La propaganda del gobierno de Correa

El relativo éxito de la propaganda del equipo correísta, pretende imponer en la sociedad ecuatoriana un pensamiento hegemónico; planteamos este argumento pues durante una parte de la administración gubernamental se creyó que la alharaca de la “inversión” en salud, educación, vialidad había solucionado la crisis de los ecuatorianos. Pero resulta que los hechos hablan más que las palabras; y, este gobierno incumple con el presupuesto a la educación que debería representar en el año 2012, según el Plan Decenal, un 5,6% del PIB (hoy es el 3,9 que significa menos de 2778 millones de dólares para la niñez y juventud del país); así mismo ocurre con la salud que lejos de acercarse al mandato popular del 4% del PIB en el año 2013 hoy representa apenas el 2,5%; y, qué decir de las Universidades, pues la mayoría de ellas sufren un recorte presupuestario significativo.

Pero contrariamente al incumplimiento presupuestario son 295 millones de dólares los presupuestados para propaganda del régimen de Correa, rubro que fuera aprobado fraudulentamente por la Asamblea Nacional que desconoció la votación en contra de la oposición. Pero más allá de la cantidad de dinero que se invertirá en la propaganda para “informar” a los ciudadanos nos parece pertinente analizar el tipo de propaganda que diariamente promueve la acción del régimen.

La propaganda del régimen podríamos caracterizarla como demagógica, que estigmatiza y criminaliza especialmente a los luchadores sociales, que promueve el odio a los detractores de Correa y sus ministros, que pretende controlar la comunicación; especialmente.

Demagógica: pues pretende convencer a los públicos de situaciones alejadas a la realidad; es decir slogans como: “La Patria ya es de todos”, “La revolución ciudadana está en marcha y nadie la detiene”, “La revolución ciudadana avanza” no son más que improntas mentirosas que tapan realidades alejadas de estas palabras usadas para confundir a las masas. Recordemos que ya Goebbels, ministro de propaganda del nazi Hitler, manifestaba que “una mentira mil veces repetida se transforma en verdad”. Al parecer la práctica propagandística del régimen se alinea con el goebbelianismo.

Estigmática y criminalizadora: los mensajes promovidos por el régimen, en especial de su principal portavoz, son descalificadores de sus opositores; en especial de los representantes de las organizaciones sindicales, populares, sociales y políticas de izquierda que critican la práctica derechista y pro transnacionales de Correa. Se entiende entonces que el autoritarismo y la prepotencia sea factor común en el lenguaje del primer mandatario que sábado a sábado, de cadena en cadena pretende estigmatizar a los luchadores sociales usando calificativos como mafiosos, izquierdistas dogmáticos, ambientalista infantiles, tirapiedras, indios roscas, pelagatos; etc. Tal libreto de insultos y de denuncias forjadas, suma las presiones a jueces y fiscales para que agiliten la persecución judicial a los detractores del régimen, se establece así una política de criminalización de la lucha social y de judicialización de la protesta; todo se compacta con los centenares de juicios por terrorismo y sabotaje, además del intento de aprobar un Código Penal que en su artículo 262 sanciona a quienes se atrevan a difundir enfoques distintos a los informes económicos planteados por el gobierno, esto último con sanciones de cárcel de 7 a 9 años.

Promotora del odio: la serie de insultos y epítetos, la política de descalificación y estigmatización tiene el propósito de usar la subjetividad, las emociones de las masas; a través del llamado marketing social, para que las personas adherentes al régimen sin razonamiento, mayor que el publicitado por el gobierno, reproduzcan cual borregos el odio y la intolerancia a los “enemigos” de Correa. Recordemos que el Presidente, ahora en su metamorfosis, califica como discrepantes de su proyecto político a organizaciones como: CONAIE, FRENTE POPULAR, UNE, FEUE, FESE, ECUARUNARI, PACHACUTIK, MPD; etc.

Controladora: para la eficacia de los fines correístas-goebbelianos se es necesario controlar todos los medios, para filtrar la información que no afecte a los intereses de su proyecto político. Para tal propósito se encuentra en disputa en la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de Comunicación, que no sólo trata de “regular” los negocios de las familias que monopolizan las frecuencias en nuestro país, sino que afecta también la libertad de opinión, de prensa, de pensamiento de los de abajo; de los explotados, a la par que crea una progresiva concentración monopólica del gobierno sobre los medios de comunicación.

Ahora soy responsable de estas líneas y de las pasiones que ellas levanten, pero creo que es pertinente la reflexión después de cada mensaje independientemente de quien lo haga, en especial los gubernamentales, para discriminar si es falso o verdadero. Pero:

¿Creerás todo lo que las cadenas nacionales te dicen?

¿Serán ciertas las aseveraciones de Correa cada sábado?

¿Seremos infantiles, dogmáticos, pelagatos, roscas, horrorosos, tirapiedras, terroristas, antidesarrollo, atrasados, reaccionarios quienes nos oponemos al Gobierno desde la izquierda?

Yo no fui....

Escozor causó en el Ministerio de Educación la revelación de la orden confidencial de un asesor ministerial, para que los Directores Provinciales llenen una ficha de mapeo de los planteles educativos fiscales; con la ilegal declaración de la filiación política y gremial de directivos educativos y líderes estudiantiles. En el Ministerio todos dicen no saber nada del asunto y no les quedó otra salida que destituir al diligente asesor, que parece se le iluminó la mente y tratando de ganarse un puesto en el famoso Instituto Nacional de la Meritocracia, concibió (¿o aplico?) la desfachatada idea; sin contar que en algún lado, los documentos fueran lanzados a la red. Y las explicaciones, en medio del estupor oficial no faltaron: que los documentos no son oficiales, que no se dio la cuestionada orden, que no se aplicó en ningún lado… Finalmente todos dijeron YO NO FUI…

Pero dos aspectos quedan claros en este escándalo de violación de derechos; el primero que los documentos existen y que llegaron a los Directores Provinciales de Educación; y, el segundo que en el Ministerio reconocieron que esa orden viola preceptos constitucionales, pues de acuerdo a informaciones de prensa, eso motivó la destitución del incondicional asesor.

Pero al parecer no en todas las provincias se observó la misma celeridad en la aplicación de las ilegales fichas; lo que muestra a ciertos Directores más incondicionales, dispuestos a hacer todo lo que les mandan desde arriba, sin importarles la legalidad o no de las órdenes; si las firman o no autoridades competentes, ignorando el principio que les impide ejecutar disposiciones contrarias a la ley. En Morona Santiago, el Director de Educación, siendo Abogado y que se supone entiende de derecho, sin reparar que el famoso mapeo vulnera derechos ciudadanos, dispuso su. ¿Acaso se imaginó estar ante la novelería del Instituto Nacional de la Meritocracia? Para ello se utilizó a la supervisión educativa, en un claro abuso de autoridad orientado a identificar a posibles detractores del oficialismo, seguramente pensando en la ansiada reelección presidencial. ¿No configura esto una posible utilización de recursos públicos para beneficio político?.

