En marcha acción divisionista del movimiento estudiantil universitario

 

Doscientos mil dólares salieron de las arcas oficiales para financiar la creación de la llamada Confederación de Estudiantes Universitarios y Politécnicos del Ecuador (CEUPE). No menos de cincuenta buses oficiales y contratados se parquearon este miércoles  30 de octubre y jueves 1 de noviembre, dentro de los predios de la Universidad Central del Ecuador para facilitar la concreción de este proyecto anunciado semanas atrás por funcionarios del régimen.

En medio del rechazo total de los estudiantes y profesores de la Universidad Central un grupo de jóvenes procedentes de varias universidades del país se reunieron para dar cumplimiento a una de las estrategias de Alianza País, Rafael Correa y René Ramírez que es la construcción de un supra organismo que divida a la FEUE e intente sumar a las estrategias gubernamentales la gran dinamia de la juventud universitaria.

De acuerdo a informaciones anteriores se conoce que la agrupación Alianza País se propuso desprestigiar y destruir a las organizaciones de los trabajadores, indígenas, maestros, estudiantes y de los empleados públicos y en su reemplazo crear organizaciones títeres que apoyen las candidaturas electorales oficialistas y se conviertan en organizaciones de choque frente a las manifestaciones de rechazo a la política gubernamental.

Ya se encuentra en actividad una central oficialista de trabajadores creada con el apoyo del anterior Ministerio de Trabajo, hoy denominado de “Talento Humano”. A esta organización el gobierno “consulta” sobre las decisiones, decretos y leyes, con lo que después aduce que la clase obrera fue consultada, en detrimento de lo que digan las demás centrales de trabajadores.

Los esfuerzos no terminan ahí ya que muchas asociaciones de empleados públicos permanecen en silencio por temor a la represión, cuando no han sido cooptadas para obligar a los empleados a cotizar para Alianza País, sumarse a las marchas y aquellos que están cerca de las llamadas “sabatinas” concurrir los sábados apara aplaudir a los oradores.

Documentos oficiales de la Unión Nacional de Educadores dan a conocer que desde hace tres o cuatro años el gobierno de la Agrupación Alianza País, trabaja denodadamente para construir una central paralela a la UNE, sin haberlo logrado por el tremendo desprestigio que tiene el gobierno en las filas de los maestros.

Unas hojas volantes introducidas en los colegios llamaban hace dos años a crear otro organismo en vez de la combativa y muy prestigiada Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FESE.

Carlos Torres, agente quintacolumnista del régimen en las filas estudiantiles y quien como representante de un grupo titulado MIR, funge como presidente de la FEUE de Quito, presidió las acciones de fraccionamiento estudiantil, apoyado por otros dirigentes cercanos a las gobernaciones de las provincias. Aunque el proyecto había sido anunciado, la presencia de los fraccionadores fue de carácter inesperado en los predios de la Central. Incluso ocuparon con carpas y servicios sanitarios ambulantes las canchas deportivas y el Estadio “César Aníbal Espinosa”. Miles de estudiantes centralinos se preguntaban acerca del carácter ostentoso del encuentro y cuando conocieron el tema lo rechazaron abrumadoramente, tanto así que las principales Asociaciones de Escuelas y Facultades no estuvieron presentes. Un evento carísimo pero casi clandestino para los demás universitarios, para la ciudad y el país.

“Cosíos vive, la lucha continúa”

Los divisionistas no contaron con que justamente en esos días del llamado congreso constitutivo de CEUPE, los jóvenes colegiales de Quito se manifestaron en respaldo a Edison Cosíos, agredido por las fuerzas policiales cuando reclamaba justamente contra la de Ley Orgánica de Educación Intercultural, y además  cuando la mayoría de organismos docentes y estudiantiles de la Central  habían  cambiado sus directivas con dirigentes que se oponen a la vigencia de la ley de universidades, que reclaman la reforma de dicha ley y que exigen la libertad de los presos políticos.

