Gobierno de pesquisas

La aseveración de que el correísmo tiene entre manos la constitución de un Estado policial posee, cada vez, más elementos que la sustentan. Ahora se ha denunciado la intención de elaborar un “mapeo” político en las instituciones educativas, que consiste en recabar información de la filiación política de los rectores (as), vicerrectores (as) y dirigentes de los consejos estudiantiles, así como si apoyan o no al gobierno y en qué medida.

De acuerdo a la comunicación enviada al respecto desde el Ministerio de Educación, dicha investigación constituye “una prioridad planteada por el señor Presidente” y, como no podía ser de otra manera, el carácter de “confidencial y urgente”.

No es difícil comprender con qué fines políticos el gobierno lleva adelante una pesquisa de esa naturaleza. Estando en curso un proceso de criminalización de la protesta popular, la elaboración de una lista de opositores será utilizada para adoptar en contra de sus integrantes medidas de retaliación y represivas. Ni los gobiernos más reaccionarios de los últimos años ha actuado de la forma como lo está haciendo el actual; conductas de esa índole se las encuentra en regímenes fascistas o fascistoides y altamente represivos.

El espionaje desde las altas esferas en contra del pueblo para reprimirlo está al orden del día. El mismo Rafael Correa declaró haber ordenado investigaciones policiales sobre los empleados públicos antes de ser echados de sus puestos de trabajo; ahora se descubre este nuevo caso. No es casual que se lo haga en contra de maestros y estudiantes, agrupados respectivamente en la UNE y la FESE, que semanas atrás con movilizaciones callejeras expresaron su oposición a la política educativa del gobierno por su contenido antipopular.

Con esa acción el gobierno una vez más pisotea derechos consagrados en la Constitución aprobada en Montecristi, lo que no resulta extraño. Si enumeramos cuántas veces lo ha hecho el listado sería enorme.

Para echar tierra sobre el asunto, con el cinismo que caracteriza el accionar de este gobierno y de todos sus funcionarios, las autoridades educativas han deslindado responsabilidades y pidieron la renuncia al asesor que tuvo esa “iniciativa”. El asunto no se soluciona de esa manera, pues, hay ya una información política en manos de las autoridades que será utilizada para la represión.

Este acontecimiento es una causa más para que la Ministra de Educación, Gloria Vidal, sea destituida de sus funciones.