Finalmente; si existe sentido común, así como anunciaron que el agencioso Oswaldo Redrován fue destituido, deberían hacer lo mismo con los Directores Provinciales que acataron una disposición ilegal proveniente a de un asesor, que no tiene competencia ni rango de autoridad jerárquicamente superior. Si hubiera un poco de sinceridad y en honor a la tan cacareada transparencia, el régimen debería sacar a todos los agenciosos directores que en vez de administrar la educación se dedican a hacer los consabidos méritos para mantenerse en los cargos o ascender a otros más importantes,

Gobierno de pesquisas

La aseveración de que el correísmo tiene entre manos la constitución de un Estado policial posee, cada vez, más elementos que la sustentan. Ahora se ha denunciado la intención de elaborar un “mapeo” político en las instituciones educativas, que consiste en recabar información de la filiación política de los rectores (as), vicerrectores (as) y dirigentes de los consejos estudiantiles, así como si apoyan o no al gobierno y en qué medida.

De acuerdo a la comunicación enviada al respecto desde el Ministerio de Educación, dicha investigación constituye “una prioridad planteada por el señor Presidente” y, como no podía ser de otra manera, el carácter de “confidencial y urgente”.

No es difícil comprender con qué fines políticos el gobierno lleva adelante una pesquisa de esa naturaleza. Estando en curso un proceso de criminalización de la protesta popular, la elaboración de una lista de opositores será utilizada para adoptar en contra de sus integrantes medidas de retaliación y represivas. Ni los gobiernos más reaccionarios de los últimos años ha actuado de la forma como lo está haciendo el actual; conductas de esa índole se las encuentra en regímenes fascistas o fascistoides y altamente represivos.

El espionaje desde las altas esferas en contra del pueblo para reprimirlo está al orden del día. El mismo Rafael Correa declaró haber ordenado investigaciones policiales sobre los empleados públicos antes de ser echados de sus puestos de trabajo; ahora se descubre este nuevo caso. No es casual que se lo haga en contra de maestros y estudiantes, agrupados respectivamente en la UNE y la FESE, que semanas atrás con movilizaciones callejeras expresaron su oposición a la política educativa del gobierno por su contenido antipopular.

Con esa acción el gobierno una vez más pisotea derechos consagrados en la Constitución aprobada en Montecristi, lo que no resulta extraño. Si enumeramos cuántas veces lo ha hecho el listado sería enorme.

Para echar tierra sobre el asunto, con el cinismo que caracteriza el accionar de este gobierno y de todos sus funcionarios, las autoridades educativas han deslindado responsabilidades y pidieron la renuncia al asesor que tuvo esa “iniciativa”. El asunto no se soluciona de esa manera, pues, hay ya una información política en manos de las autoridades que será utilizada para la represión.

Este acontecimiento es una causa más para que la Ministra de Educación, Gloria Vidal, sea destituida de sus funciones.

Me echaron del puesto

Hoy por primera vez en 17 meses, que labore como Cirujano general en el Hospital, he llegado muy temprano a casa, y ante la tierna e inocente felicidad de mis hijos, la compasiva mirada de mi esposa, que me preguntan: el porqué llego pronto, les dije como en el poema:

ME ECHARON DEL PUESTO
Pero no me echaron por vago u ocioso; pues dedique la totalidad del día al servicio de mis enfermos, incluidas las rondas nocturnas que siempre hacia, el pasar visita los sábados y domingo, el levantarme en la madrugada y raudo ir al hospital ante una emergencia, el incluir en mi rutina los martes de docencia a los residentes (aunque el hospital no sea docente), el dar 8 a 10 turnos más de los 20 que me asignaban, quedándome hasta mas allá de las 6 de la tarde en mis días de consulta, entonces me pregunto vago no he sido, ocioso peor. Pero igual me echaron del puesto.

Reflexione entonces que era inepto e inservible, no apto para el puesto. Pero mis evaluaciones de desempeño fueron superiores a 92/100, he operado un promedio de 39 pacientes por mes, he innovado las viejas prácticas quirúrgicas, introduje la cirugía mínimamente invasiva en el hospital, mas de 480 cirugías laparoscópicas de vesícula, mas de 100 apendicetomías laparoscópicas, el único hospital que en el norte del Ecuador que realiza hernioplastias laparoscópicas, una decena cirugías de bocio tiroideo, un sinfín de herniotomías en niños, un alto número de orquidopexias realizadas a los infantes en su mayoría kichwas del cantón; era el único que resolvía los problemas graves, la totalidad de interconsultas de cirugía me las hacían a mi; entonces no he sido inútil. Pero igual me echaron del puesto.

Probablemente a pesar del numero de cirugías, mis resultados no fueron satisfactorios; pero en mi archivo personal tengo un tasa de infecciones del sitio operatorio menor al 2% que es el estándar internacional, el porcentaje de reintervenciones en un mismo mes inferior al 0,5% que es el referente, complicaciones menores al 3%, complicaciones mayores inferior al 0,3%, mortalidad de menos del 0,3%, he transferido 1 solo paciente a hospitales de tercer nivel de atención, el índice de regreso a controles en el primer mes es del 95%, al tercer mes del 92% y al sexto mes es del 82%, entonces estoy con resultados adecuados; a pesar de esto me echaron del puesto.

Entonces entendí que la búsqueda sempiterna de la perfección, no es buena en tierra donde reina la envidia y el celo profesional, el exigir cumplimiento de normas y protocolos basados en evidencias científicas es nocivo para uno, porque le creen pedante, sabelotodo, o como dicen los jóvenes hoy nerd.

Aprendí que el soñar con la implementación de nuevas tecnologías en salud, el uso de la herramienta de la epidemiologia para la toma de decisiones, el trabajar con indicadores técnicos, sin embargo estos sueños son imposibles en nuestros hospitales de pueblo, porque para quienes se acomodaron a la cotidianidad, a la tediosa rutina de atender de mala manera a los humildes, a los pobres, a los indígenas, al lumpen, hablar de nuevas tecnologías es inentendible, ahí comprendí el probable porque de mi despido.

En el hospital de Otavalo colabore en la gestión del primer Director Kichwa de la historia del cantón (52% de la población es indígena) se logro plantear con mi colaboración proyectos de innovación en atención hospitalaria y cuenta con tecnología de punta, hoy los pobres pueden realizarse artroscopias, se han colocado más de 800 prótesis de cadera y rodilla, en 3 años; de muchos cantones vinieron, de muchas provincias llegaron, pero esto solo fue hasta el martes 25, pues un EDICTO, dictamino que solo se abran fichas para la gente de Otavalo, se negó la atención medica a gente de otras localidades. De paso al UNICO tratante kichwa, especialista en pediatría y máster en gerencia en salud, también le echaron del puesto a sus 39 años.

Considero que tal vez por haber apoyado con fuerza para que se implementen procesos de Salud Intercultural, como el parto culturalmente adecuado, uno de los pocos referentes palpable del trabajo intercultural en el país, con reconocimiento internacional, por el que han llegado múltiples misiones de observación; proceso que fue liderado por una enfermera infatigable, sacrificada hasta el tuétano, con una maestría en administración hospitalaria, otra en administración y negocios, especialista en genero y políticas, de 43 años, ex directora del hospital, 19 años de servicio, que también LE ECHARON DEL PUESTO. De pronto fue eso el apoyar procesos de sensibilización y participación colectiva en la salud, el romper paradigmas, incluso racistas en el hospital; fue el detonante para que una autoridad de salud provincial, aupada con una autoridad local sin cuarto nivel a los que ayudamos a visibilizar públicamente, nos haya despedido.
En fin vuelvo la mirada a la sonrisa de mis hijos, a la ternura de mi esposa, esta ultima cada mes sometida a quimioterapia en la lucha contra el cáncer, y con fe les digo guardándome mi bronca, mi ira, mis lágrimas y desconsuelo.