Esta típica y antigua maniobra divisionista, utilizando testaferros, asalariados, falsos dirigentes es una vieja estrategia del poder. “Dividir para reinar” parecen decir estos falsos dirigentes pero no se dan cuenta que los estudiantes y los trabajadores perciben que ahora es mucho  más difícil estudiar en universidades y politécnicas, que el costo de vida se ha incrementado, que han puesto en vigencia reglamentaciones medievales y que es demagógico y falso el discurso de la “calidad de la educación”.

Colombia: El paro judicial, un paro justo

Tomado de: Semana.com

El reclamo de los jueces no solo tiene que ver con una promesa que se les hizo hace 20 años, y aún hoy no se les ha cumplido, sino que deja al descubierto uno de los problemas estructurales de la justicia.

El paro de los jueces en Colombia comenzó el 11 de octubre y solo tres semanas después el país comenzó a preocuparse por él. Ese dato en sí mismo, que muestra el escaso interés que despierta la justicia en la agenda pública, ya da una idea del problema.

El tema del paro puede ser coyuntural y de hecho hay altas probabilidades de que se resuelva antes de terminar esta semana. Sin embargo, los detalles de por qué se llegó a él dan pistas de los problemas estructurales de la justicia en el país.

Las cúpulas de los tres poderes -gobierno, Congreso y cortes-- llevan ya diez años de tiras y aflojes tratando de hacer una reforma a la justicia que básicamente se ha intentado para ver cómo se vuelve a barajar el poder: a veces se proponen reformas que le recortan independencia a la justicia, otras veces el texto intenta blindar al Congreso e incluso, como en el último intento, se trata de dejar contentos a los tres. Pero a pocos de ellos se les ha ocurrido meterle el diente a la nivelación de salarios que se les prometió a los jueces, por ley, hace 20 años.

En 1992 fue expedida la Ley 4, que le da facultades al gobierno para fijar los salarios de los empleados públicos. Esta ley dice que el gobierno "revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad". Pero esa ley nunca fue reglamentada.

Las aspiraciones de los jueces de entonces, hace dos décadas, son las mismas de ahora. La brecha entre los salarios de la cúpula de la rama, es decir los magistrados de las altas cortes y los de la base, los jueces, es casi abismal. Mientras un magistrado puede ganar 22,1 millones de pesos, un juez de circuito o un juez municipal pueden ganar entre 6 y 4 millones de pesos, respectivamente.

Esa inequidad se ve en toda su extensión en casos de la vida diaria de la justicia. Por ejemplo, mientras al juez de circuito que le toca seguir las audiencias de un delincuente como Salvatore Mancuso y preparar y dictar el fallo le pagan 6 millones de pesos, a cada uno de los tres magistrados que revisan esa misma sentencia, en caso de que llegue a la Corte, les pagan 25 millones.

Para 1993, los empleados de la rama tenían salarios bajos, pero contaban con las cesantías retroactivas. Un beneficio gracias al cual no les consignaban cada año sus cesantías, sino que al final, en su retiro, se las daban con base en el último salario devengado. Ese año, el gobierno les ofreció renunciar a esas cesantías retroactivas a cambio de un incremento en el salario. Algunos funcionarios, la mayoría, se acogieron. Otros no.

En los años sucesivos el gobierno siempre esgrimía esa carta para decir que ya se había cumplido con la nivelación. Y los empleados de la justicia consideraban lo contrario. Para ellos había sido solo el cambio de un beneficio por otro. Y desde entonces, se dio una seguidilla de paros que el gobierno atemperaba con bonificaciones, primas adicionales y otro tipo de gabelas, pero nunca con la prometida nivelación. Uno de los paros más prolongados fue el de 2008, que duró 43 días.

