Ley Orgánica Electoral tiene vicios de inconstitucionalidad

En la Comisión de Legislación y Fiscalización se debate la Ley Orgánica Electoral, cuerpo legal que normará y regirá los futuros procesos electorales, pues, es necesario dejar claro que las elecciones del 2009, se desarrollan bajo las reglas del régimen de Transición y las disposiciones del Consejo Nacional Electoral.

El proyecto de Ley recoge en gran medida las disposiciones constitucionales que, cabe resaltar, los asambleístas del MPD en representación de los sectores populares y de izquierda introdujeron en la nueva Constitución. Entre otros temas están: el derecho al voto de los jóvenes mayores de 16 años, de los miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas; la revocatoria del mandato como mecanismo efectivo de control social y participación de los sectores populares; el acceso en igualdad de condiciones de los sujetos políticos a acceder a los medios de comunicación, así como, la paridad y alternabilidad entre hombre y mujer en las diversas instancias de participación pública.

Si bien estos son avances importantes, es necesario señalar que la propuesta de Ley aún mantiene vicios antidemocráticos que afectan la participación de los sectores políticos. Un aspecto trascendente que debe ser corregido es el tema de las circunscripciones y distritalizaciones inconsultas que se plantean. La propuesta las crea ilegalmente y divide la votación hasta en tres circunscripciones dependiendo del número votantes. Esto es inconstitucional porque para que esta figura pueda aplicarse se debe cumplir con las disposiciones establecidas en la Carta Política, que en términos generales, implica aprobar por parte de la Asamblea proyectos de ley e incluso estatutos que normen esta nueva división territorial.

Segundo, la propuesta de dividir la votación en sectores más pequeños es inconveniente pues, resta proporcionalidad y representatividad de los votos; limita la participación de las minorías; promueve el caudillismo, baja el nivel del debate de los postulantes, pues sus propuestas se limitarán a un baratillo de ofertas. Este mecanismo es antidemocrático porque permite a los partidos más fuertes controlar pequeños distritos y no fomenta la participación de las minorías lo que contribuye a formar un sistema bipartidista.

El proyecto de ley también plantea la extinción de oficio de los partidos políticos cuando no cumplan, en dos procesos electorales, con el 5 % o no alcancen el respaldo de al menos medio millón de votos, la representación de 31 asambleístas, 33 alcaldías u 80 concejalías. Este articulado limita la participación política de las minorías, pero además es inconstitucional porque viola los artículos 109 y 110 de la Carta Política en la que no se contempla, bajo ningún concepto, la extinción de los partidos y movimientos políticos, por el contrario se promueve la participación política, se brinda ventajas para su desarrollo y en este sentido se establece la obligación del Estado de entregar asignaciones económicas para la subsistencia de los partidos. En el mismo sentido los condicionamientos para mantener con vida a los partidos y movimientos son también ilegalmente planteados como requisitos a cumplir para hacerse acreedor a las asignaciones económicas que constitucionalmente el Estado debe entregar.

Así también, se mantiene la votación de listas abiertas, esto promueve el clientelismo político, relega a segundo plano las concepciones filosóficas e ideológicas de los partidos y movimientos, permitiendo, además, que la derecha aproveche de las caras conocidas de la farándula para captar votación.

Otro de los temas cruciales que deben ser debatidos es el método de asignación de escaños; la propuesta plantea el método D’hont del que hay que señalar, en primer lugar, que es antidemocrático, elimina la participación de las minorías y no permite la representación popular, por ello en el año 2004 fue declarado inconstitucional. Aplicar el método D´hont es retroceder al pasado, es desconocer los derechos constitucionales, a la pluralidad política, a la inclusión y no discriminación por las que han luchando los pueblos.

La Comisión de Legislación debe recoger todo el espíritu de la Constitución en este tema, pues, ese es el sentir de los pueblos del Ecuador.