Yo no fui....

Escozor causó en el Ministerio de Educación la revelación de la orden confidencial de un asesor ministerial, para que los Directores Provinciales llenen una ficha de mapeo de los planteles educativos fiscales; con la ilegal declaración de la filiación política y gremial de directivos educativos y líderes estudiantiles. En el Ministerio todos dicen no saber nada del asunto y no les quedó otra salida que destituir al diligente asesor, que parece se le iluminó la mente y tratando de ganarse un puesto en el famoso Instituto Nacional de la Meritocracia, concibió (¿o aplico?) la desfachatada idea; sin contar que en algún lado, los documentos fueran lanzados a la red. Y las explicaciones, en medio del estupor oficial no faltaron: que los documentos no son oficiales, que no se dio la cuestionada orden, que no se aplicó en ningún lado… Finalmente todos dijeron YO NO FUI…

Pero dos aspectos quedan claros en este escándalo de violación de derechos; el primero que los documentos existen y que llegaron a los Directores Provinciales de Educación; y, el segundo que en el Ministerio reconocieron que esa orden viola preceptos constitucionales, pues de acuerdo a informaciones de prensa, eso motivó la destitución del incondicional asesor.

Pero al parecer no en todas las provincias se observó la misma celeridad en la aplicación de las ilegales fichas; lo que muestra a ciertos Directores más incondicionales, dispuestos a hacer todo lo que les mandan desde arriba, sin importarles la legalidad o no de las órdenes; si las firman o no autoridades competentes, ignorando el principio que les impide ejecutar disposiciones contrarias a la ley. En Morona Santiago, el Director de Educación, siendo Abogado y que se supone entiende de derecho, sin reparar que el famoso mapeo vulnera derechos ciudadanos, dispuso su. ¿Acaso se imaginó estar ante la novelería del Instituto Nacional de la Meritocracia? Para ello se utilizó a la supervisión educativa, en un claro abuso de autoridad orientado a identificar a posibles detractores del oficialismo, seguramente pensando en la ansiada reelección presidencial. ¿No configura esto una posible utilización de recursos públicos para beneficio político?.

Finalmente; si existe sentido común, así como anunciaron que el agencioso Oswaldo Redrován fue destituido, deberían hacer lo mismo con los Directores Provinciales que acataron una disposición ilegal proveniente a de un asesor, que no tiene competencia ni rango de autoridad jerárquicamente superior. Si hubiera un poco de sinceridad y en honor a la tan cacareada transparencia, el régimen debería sacar a todos los agenciosos directores que en vez de administrar la educación se dedican a hacer los consabidos méritos para mantenerse en los cargos o ascender a otros más importantes,