Sin duda, la situación hoy es muy distinta. Los argumentos más recurrentes para negarles a los jueces el aumento (que ya se había cumplido la nivelación y que no había plata) se fueron a tierra con la polémica reforma a la Justicia, más conocida como el 'orangután'. Los directivos de Asonal insistían en estos días de paro: "En la reforma reconocían las dos cosas: que no se había hecho la nivelación y que sí había plata para hacerla. Entonces, ¿por qué no hay ahora?". A eso se suma una sentencia del Consejo de Estado, de diciembre pasado, que exigió que les nivelaran el sueldo a los magistrados de los tribunales hasta el 80 por ciento del salario de las altas cortes.

¿Qué tan bien pagos están o no los jueces del país? Comparativos internacionales muestran que el salario es de los más bajos del continente. En Ecuador, por ejemplo, un juez gana 8 millones de pesos colombianos frente a los 4,4 millones de un juez de aquí.

Como si eso fuera poco, un estudio que contrató el Consejo Superior de la Judicatura con una consultora externa llegó a la conclusión de que desde 1994 a la fecha el salario de los jueces, antes que ganar, ha perdido en términos reales casi un 20 por ciento. "En los últimos 17 años se presenta una pérdida de poder adquisitivo de los servidores judiciales equivalente al 1 por ciento anual y al 18,43 por ciento acumulado frente al IPC", dice el estudio de la Aaic (Agricultural Assessments International Corporation).

Ese mismo estudio hizo una propuesta para nivelar los salarios tanto de jueces como de empleados de la Fiscalía por 1,5 billones de pesos. Hace un par de meses, la Comisión Insterinstitucional de la Rama Judicial, conformada por los presidentes de las altas cortes y el fiscal general, les presentó el estudio a la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, y al presidente Juan Manuel Santos. Los dos, en un primer momento, la acogieron. Pero los jueces se llevaron una sorpresa cuando el gobierno presentó su proyecto de presupuesto para 2013 y no incluyó la nivelación salarial.

Cuando los trabajadores de la justicia se dieron cuenta automáticamente se declararon en paro. Y ahí comenzó el tira y afloje. Ellos llegaron reclamando los 1,5 billones de pesos sugeridos en el estudio y rebajaron sus pretensiones hasta 1,3 billones. El gobierno, por su parte, después de varias ofertas, el jueves pasado dejó sobre la mesa una que se acerca a los deseos de la rama: adicionar 1 billón 220.000 millones de pesos, por cuotas durante los próximos cinco años, es decir entre enero de 2013 y enero de 2018. Y los restantes 80.000 millones, dice, solo los podría incluir en el presupuesto de 2019.

Esos 80.000 millones se han convertido en el florero de Llorente y fueron motivo del rompimiento de las negociaciones. Los de Asonal exigen que se hagan efectivos en 2013 porque si bien ya los jueces tienen garantizados los recursos para comenzar a recibir su aumento a partir del año entrante, los 80.000 millones se necesitan para que los fiscales vayan parejos con ellos.

Las partes entonces se radicalizaron. La Contraloría terció en el asunto y dijo que si no se declaraba el paro ilegal se estaría incurriendo en un detrimento patrimonial de 63.000 millones de pesos, que corresponde al monto total de los salarios pagados a funcionarios que están en paro. El gobierno, que hasta entonces se había mostrado conciliador, desató una lluvia de solicitudes para declarar el paro ilegal. El Ministerio de Trabajo radicó una ante un tribunal en Yopal y ante la Corte Suprema. Esa declaratoria no es fácil, porque los jueces tienden a declararse impedidos.

A pesar de que se estén mostrando los dientes, todo indica que están ya cerca de un acuerdo. Y de hecho, el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Correa, quien ha estado haciendo de mediador, convocó a una nueva reunión este lunes festivo con la idea de llegar a un acuerdo definitivo.

El hecho de que hayan pasado 20 años sin resolver este reclamo de los jueces dice mucho de por qué la justicia en el país está en crisis. Todas las comparaciones internacionales recientes califican al sistema judicial del país como ineficiente: ocupa el puesto 88 entre 142 países en la clasificación del Foro Económico Mundial (2011-2012), y el sexto lugar como la justicia más lenta en el mundo, según Doing Bussines (2011).