Vamos a mirar con fe el futuro, seguimos con la esperanza de días mejores, no se acaba el mundo, tengo 42 años, una mente despierta y ávida, unos brazos para luchar y se que piso firme en la tierra, porque no van a matar mis convicciones de cambio, de critica constante, de búsqueda de la verdad, no conseguirán doblegarme; seguiré soñando en un mañana de esplendor para la salud pública ecuatoriana, en una época en la que se respete la opinión ajena, en la que haya plenas libertades, un país sano con una colectividad sana, en la que se privilegie los consensos, un país con una democracia verdadera, vamos a seguir adelante.

De paso adjunto mi CV, como me despidieron ya no puedo servir en ninguna entidad del estado.

Gonzalo Jaramillo Castro
CIRUGIA GENERAL Y LAPAROSCOPICA

MPD denuncia que el gobierno inició despido masivo de servidores públicos

Gobierno prevé despedir 200 mil servidores públicos.

Cerca de 3 mil servidores públicos han sido despedidos de sus puestos de trabajo, de manera inconstitucional, ilegal y represiva. Para este procedimiento el gobierno de Correa, amparado en el decreto 813 pretende destituir, hasta mediados del 2012, cerca de 200 mil servidoras y servidores públicos, pese a que están amparados por la Constitución de la República, la Ley de Servicio Público y el Código del Trabajo, denunció la Directiva Nacional del MPD.

Luis Villacis Maldonado dirigente emepedista destacó conjuntamente con el bloque de asambleístas, el MPD presentó ante la Corte Constitucional, la demanda de inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo No. 813, el cual reforma el Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público y arbitrariamente establece las renuncias obligatorias para los servidores públicos.

Villacís solicitó a la Corte Constitucional dicte medidas cautelares, de conformidad con el art. 87 de la Carta Política, con el fin de suspender los efectos del Decreto 813 y precautelar los derechos de los servidores. Agregó que estos son despidos represivos, porque la Policía Nacional por órdenes de las esferas gubernamentales, irrumpe en los puestos de trabajo, prácticamente desalojándolos a la fuerza y obligándoles a firmar; estas acciones rayan en la prepotencia y el autoritarismo, por lo cual el MPD llamó a sus militantes a participar de las movilizaciones que ya preparan las centrales sindicales.

El trabajo es un derecho constitucional, que goza de la obligatoria protección del Estado; no es solamente un medio para llevar el sustento diario a nuestras familias, sino que CONSTITUYE FUENTE DE REALIZACIÓN PERSONAL, que nos permite el pleno respeto a la dignidad y llevar una vida decorosa, como lo señala el artículo 33 de la Carta Suprema de la República, lo cual no será posible si se obliga a los servidores públicos a despojarse de sus puestos de trabajo aún en contra de su voluntad.

Propaganda e intimidación, regla de los regímenes totalitarios‏

Haciendo uso de un gran aparataje propagandístico, los conceptos de verdad, justicia, democracia y representatividad social, son completamente distorsionados por la comunicación gubernamental.

Como muestra la historia, los regímenes totalitarios, sobre todo a partir de la revolución francesa con Napoleón Bonaparte, usaron el poder de la comunicación persuasiva, al mismo tiempo que imponían una férrea censura, para imponer sus visiones de la realidad. Napoleón suprimió periódicos (Como Correa, que se apropió de El Telégrafo, intenta terminar con El Universo, fundó otros como El PP, o El Ciudadano), contrató periodistas para alabar y difundir su política (un buen número de periodistas de los medios privados ahora están en los medios públicos), él mismo escribió artículos (en este caso él mismo dirige un programa de televisión semanal), distorsionando la información de diversas formas. Una de las mayores armas de la propaganda bonapartista fue el uso del plebiscito, en el que a la población se le pedía que votase acerca de un asunto, cuyo enfoque había sido previamente decidido; luego se difundían profusamente los resultados (10 a uno, diría Correa respecto de la consulta del 7 de mayo), resultados que siempre resultaban favorables a Napoleón, por supuesto. “La religión, la educación y cualquier otra actividad fueron incorporadas a su servicio, sin quedar apenas rastros de la inicial ideología revolucionaria que lo había elevado al poder”, dice María Victoria Rayzábal, en el libro: “propaganda y manipulación” (1999). A este recurso de los plebiscitos también acudieron otros líderes autoritarios, como Hitler.

Decía O. Thompson sobre Hitler: “merece con Julio César y Napoleón Bonaparte, la distinción no solo de crear nuevos métodos de propaganda, sino de basar consciente y deliberadamente toda su carrera en la propaganda planificada”. Y efectivamente, en su libro “Mi lucha”, el Führer describe varias reglas fundamentales acerca de la propaganda eficaz, que bien podríamos comparar con lo que ahora miramos en la “revolución ciudadana”:

a) Se deben evitar las ideas abstractas y apelar a las emociones. Tal como se hace al hablar de la revolución educativa, o de la salud, de la Misión Manuela Espejo, y en general de la inversión social.

b) Deben repetirse constantemente las ideas usando frases estereotipadas y evitando la objetividad. “La revolución ciudadana avanza”, “30-S, el día en que triunfo la democracia”, “manos limpias, mentes lúcidas, corazones ardientes”, “revolución rápida, profunda y en paz”, etc.

c) Hay que poner de manifiesto solo una cara de la realidad. Como cuando los canales gubernamentales hacen noticias, reportajes o entrevistas acerca de los sucesos del 30-S, o cuando se elaboran las cadenas nacionales para atacar a la oposición.

d) Conviene criticar constantemente a los enemigos de lo establecido. “Los mismos de siempre”, “prensa corrupta”, “mafias enemigas del cambio”, etc.

e) Se debe identificar un enemigo específico para realizar una descalificación específica del mismo. Cada vez que aparece alguien con una denuncia o una opinión contra el régimen y sus políticas es atacado de manera inmediata y persistente, injuriándolo o estigmatizándolo a través de cadenas de radio y televisión.

Goebbels, el oficial nazi que dirigía la ofensiva ideológica de ese régimen, sabía que la propaganda era más efectiva si se “aderezaba” con grandes dosis de intimidación y terror. Y en eso se inscribe todo el proceso de criminalización de la lucha que miramos en el actual gobierno, que incluye la utilización de la justicia para perseguir a dirigentes sociales, como ahora ocurre en Cotopaxi con ocho dirigentes a quienes se les va a seguir juicio por haber participado en los hechos del 30-S. O la casación en el caso del coronel Carrión.

Sin embargo, la historia también dice que los pueblos lograron siempre reponerse a estas agresiones ideológicas y salir por los fueros de la dignidad y la esperanza en el cambio. Así como entonces, la situación actual será superada en beneficio de los pueblos.

Estudiantes secundarios se movilizan en contra del BGU

Una jornada caracterizada por la unidad de los colegios fiscales de Quito, que fue liderada por Leyde Morales Presidenta Nacional de la FESE fue llevada a cabo este día Jueves 22, cuya concentración fue en el parque del Arbolito, cuyos objetivos se centraba en protestar contra la aplicación del Bachillerato General Unificado (BGU) y la represión policial que derivo en la violenta agresión al estudiante del colegio Mejía Edisón Cosios.

La marcha se dirigió en primera instancia hacia el Hospital Eugenio Espejo donde mostraron su solidaridad con Cosios, así como exigieron la sanción respectiva para el elemento policial responsable de tremenda agresión.

