”, señaló el dirigente emepedista. Agregó que lo que estaría detrás de este decreto sería la violentación de la autonomía del poder judicial; el despido intempestivo de funcionarios judiciales que no sean obsecuentes al régimen, la aceleración y violación del debido proceso de juicios que están abiertos contra más de 300 luchadores sociales, amenaza a la libertad de expresión debido a que con una justicia en manos del gobierno sería enjuiciados y sentenciados quienes lo critiquen y la total impunidad a los casos de corrupción denunciados, indicó Villacis.