El último paro, el de 2008, finalmente se resolvió a la brava. El entonces presidente Uribe declaró el estado de conmoción interior para declarar una emergencia judicial que podía llevar al despido masivo de funcionarios.

El gobierno del presidente Santos ha mostrado la mejor voluntad de resolver el paro por las buenas, reconociendo los reclamos legítimos de los jueces. Eso es un buen comienzo para comenzar a reparar esa deuda histórica y para darle un timonazo a la verdadera columna vertebral de la democracia.

FARC-EP sobre rol de los medios: "Sobre un proceso que es de interés nacional, se actuó impidiendo que el país escuchara los puntos de vista de la insurgencia"

por FARC-EP / ANCOL

"Desde que el gobierno de Santos buscó los acercamientos, las FARC-EP reiteraron claramente ante sus representantes las razones de orden social y político que tiene el alzamiento armado indicando de manera transparente la necesidad de instaurar la plena justicia como base para fundar una paz estable.

Nuevo comunicado de las FARC critica la actuación de la prensa al censurar la voz de la insurgencia, y enfatiza que la Agenda sí incluye discusión de las causas económicas del conflicto

Oslo, 18 de octubre de 2012

Nuevo comunicado de las FARC critica declaraciones de los voceros del gobierno y la penosa actuación de la prensa

LA HABANA / ANNCOL / OCTUBRE 26 / En un nuevo comunicado hoy viernes, la delegación de Paz de las FARC-EP en la Habana expresa crítica tanto a los voceros del gobierno como a la prensa colombiana:

"Ojala, antes del 15 de noviembre, que es la fecha en que se inician las sesiones de la Mesa, quienes estuvieron durante la elaboración del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, tengan tiempo y manera de dar una explicación objetiva del documento al conjunto de sus equipos de trabajo", escribe la delegación de la insurgencia en la Habana.

Es obvio que tanto las declaraciones de Humberto de la Calle, en la rueda de prensa en Oslo, como las declaraciones del general ® Jorge Enrique Mora, han despertado preocupaciones por la suerte del Proceso de Paz.

Pero la dura crítica en el comunicado es dirigida a la prensa colombiana como los dos principales canales de radio y televisión, Caracol y RCN. Dice las FARC:

"La prensa: hasta el momento, generalmente, se ha reducido a ´informar´ descontextualizando, a marchar tras la búsqueda sensacionalista y a cualquier costo, de la chiva y la primicia, a editar con ánimo de censura y distorsión respecto al actor insurgente. . . . El cubrimiento del evento de instalación por parte de la Cadena Radial Colombiana Caracol y de la Radio Cadena Nacional RCN, en Colombia, es una muestra nauseabunda de lo que son estas empresas de difusión, que actúan en favor no de los intereses sociales sino de los intereses capitalistas empresariales".

Cada uno de los que tenía acceso a los canales Caracol y RCN se dio cuenta que durante la transmisión, desde la instalación del proceso de diálogo en Oslo, los dos canales mencionados censuraron por completo la intervención histórica de Iván Márquez, un hecho que abrió los ojos a muchos colegas en el mundo sobre la verdadera realidad colombiana. Por otro lado había canales serios como Canal Capital bajo la dirección del colega Hollman Morris en Bogotá, Telesur -y debemos reconocer también- El Tiempo, que transmitieron prácticamente toda esa mañana desde Oslo, en forma directa, aunque sus comentarios eran fieles del Patrón como podíamos imaginar.

La prensa debería tener en cuenta que en estos momentos, más que nunca, es imperioso actuar con conciencia porque en estos diálogos se está jugando el destino de un pueblo que merece vivir en paz.

A continuación, damos a conocer el Comunicado de la Delegación de Paz de las FARC-EP:

La Habana, República de Cuba. Octubre 26 de 2012.

Sede de los diálogos por la paz con justicia social para Colombia.

COMUNICADO

REFLEXIONES SOBRE LA AGENDA DE LA HABANA I

Luego de un período intenso de discusiones sobre la realidad de injusticias que padece Colombia, se ha instalado la Mesa de Diálogos por la paz en Oslo, capital del Reino de Noruega.