Los estudiantes continuaron por el centro de la ciudad hasta llegar al Palacio de Carondelet donde fue entregada una propuesta para a la modificación y aplicación del BGU, y la investigación respectiva de los casos de agresión policial, al final de la tarde las protestas se concentraron en los alrededores de la Universidad Central.

Colegio Mejía enfrenta, una vez más, la presión directa del gobierno‏

Estudiantes y padres de familia del colegio Nacional Mejía rechazaron la manipulación que le gobierno intenta hacer al interior de la institución, para evitar que continúen manifestándose contra el Bachillerato General Unificado y en respaldo a sus maestros que sufren la aplicación de la nueva jornada de trabajo de ocho horas. Anunciaron que se mantendrán movilizados y que las consecuencias de lo que pueda suceder solo serán del oficialismo.

Con gran preocupación y apremio, autoridades de los ministerios del Interior y de Educación intervinieron en el colegio esta mañana, para evitar que la movilización que estaba prevista para hoy, se realice. Una evidente manipulación a un grupo de estudiantes, por un lado, y a representantes de padres de familia y autoridades del plantel, por otro, impidió que hoy los jóvenes expresen su rechazo a la agresión criminal del que los estudiantes han sido objeto en estos días, y fruto de la cual Edison Cocíos se debate entre la vida y la muerte.

Los rumores de que si la marcha se realizaba el colegio sería suspendido, así como la presencia de personas con cámaras fotográficas que, según se dijo, registraban a los estudiantes y padres de familia presentes para las sanciones que el presidente Rafael Correa anunció en su sabatina, así como la indecisión y temor de las autoridades del plantel, que no solo impidieron que los chicos salgan, sino que recibieron a las autoridades gubernamentales para que se distribuya a una delegación de estudiantes hacia la Comandancia de Policía y a otra delegación integrada por padres de familia, estudiantes, el rector y vicerrector del colegio, hacia las oficinas del Ministerio del Interior, hicieron que la gente se disperse y la iniciativa estudiantil fracase.

Según los padres de familia, las autoridades en estos espacios de diálogo intentaron persuadir a los manifestantes de que el problema estaba en que el gobierno no “informó” bien de lo que se trataba el bachillerato unificado, y que están dispuestos a hacerlo, y a escuchar todas las opiniones, más no a retroceder en la decisión de aplicar esta política. Es decir, un dialogo de sordos, como ha sido ya práctica del régimen en estos años.

Los padres de familia, luego de rechazar esta manipulación gubernamental, expresaron el apoyo frontal a sus hijos, así como la decisión de movilizarse cuando sea necesario, sin ceder a las intimidaciones del régimen. Gritos como: “ya basta de prepotencia”, y “no tenemos miedo”, se escucharon en los patios del plantel, mientras se llegaba a un acuerdo para autoconvocarse para mañana, a partir de las 07h30.

Las autoridades del Ministerio del Interior se comprometieron a no reprimir ninguna manifestación pacífica, y a continuar “escuchando” a los manifestantes, sin represalias de ningún tipo.

Congreso de Estudiantes se solidariza con Marcelo Rivera

El 16° Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes (CLAE), que se realizó del 10 al 15 de agosto en la ciudad uruguaya de Montevideo, concluyó trascendentales resoluciones para el movimiento estudiantil de América Latina y el Caribe, entre las que encuentran la solidaridad con el dirigente estudiantil Marcelo Rivera.

A este evento asistieron distintas delegaciones del continente para discutir la realidad que viven los estudiantes y los pueblos. Entre los participantes se encontraron los representantes de la FEUE, FESE y FEPE quienes expusieron claramente la realidad que vive el Ecuador y denunciaron la persecución a los dirigentes estudiantiles y populares que desarrolla el gobierno de Correa, que en la actualidad son más de 200 luchadores populares los que se encuentran enjunciados por el régimen.

En el Congreso participaron los delegados de Correa, quienes a toda costa trataron de confundir el debate y distorsionar la realidad, pero la justa política que han desarrollado las organizaciones estudiantiles demostró la derechización del gobierno y sus acciones en contra de la juventud, los trabajadores y los pueblos del Ecuador.

El CLAE manifestó, como una de sus principales resoluciones, la solidaridad con Marcelo Rivera, quien desde el 8 de diciembre del 2009 se encuentra injustamente encarcelado y que se ha convertido en uno de los presos políticos del gobierno de Correa, por exigir una educación gratuita y de calidad.

Otra de las resoluciones tomadas en el Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes fue la solidaridad con el movimiento estudiantil chileno, que en la actualidad lucha contra el gobierno de Piñera y exige una reforma educativa que elimine la base neoliberal constituida por Pinochet y plantee una nueva educación.

La criminalización de la protesta es una política de Estado

La criminalización de la protesta es una política de Estado a través de la cual se gesta y adecuan medidas legales, se reforman instituciones para que actúen con efectividad en la represión al pueblo

Desde varios sectores se acusa al gobierno que éste ha iniciado un proceso de criminalización de la protesta social, que tendría como propósito fundamental impedir –o al menos neutralizar- las acciones de protesta que distintos sectores levantan en contra de la política anti-popular del gobierno. Pruebas al respecto sobran: más de 280 ecuatorianos enfrentan procesos judiciales en los que se los acusa de sabotaje y acción terrorista, algunos de ellos sancionados ya con prisión como los casos de Marcelo Rivera, presidente nacional de la FEUE, los ocho campesinos del cantón Nabón o el Rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi, Ing. Hernán Yánez.

Cuando se habla de criminalización de la protesta su tipificación no se circunscribe a calificar al gobierno que lo aplica únicamente como represivo. Es eso, por supuesto, pero va mucho más. La criminalización de la protesta es una política de Estado aplicada por las clases dominantes a través de la cual gestan y adecuan una serie de medidas que, una vez institucionalizadas, aparecen como naturales y jurídicas, aunque contraríen o nieguen derechos fundamentales de la población.

Un elemento característico de la criminalización de la protesta es juzgar, tipificar y sancionar el comportamiento de las organizaciones sociales y de sus líderes bajo el lente del Código Penal. De esta forma un reclamo, una protesta callejera, una huelga reconocidos por la Constitución como derechos se convierten, o mejor dicho, las convierten en acciones punibles, es decir, en delitos.

Pero para que sus efectos políticos sean totales, la preeminencia del Código Penal no es suficiente; los grupos que controlan el poder requieren además otro tipo de leyes, reformar las existentes y contar con organismos o aparatos que garanticen integralmente la ejecución de su política de criminalización, para cuyo caso además no solo se apoyan en los entes jurídicamente establecidos, sino también en acciones y operaciones fuera de la legalidad.

En el país vivimos hoy el proceso de creación de una institucionalidad para ese fin. El control total de las cortes de justicia y el endurecimiento de las penas forman parte de esa política de Estado orientada a crear y contar con un aparato de control y represión al movimiento de masas, y su posible materialización o ejecución se la hace a nombre de la utilización de un instrumento democrático como es una consulta popular. Visto así las cosas, el propósito de esta consulta es mucho más complejo, porque el afán de controlar la justicia va en la línea de contar con andamiaje jurídico-estatal fuerte para reprimir pero flexible para los intereses de quien gobierna.

