De histórica calificó el Presidente Correa a la sentencia pronunciada por el Juez Juan Paredes contra Diario El Universo, que condena a tres años de prisión al ex Editor de Opinión y a tres directivos del diario, y a pagar una indemnización de cuarenta millones de dólares. Y claro que es histórica, pues ese proceso, marca un negro precedente jurídico y político en relación a un derecho fundamental, como es el derecho a la libertad de expresión.
Jurídicamente, es cuestionable que mientras la jurisprudencia latinoamericana avanza a la despenalización de los delitos de opinión, en Ecuador se refuerce el control sobre las ideas, haciendo caso omiso del espíritu del Pacto de de San José de Costa Rica, suscrito por Ecuador, y que pone reparos a la restricción del derecho de expresión. La celeridad extraordinaria en el fallo siembra dudas; pues el juez en treinta y tres horas analizó más de cinco mil páginas, ordenó los elementos e ideas y redactó ochenta páginas de sentencia. Los abogados estamos hartos del tortuguismo judicial, pero tampoco queremos fallos apresurados, en los que el juez no se dé el tiempo necesario para el análisis sereno y objetivo, que garantice una sentencia justa. Tardar exageradamente los procesos o apresurarlos irreflexivamente causa grave daño a la administración de justicia; y en ambos casos surgen interrogantes sobre las presiones que pueden actuar sobre el juzgador; reviviendo el concepto de la justicia relativa reinante en la dictadura “revolucionaria y nacionalista” de los años setenta y poniéndonos en la antesala de la justicia de la “revolución ciudadana”, una vez elevado a los altares el triunvirato elegido a dedo, que manejará la justicia próximamente.
Otro elemento a destacar es el concepto de ciudadanía que se maneja en estos tiempos de “revolución”. La Constitución establece la igualdad de los ciudadanos ante la ley; pero este proceso y otras manifestaciones muestran lo contrario; pues quienes tienen el poder lo utilizan para mantenerse en él, a fuerza de amenazas y publicidad engañosa. Recordemos la serie de epítetos proferidos públicamente por el Primer Mandatario contra importantes organizaciones y ciudadanos, que nunca han tenido la posibilidad de exigir rectificaciones y peor que quien las profirió sea llamado a juicio. No es lo mismo el ciudadano común que quien detenta el poder. No hay duda entonces que el concepto de “ciudadanía” es una ficción ideológica de los nuevos sectores dominantes para engañar a los pueblos.
Lo señalado genera temor entre los sectores de opinión; he allí lo histórico de esta sentencia dictada con apresuramiento que linda en lo irresponsable, pues se convierte en advertencia de lo que puede venir si se emiten opiniones contrarias a la praxis del poder; pues, podrían ya no ser solo los epítetos de las sabatinas y cadenas nacionales; sino la cárcel y la condena a jugosas indemnizaciones, que irán a incrementar el raquítico fondo del proyecto Yasuní. Advertencia que parece ir dirigida más a los sectores populares que luchan por la auténtica transformación social y nacional. Eso se corrobora con los trescientos juicios por sabotaje y terrorismo contra luchadores sociales. Pero los ideólogos del autoritarismo olvidan que los ecuatorianos somos dueños de una rica tradición de lucha; y que, lejos de arrodillarnos ante el despotismo, resistiremos y tomaremos fuerza para avanzar hacia las auténtica transformación social.
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