Desde que el gobierno de Juan Manuel Santos buscó los acercamientos, las FARC-EP reiteraron claramente ante sus representantes las razones de orden social y político que tiene el alzamiento armado indicando de manera transparente la necesidad de instaurar la plena justicia como base para fundar una paz estable y duradera. Por ello precisamente se insistió en la inclusión de un preámbulo vinculante que encabeza el conjunto del llamado "Acuerdo General".

En la breve introducción, está nada más ni nada menos que el espíritu y el sentido que ha de dársele al conjunto del documento que se suscribió entre las partes, para iniciar las discusiones en la Habana.

Necesario es que al hacer una interpretación de la Agenda o del conjunto del Acuerdo, con paciencia y acudiendo siempre al factor de inspiración que son los anhelos de justicia y reconciliación del pueblo colombiano, optemos por no descontextualizar y no delimitar insertando visiones personales del asunto. Nítidamente, por ejemplo,está planteado en el Acuerdo la posibilidad de que otros actores de la confrontación política y social puedan confluir al proceso en un momento determinado, y claro es también que un trascendental asunto como es el de víctimas, no puede dejar de lado la literalidad misma del compromiso suscrito en la capital de Cuba, la cual incluye indefectiblemente el deber de abordar el terrorismo de Estado como factor causal, esencial, del fenómeno.

Ojalá, antes del 15 de noviembre, que es la fecha en que se inician las sesiones de la Mesa, quienes estuvieron durante la elaboración del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, tengan tiempo y manera de darle una explicación objetiva del documento al conjunto de sus equipos de trabajo. Esto es fundamental para que comencemos con buen entendimiento y para evitar que desde las vocerías de las partes surjan mensajes que generen confusión en el seno de la población que se apresta a participar en los diálogos con sus múltiples iniciativas.

Por el momento además de la claridad de los voceros respecto a la Agenda, se requeriría también que la gran prensa haga un esfuerzo por entender que estamos tratando de emprender un camino de búsqueda conjunta de soluciones a un conflicto que se ha prolongado por décadas, y que aunque sea contra su naturaleza metalizada, monetizada, mercantilizada y sumisa a los intereses de las trasnacionales, deberán procurar colocar equilibrio y veracidad a sus elaboraciones que hasta el momento, generalmente, se han reducido a "informar" descontextualizando, a marchar tras la búsqueda sensacionalista y a cualquier costo, de la chiva y la primicia, a editar con ánimo de censura y distorsión respecto al actor insurgente.

El cubrimiento del evento de instalación por parte de la Cadena Radial Colombiana Caracol y de la Radio Cadena Nacional RCN, en Colombia, es una muestra nauseabunda de lo que son estas empresas de difusión, que actúan en favor no de los intereses sociales sino de los intereses capitalistas empresariales. Sobre un proceso que es de interés nacional, se actuó impidiendo que el país escuchara los puntos de vista de la insurgencia en la misma dimensión en que lo permitió al gobierno.

Podemos observar, también, un lamentable contraste de participación de la agenda que habría que superar con urgencia: de 140 medios de comunicación que acudieron al evento, solamente dos eran alternativos colombianos. La dirigencia de las FARC saludó el esfuerzo de estos y expresó su determinación por contribuir a que en adelante sean atendidos de manera prioritaria.

Urge abrir un espacio verás, eficiente y oportuno, el canal público y los medios democráticos, que permitan que Colombia tenga un conocimiento cierto de los desarrollos del proceso; es decir lo que transcurra en la Habana entre gobierno e insurgencia, como el desenvolvimiento de la participación popular, especialmente.

La Agenda de la Habana es breve pero profunda; sus propósitos no son formales, plantea objetivos de fondo. En el discurso de instalación de las FARC-EP en Oslo, los aspectos tocados están estrictamente enmarcados en ella. No hay agendas paralelas ni ocultas por parte de la insurgencia. Así las cosas, terminado el momento de la confidencialidad y la reserva propia de la exploración, comienza el de la participación ciudadana, el de los intercambios francos de cara al país en una ruta en la que discreción no puede ser sinónimo de secreto.