En el mismo propósito el gobierno actúa en otro campo: la formación de los aparatos represivos. Los mundialmente conocidos por el salvajismo como actuaron bajo el gobierno de Augusto Pinochet en contra de la izquierda y el pueblo en general, los “carabineros de Chile”, por acuerdo firmado por el gobierno se encargarán del adiestramiento de la Policía Nacional. Es fácil suponer qué aprenderán de una Policía inescrupulosa y experimentada en torturar y desaparecer personas.

Así mismo, las medidas planteadas por el gobierno que cambian la composición y dirección de algunas instancias de la Policía Nacional, y que en concreto ponen bajo la conducción de un funcionario de gobierno las labores de inteligencia policial, forman parte del propósito denunciado líneas arriba.

Por último está el control de la opinión pública. En realidad, como lo descubren muchos especialistas en el tema de la comunicación, la denominada opinión pública es creada desde las altas esferas a través del discurso oficial difundido a través de los grandes medios. No es casual entonces que el gobierno tenga mucho celo en controlar varios canales de televisión, estaciones de radio, periódicos como El Telégrafo, El Ciudadano, El Popular, Metro Quito, haya creado una agencia de noticias (Andes) y llene las pantallas de tv con cadenas o enlaces obligatorios.

El gobierno, o mejor dicho, la facción burguesa que hoy controla este gobierno impulsa una serie de medidas, acciones, reformas legales para garantizar que la criminación de la protesta sea una política de Estado al servicio de quienes en un momento o en otro pasen por los salones de Carondelet.

ROBO-ILUCIÓN CIUDADANA

CORRUPCIÓN EN EL RÉGIMEN DE CORREA O LA EXPLICACIÓN DEL PORQUÉ QUIERE METERLE MANO A LA JUSTICIA

Desde el 2007 al 2010, la Contraloría ha remitido a la Fiscalía informes contra más de medio centenar de entidades por sospecha de delitos en la administración pública. 205 son contra la Corporación Aduanera Ecuatoriana; 80 de la Comisión de Tránsito del Guayas; 28 de educación; 26 de entes de Bienestar Social, incluido el ministerio; más de 35 contra telefónicas, 19 en Salud, sumada esa cartera de Estado; y al menos 12 en entidades de deportes, entre otras.

Por otro lado, hasta la fecha, el Ejecutivo y las diversas dependencias del gobierno han decretado alrededor de 245 declaratorias de emergencia, al amparo de las cuales se han adquirido insumos para las áreas de salud, educación, vialidad y suscrito contratos para la ejecución de la obra pública en los que, al parecer, el dispendio y perjuicio a las arcas del Estado constituyen la norma. A continuación se hace un recuento de los principales actos de corrupción del presente régimen:

EL GRAN HERMANO

Los actos de corrupción en los que se vería involucrado Fabricio Correa y su Hermano Rafa podrían llegar a más de $607 millones, por lo que la Contraloría General del Estado ya ordenó auditar contratos de obra pública para determinar si fueron suscritos con empresas vinculadas a Fabricio Correa, hermano mayor del Presidente de la República.

De acuerdo con un documento del ente de control los contratos examinados corresponden al proyecto Baba por $130 millones y otros entre Petrocomercial y Shi-Asia y Asociados/Monteverde, por $115 millones.

Además, la Contraloría lleva a delante el análisis de 8 contratos de Petroecuador por $195, 71, millones, que se encuentran en etapa de verificación preliminar, para luego determinar si procede aplicar una auditoría.

A ello se suman nueve exámenes especiales que la Contraloría realizó en 2009 a contratos suscritos por los ministerios de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) y de Transporte y Obras Públicas, Petroecuador, Predesur e Hidrolitoral con las empresas Cosurca, el Consorcio Amazónico y Megamaq S.A, de propiedad de Fabricio Correa.

Estos contratos suman $167,38 millones, en los que los equipos de auditores de la Contraloría determinaron responsabilidades administrativas y civiles culposas. Según el ente de control, por esta situación hubo destituciones, multas y glosas.

Además, en dos informes anteriores el ente de control determinó responsabilidades penales, que los remitió a la Fiscalía (en manos de Washo, el títere de Correa), organismo que aún no ha informado resultados de su investigación.

En suma, los contratos ya auditados por la Contraloría y los que están siendo verificados suman $607 millones, $100 millones menos que los detectados por la Veeduría Ciudadana, cuyos miembros además de ser descalificados, han sido amenazados con juicios penales por el presidente Correa, el secretario jurídico Alexis Mera, la ministra de la Política, Doris Soliz y Fabricio Correa.

MINISTERIO DEL DEPORTE.-

Desembozado y cínico fue el comportamiento de Raúl Carrión, ex Ministro de Deportes y su red mafiosa que operaba en ese ministerio y que al ser descubiertos, escandalizaron al intentar comerse los cheques de las evidencias del delito de enriquecimiento ilícito cometido. La protección y defensa a ultranza que le brindó Correa fue uno de los primeros indicadores de que algo andaba mal.

Así fue, pues casi de inmediato el presidente Rafael Correa mostró su respaldo al ex ministro, le expuso su apoyo en el transcurso de la investigación, cuando lo visitó en la cárcel y defendió cada vez que pudo. “Raúl sostiene que no supo de la actividad delictiva...”, comentó en su enlace del 23 de mayo del 2009. Además, dijo que con la Constitución, a Carrión le correspondían medidas cautelares, como el arresto domiciliario, lo cual sucedió enseguida, aunque luego fue suspendida y volvió a la cárcel.

Tres días antes del feriado de Navidad del 2009, el ex ministro salió de prisión. Por el retraso en el trámite de dos procesos penales por peculado (malversación de fondos públicos) tanto en la Fiscalía como en la Corte de Justicia se aplicó la caducidad de la prisión preventiva con asombrosa celeridad. Al final, fue absuelto en dos procesos que enfrentó por el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Luego Moreno y Montevideo, los traga cheques asesores también quedaron libres.

MINISTERIO DE LA SALUD.-

Otro foco de escándalos es el Ministerio de Salud que estuvo a cargo de Caroline Chang, una de las “mejores ministras” según -su majestad-, sobre la que pesa un sinfín de acusaciones de adquisiciones con sobreprecios; como por ejemplo los pagos excesivos por el tamiflú, aprovechándose de la crisis de la gripe AH1N1, el negociado en la compra de camas hospitalarias y otros equipos médicos, y lo que más causó conmoción: la compra de 115 ambulancias que no eran más que simples furgonetas adaptadas.

Una última denuncia hace relación a un contrato suscrito bajo el sistema de adjudicación directa con Drager Medical Netherlands BV Zoetermeer, un consorcio holandés, cuya distribuidora en el país la hace la empresa Alem (en el 2005, el Comité Cívico Contra la Corrupción la incorporó en la lista negra de empresas, por negociar con sobreprecios), contrato en el que habría un presunto sobreprecio de 20 millones de dólares en la adquisición de equipos médicos para los hospitales públicos. Asimismo, se sabe de la compra de 28 ventiladores marca Evita en 77.135 dólares cada uno, mientras hay otras ofertas que cotizan el mismo producto en 37.000 dólares; la adquisición de 15 monitores desfibriladores marca Osatu de origen español en 22.154 dólares cada uno, mientras, el mismo producto marca Zoll (USA) se lo adquiere en 7.167 dólares; adicionalmente se recuerda que un contrato parecido con la misma empresa fue desechado en el IESS hace dos años, por los rumores de sobreprecio y corrupción que lo rondaban, pero en la “revolución ciudadana” no pasa nada.