Delegación de paz de las FARC-EP

La Habana, Cuba

Los mendigos de Nueva York, olvidados durante la tormenta ‘Sandy’

Tomado de www.librered.net

Mientras que los residentes en la costa este de Estados Unidos huyeron de Sandy desplazándose a otros estados e instalándose en hoteles o casas de familiares y amigos esperando el fin de la tormenta, los mendigos locales no tenían esta posibilidad.

Los que tuvieron mejor suerte consiguieron una cama de las 46.631 que hay en los refugios para vagabundos de Nueva York. Los demás trataron de salvarse lo mejor que pudieron. Una persona incluso realizó un viaje hasta el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark, en el estado de Nueva Jersey. En declaraciones concedidas al canal New Jersey News desde la entrada de la Terminal B del aeropuerto, Dorothy Howe, de 60 años, declaró: “Este es el lugar más seguro para una persona desprotegida ahora”.

Pero la escasez de camas libres no es lo único que impide a los ‘sintecho’ de Nueva York instalarse en un refugio esperando el final de las condiciones climáticas extremas. Según un artículo publicado por la periodista independiente Julia Reinhart, el sistema de concesión de refugio a los que tienen esta necesidad se ha convertido en un laberinto de normas complicadas que no permiten obtener un sitio precisamente a la gente que más lo necesita.

James, un mendigo de 43 años de edad, le explicó a la periodista que después de estar registrado en el sistema por 18 meses, una persona pierde el derecho a una cama durante un año entero. James también hizo hincapié en que no podía ir a un refugio de emergencia ya que estos se destinan a albergar a personas que se quedan sin hogar a causa de la tormenta, no a los que carecen de él de una manera permanente. “Ellos no nos quieren allí. Estos refugios son para la buena gente, las familias evacuadas. No hay lugar allí para mí”, dijo. La supertormenta Sandy, se ha cobrado al menos 48 vidas ya, según informa AP. Unas 18 muertes del total se produjeron en la ciudad de Nueva York, según comunicó el alcalde, Michael Bloomberg.

UNE exige a la Asamblea Nacional que las reformas a la LOEI se publiquen en el registro oficial y entren en vigencia como manda la constitución

Tomado de www.ecuadorlibrered.tk

La Unión Nacional de Educadores luego de un arduo trabajo de organización y unidad demostrado por los maestros y maestras al recoger 75.850 firmas de respaldo para el Proyecto de Iniciativa Popular que presentó la organización el 8 de marzo del presente año, además de haber cumplido con todas y cada una de las normas requeridas para el tratamiento de las Reformas a la LOEI, como manda la Constitución, en su art. 103 en la parte última del inciso segundo, "...que tendrá un plazo de ciento ochenta días para tratar la propuesta, si no lo hace la propuesta entrará en vigencia."

Amparados en el marco constitucional y por los derechos que nos asiste por representación legal y legítima la Unión Nacional de Educadores exige que el Presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, Arq. Fernando Cordero envíe las Reformas a la LOEI para su publicación en el Registro Oficial.

Los maestros y maestras ecuatorianos (as) hemos luchado desde siempre por hacer respetar nuestros derechos, continuamos haciéndolo al presentar el Proyecto de Iniciativa Popular para Reformar en 33 textos y artículos la Ley Orgánica de Educación Intercultural, pero esencialmente la lucha es por recuperar nuestra JORNADA PEDAGÓGICA, es decir el cambio en el art. 117 De la Jornada Laboral, de la palabra "reloj" por la palabra "pedagógicas".

Persistiremos en la defensa de una jornada justa y apegada a los principios científicos y pedagógicos que permitan mejorar la calidad de la educación en condiciones laborales humanas para garantizar el desarrollo de nuestros estudiantes y profesional de los docentes del país.