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Esta argolla de corrupción comenzó con el ex Ministro Jorge Marun, a quien se lo acusó de la entrega arbitraria de altos porcentajes de anticipos en contratos, los cuales llegan hasta el 75 por ciento, evadiendo cualquier tipo de control, así como la falta de sanciones a las contratistas por el retraso en el avance de obras, que ha sido evidente en un importante número de vías, a nivel nacional, por lo cual, las ilegalidades cometidas por el funcionario determinan que a más de ser enjuiciado políticamente, habría indicios de responsabilidad penal por el delito de peculado, ya que incluso la Contraloría General del Estado detectó irregularidades en la suscripción de varios contratos.

Marún y el actual Prefecto de Loja de PAIS, Rubén Bustamante, quien también fuera ministro (e) de Transporte y Obras Públicas fue fueron acusados además de irregularidades en el Plan Relámpago de Vialidad que tenía previsto construir 67 obras por $1 300 millones, pero dos años después la mayoría de las obras no están terminadas. Las denuncias siguieron en contra del ex ministro de esta cartera David Ortiz, denunciado por corrupción en la edificación del cuarto puente en Babahoyo.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

En el Ministerio de Educación existen grandes casos de corrupción que no se han resuelto, entre los cuales se destaca la denuncia presentada en la Fiscalía por el Asambleísta Jorge Escala del MPD contra los ex funcionarios del período en el cual Raúl Vallejo fuera Ministro de esta cartera de Estado, tales como Edison Vallejo, Director Nacional de la DINSE, Julie Ordóñez, Directora de Asesoría Jurídica, Carmen Rocío Abarca Roa, Secretaria del Comité de Contratación y Manuel Humberto Buenaño, Director de Recursos Humanos, quienes constituyeron una mafia y al margen de la Ley de Contratación Pública, contribuyeron para que la entidad adjudique contrato a sus familiares por millones de dólares

Pero no solo eso, Vallejo también cometió peculado debido a que utilizó dineros públicos para promocionar una tamaña mentira, atentando contra la fe pública al realizar una falsa declaración de “Ecuador Patria Libre de Analfabetismo”; este ex Ministro también cometió actos de corrupción en la asignación del presupuesto para restaurar la infraestructura escolar a través de la DINSE; incumplió la entrega de los nombramientos y partidas docentes creadas en el 2007, y no repuso el desdoble de partidas dejadas por los docentes jubilados desde el año 2006..

No cumplió con el pago a cuarenta mil maestros del remanente del bono fronterizo para las provincias Amazónicas y Galápagos, de septiembre a diciembre del 2007 por más de 13 millones de dólares, violentó derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas en la educación intercultural bilingüe; mantiene, en continuidad con la Ministra actual a más de 50 mil docentes contratados en condiciones de precariedad, es decir, sin garantizarles estabilidad laboral; Se mantienen más de 5 mil escuelas unidocentes sin hacer nada por cambiar esta realidad hasta la presente fecha y se incumple la obligación legal de afiliar al IESS a los educadores populares, quienes han ganado demandas judiciales, producto de lo cual existen glosas por más de 18 millones de dólares. Por si fuera poco se aumenta el presupuesto del Programa de Alimentación Escolar (PAE) por más de 10 millones de dólares, pero contrario a ello, se disminuyen los centros educativos que reciben este beneficio y en muchos casos se entregan productos no aptos para el consumo humano, dejando entrever que la plata se esfumó en otras cosas menos en la alimentación de nuestra niñez y adolescencia.

MINISTERIO DE DEFENSA

El caso más sonado y que salió a la luz pública por el hermetismo con que se maneja esta cartera de Estado fue por la compra de 7 helicópteros Dhruv con un costo para el Estado de más de 42 millones de dólares a la empresa Hindustan Aeronautics Limited (HAL), luego de que en ocasiones anteriores habían fracasado cuatro procesos de compra de helicópteros a esta misma empresa por no cumplir con las normas técnicas requeridas, compra que finalmente se ejecutó sin que se cumplan las especificaciones técnicas determinadas en el artículo E de las bases del concurso establecidas por la FAE, recordaremos que incluso una de estas naves se accidentó el 27 de octubre de 2009 en Quito. El artículo 257 del Código Penal determina peculado si se adjudica un contrato sin cumplir con la normativa.

Por otro lado, este gobierno no solo ha dejado develada su imagen de corrupción, sino que además se ciernen muchas dudas al respecto del asesinato de Jorge Gabela Bueno, de 56 años, quien fue el primer comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en este régimen, el cual murió en la mañana del 29 de diciembre de 2010, tras diez días de agonía en un confuso indecente relacionado a un robo, pues solo 24 horas antes del deceso, Patricia Ochoa de Gabela, había ratificado ante el Fiscal de Samborondón, René Astudillo, que el ataque contra su esposo el pasado 19 de diciembre fue un atentado, por las denuncias que realizó respecto a la compra de siete helicópteros Dhruv que concretó la nueva cúpula que lo relevó en abril de 2008, de lo cual precisó que Gabela tenía más de una información..

OTROS CASOS DE CORRUPCIÓN

• Fernando Alvarado, secretario de Comunicación, acusado de hacer fortuna en sus empresas a costa de la publicidad oficial.

• Vinicio Alvarado, secretario de la Administración, por haber recibido 10.000 dólares mensuales, de acuerdo a una denuncia del gerente de Casinos INVERMUN.

• Ricardo Patiño, ex ministro coordinador de la Política, acusado de promover una red de espionaje desde Carondelet, con los famosos “pativideos”.

• El fiscal de la Nación, Washington Pesantes, también llevó su parte por no tramitar las denuncias de posible corrupción contra Karla Chávez, alcaldesa de Babahoyo, Luis Monge, jefe político del cantón Guayaquil, Mercedes Diminich, Gastón Gagliardo y Juan Carlos Cassinelli, asambleístas de Alianza PAIS.

• Un informe preliminar de la Contraloría detectó errores en la aplicación de contratos y ejecución de obras en al menos 29 contratos suscritos por el ex ministro de Agricultura, Walter Poveda, el 12 de octubre de 2010.

• El ex subsecretario de Relaciones Exteriores del Litoral, Juan Aguiñaga, hermano de la ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, y los notarios Marcos Díaz y Julio Olvera fueron llamados a juicio con orden de prisión preventiva por el juez IV de Garantías Penales del Guayas, Jorge Mestanza, por supuesta falsificación de documentos de ciudadanos cubanos.

ROBO-ILUCIÓN CIUDADANA

CORRUPCIÓN EN EL RÉGIMEN DE CORREA O LA EXPLICACIÓN DEL PORQUÉ QUIERE METERLE MANO A LA JUSTICIA

Desde el 2007 al 2010, la Contraloría ha remitido a la Fiscalía informes contra más de medio centenar de entidades por sospecha de delitos en la administración pública. 205 son contra la Corporación Aduanera Ecuatoriana; 80 de la Comisión de Tránsito del Guayas; 28 de educación; 26 de entes de Bienestar Social, incluido el ministerio; más de 35 contra telefónicas, 19 en Salud, sumada esa cartera de Estado; y al menos 12 en entidades de deportes, entre otras.

Por otro lado, hasta la fecha, el Ejecutivo y las diversas dependencias del gobierno han decretado alrededor de 245 declaratorias de emergencia, al amparo de las cuales se han adquirido insumos para las áreas de salud, educación, vialidad y suscrito contratos para la ejecución de la obra pública en los que, al parecer, el dispendio y perjuicio a las arcas del Estado constituyen la norma. A continuación se hace un recuento de los principales actos de corrupción del presente régimen:

EL GRAN HERMANO

Los actos de corrupción en los que se vería involucrado Fabricio Correa y su Hermano Rafa podrían llegar a más de $607 millones, por lo que la Contraloría General del Estado ya ordenó auditar contratos de obra pública para determinar si fueron suscritos con empresas vinculadas a Fabricio Correa, hermano mayor del Presidente de la República.

De acuerdo con un documento del ente de control los contratos examinados corresponden al proyecto Baba por $130 millones y otros entre Petrocomercial y Shi-Asia y Asociados/Monteverde, por $115 millones.

Además, la Contraloría lleva a delante el análisis de 8 contratos de Petroecuador por $195, 71, millones, que se encuentran en etapa de verificación preliminar, para luego determinar si procede aplicar una auditoría.

A ello se suman nueve exámenes especiales que la Contraloría realizó en 2009 a contratos suscritos por los ministerios de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) y de Transporte y Obras Públicas, Petroecuador, Predesur e Hidrolitoral con las empresas Cosurca, el Consorcio Amazónico y Megamaq S.A, de propiedad de Fabricio Correa.

Estos contratos suman $167,38 millones, en los que los equipos de auditores de la Contraloría determinaron responsabilidades administrativas y civiles culposas. Según el ente de control, por esta situación hubo destituciones, multas y glosas.

Además, en dos informes anteriores el ente de control determinó responsabilidades penales, que los remitió a la Fiscalía (en manos de Washo, el títere de Correa), organismo que aún no ha informado resultados de su investigación.

En suma, los contratos ya auditados por la Contraloría y los que están siendo verificados suman $607 millones, $100 millones menos que los detectados por la Veeduría Ciudadana, cuyos miembros además de ser descalificados, han sido amenazados con juicios penales por el presidente Correa, el secretario jurídico Alexis Mera, la ministra de la Política, Doris Soliz y Fabricio Correa.

MINISTERIO DEL DEPORTE.-

Desembozado y cínico fue el comportamiento de Raúl Carrión, ex Ministro de Deportes y su red mafiosa que operaba en ese ministerio y que al ser descubiertos, escandalizaron al intentar comerse los cheques de las evidencias del delito de enriquecimiento ilícito cometido. La protección y defensa a ultranza que le brindó Correa fue uno de los primeros indicadores de que algo andaba mal.

Así fue, pues casi de inmediato el presidente Rafael Correa mostró su respaldo al ex ministro, le expuso su apoyo en el transcurso de la investigación, cuando lo visitó en la cárcel y defendió cada vez que pudo. “Raúl sostiene que no supo de la actividad delictiva...”, comentó en su enlace del 23 de mayo del 2009. Además, dijo que con la Constitución, a Carrión le correspondían medidas cautelares, como el arresto domiciliario, lo cual sucedió enseguida, aunque luego fue suspendida y volvió a la cárcel.

Tres días antes del feriado de Navidad del 2009, el ex ministro salió de prisión. Por el retraso en el trámite de dos procesos penales por peculado (malversación de fondos públicos) tanto en la Fiscalía como en la Corte de Justicia se aplicó la caducidad de la prisión preventiva con asombrosa celeridad. Al final, fue absuelto en dos procesos que enfrentó por el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Luego Moreno y Montevideo, los traga cheques asesores también quedaron libres.

MINISTERIO DE LA SALUD.-

Otro foco de escándalos es el Ministerio de Salud que estuvo a cargo de Caroline Chang, una de las “mejores ministras” según -su majestad-, sobre la que pesa un sinfín de acusaciones de adquisiciones con sobreprecios; como por ejemplo los pagos excesivos por el tamiflú, aprovechándose de la crisis de la gripe AH1N1, el negociado en la compra de camas hospitalarias y otros equipos médicos, y lo que más causó conmoción: la compra de 115 ambulancias que no eran más que simples furgonetas adaptadas.

Una última denuncia hace relación a un contrato suscrito bajo el sistema de adjudicación directa con Drager Medical Netherlands BV Zoetermeer, un consorcio holandés, cuya distribuidora en el país la hace la empresa Alem (en el 2005, el Comité Cívico Contra la Corrupción la incorporó en la lista negra de empresas, por negociar con sobreprecios), contrato en el que habría un presunto sobreprecio de 20 millones de dólares en la adquisición de equipos médicos para los hospitales públicos. Asimismo, se sabe de la compra de 28 ventiladores marca Evita en 77.135 dólares cada uno, mientras hay otras ofertas que cotizan el mismo producto en 37.000 dólares; la adquisición de 15 monitores desfibriladores marca Osatu de origen español en 22.154 dólares cada uno, mientras, el mismo producto marca Zoll (USA) se lo adquiere en 7.167 dólares; adicionalmente se recuerda que un contrato parecido con la misma empresa fue desechado en el IESS hace dos años, por los rumores de sobreprecio y corrupción que lo rondaban, pero en la “revolución ciudadana” no pasa nada.

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Esta argolla de corrupción comenzó con el ex Ministro Jorge Marun, a quien se lo acusó de la entrega arbitraria de altos porcentajes de anticipos en contratos, los cuales llegan hasta el 75 por ciento, evadiendo cualquier tipo de control, así como la falta de sanciones a las contratistas por el retraso en el avance de obras, que ha sido evidente en un importante número de vías, a nivel nacional, por lo cual, las ilegalidades cometidas por el funcionario determinan que a más de ser enjuiciado políticamente, habría indicios de responsabilidad penal por el delito de peculado, ya que incluso la Contraloría General del Estado detectó irregularidades en la suscripción de varios contratos.

Marún y el actual Prefecto de Loja de PAIS, Rubén Bustamante, quien también fuera ministro (e) de Transporte y Obras Públicas fue fueron acusados además de irregularidades en el Plan Relámpago de Vialidad que tenía previsto construir 67 obras por $1 300 millones, pero dos años después la mayoría de las obras no están terminadas. Las denuncias siguieron en contra del ex ministro de esta cartera David Ortiz, denunciado por corrupción en la edificación del cuarto puente en Babahoyo.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

En el Ministerio de Educación existen grandes casos de corrupción que no se han resuelto, entre los cuales se destaca la denuncia presentada en la Fiscalía por el Asambleísta Jorge Escala del MPD contra los ex funcionarios del período en el cual Raúl Vallejo fuera Ministro de esta cartera de Estado, tales como Edison Vallejo, Director Nacional de la DINSE, Julie Ordóñez, Directora de Asesoría Jurídica, Carmen Rocío Abarca Roa, Secretaria del Comité de Contratación y Manuel Humberto Buenaño, Director de Recursos Humanos, quienes constituyeron una mafia y al margen de la Ley de Contratación Pública, contribuyeron para que la entidad adjudique contrato a sus familiares por millones de dólares

Pero no solo eso, Vallejo también cometió peculado debido a que utilizó dineros públicos para promocionar una tamaña mentira, atentando contra la fe pública al realizar una falsa declaración de “Ecuador Patria Libre de Analfabetismo”; este ex Ministro también cometió actos de corrupción en la asignación del presupuesto para restaurar la infraestructura escolar a través de la DINSE; incumplió la entrega de los nombramientos y partidas docentes creadas en el 2007, y no repuso el desdoble de partidas dejadas por los docentes jubilados desde el año 2006..

No cumplió con el pago a cuarenta mil maestros del remanente del bono fronterizo para las provincias Amazónicas y Galápagos, de septiembre a diciembre del 2007 por más de 13 millones de dólares, violentó derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas en la educación intercultural bilingüe; mantiene, en continuidad con la Ministra actual a más de 50 mil docentes contratados en condiciones de precariedad, es decir, sin garantizarles estabilidad laboral; Se mantienen más de 5 mil escuelas unidocentes sin hacer nada por cambiar esta realidad hasta la presente fecha y se incumple la obligación legal de afiliar al IESS a los educadores populares, quienes han ganado demandas judiciales, producto de lo cual existen glosas por más de 18 millones de dólares. Por si fuera poco se aumenta el presupuesto del Programa de Alimentación Escolar (PAE) por más de 10 millones de dólares, pero contrario a ello, se disminuyen los centros educativos que reciben este beneficio y en muchos casos se entregan productos no aptos para el consumo humano, dejando entrever que la plata se esfumó en otras cosas menos en la alimentación de nuestra niñez y adolescencia.

MINISTERIO DE DEFENSA

El caso más sonado y que salió a la luz pública por el hermetismo con que se maneja esta cartera de Estado fue por la compra de 7 helicópteros Dhruv con un costo para el Estado de más de 42 millones de dólares a la empresa Hindustan Aeronautics Limited (HAL), luego de que en ocasiones anteriores habían fracasado cuatro procesos de compra de helicópteros a esta misma empresa por no cumplir con las normas técnicas requeridas, compra que finalmente se ejecutó sin que se cumplan las especificaciones técnicas determinadas en el artículo E de las bases del concurso establecidas por la FAE, recordaremos que incluso una de estas naves se accidentó el 27 de octubre de 2009 en Quito. El artículo 257 del Código Penal determina peculado si se adjudica un contrato sin cumplir con la normativa.

Por otro lado, este gobierno no solo ha dejado develada su imagen de corrupción, sino que además se ciernen muchas dudas al respecto del asesinato de Jorge Gabela Bueno, de 56 años, quien fue el primer comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en este régimen, el cual murió en la mañana del 29 de diciembre de 2010, tras diez días de agonía en un confuso indecente relacionado a un robo, pues solo 24 horas antes del deceso, Patricia Ochoa de Gabela, había ratificado ante el Fiscal de Samborondón, René Astudillo, que el ataque contra su esposo el pasado 19 de diciembre fue un atentado, por las denuncias que realizó respecto a la compra de siete helicópteros Dhruv que concretó la nueva cúpula que lo relevó en abril de 2008, de lo cual precisó que Gabela tenía más de una información..

OTROS CASOS DE CORRUPCIÓN

• Fernando Alvarado, secretario de Comunicación, acusado de hacer fortuna en sus empresas a costa de la publicidad oficial.

• Vinicio Alvarado, secretario de la Administración, por haber recibido 10.000 dólares mensuales, de acuerdo a una denuncia del gerente de Casinos INVERMUN.

• Ricardo Patiño, ex ministro coordinador de la Política, acusado de promover una red de espionaje desde Carondelet, con los famosos “pativideos”.

• El fiscal de la Nación, Washington Pesantes, también llevó su parte por no tramitar las denuncias de posible corrupción contra Karla Chávez, alcaldesa de Babahoyo, Luis Monge, jefe político del cantón Guayaquil, Mercedes Diminich, Gastón Gagliardo y Juan Carlos Cassinelli, asambleístas de Alianza PAIS.

• Un informe preliminar de la Contraloría detectó errores en la aplicación de contratos y ejecución de obras en al menos 29 contratos suscritos por el ex ministro de Agricultura, Walter Poveda, el 12 de octubre de 2010.

• El ex subsecretario de Relaciones Exteriores del Litoral, Juan Aguiñaga, hermano de la ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, y los notarios Marcos Díaz y Julio Olvera fueron llamados a juicio con orden de prisión preventiva por el juez IV de Garantías Penales del Guayas, Jorge Mestanza, por supuesta falsificación de documentos de ciudadanos cubanos.

"Me saco el sombrero": En el País del cholito y Bonafon

Esto pasa solo en el Ecuador

Cuando uno mira la propaganda televisiva del Gobierno de la Revolución Ciudadana”, en donde dos ex “periodistas”, hoy “payasitos del gobierno” realizan una comedia medio interesante para reírse, pero para la vida real, es un comedia vergonzosa.

En la comedia propagandista, el “cholito” está enfermo y acude a un hospital, pero como arte de magia él se despierta en una clínica y según el esta sonámbulo de la excelente atención que le dieron. Por ahí, aparece el narrador de fútbol “Bonafón”, y dice que no está en la clínica sino en un hospital, a tal punto que el “se saca el sombrero”, aunque el debería sacar su lloki no mas.

Para dar show al pueblo ecuatoriano esta bien; pero lo grave de la propaganda es que no dice “EN QUÉ PAÍS Y EN QUÉ HOSPITAL SE DESPERTÓ EL CHOLITO Y EN QUE ESPACIO NARRA LAS FANTASÍAS EL BONAFON”.

Tan irreal y tan desastrosa es la situación de la SALUD en el Ecuador, que desde hace semanas atrás escucho que el Presidente de la República ha declarado en emergencia el área de SALUD.

Durante estos 15 días también la Asamblea Nacional, se ha sumado por mayoría de votos ha exhortar con proyectos de resolución que algunas hospitales del país sean declarados en emergencia.

Pero lo que ni el Cholito ni el Bonafón esperaban es que hoy, una Asambleísta de Alianza País, pida que se declare la Emergencia de SALUD en Santo Domingo de los Tzachilas, Galápagos y Santa Elena. Así que como también Cotopaxi esta en la peor condición, me levante y pedí que se declare en emergencia el hospital de Latacunga y se inicie la construcción en este año.

Mínimo se mueran los "payasitos". Se levantó la otra Asambleísta de PAIS, y pidió mejor que todos los Hospitales del Ecuador sean declarados en emergencia porque el desastre es en todo el país. Como era de esperarse se aprobó por unanimidad esta resolución de emergencia de SALUD.

AHORA SI EL BONAFON DIRÁ “ME ESCONDO EL SOMBRERO”, PORQUE QUE VERGÜENZA DE SALUD TENEMOS, Y EL CHOLITO CON ESTO, NO CREA QUE LE CONVENGA ENFERMARSE PORQUE EN LA VIDA REAL, LA PRÓXIMA PROPAGANDA DEBERÁ HACER EN UNA SALA DE VELACIONES Y ACOMPAÑANDO FUNERALES…COMO PASA EN LA VIDA REAL

Marcelo Rivera Presidente Nacional de la FEUE se solidarizó con la FESE

y los convocó a unir fuerzas con todas las organizaciones estudiantiles – juveniles para enfrentar a este gobierno que persigue a los jóvenes estudiantes

Frente a las declaraciones del Presidente Correa en su enlace sabatino nro. 209 realizado hoy en el cantón Pujilí, en el cual señaló que “los dirigentes de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador – FESE son “tirapiedras que interrumpen clases”. Marcelo Rivera Presidente de la FEUE Nacional se pronunció de forma inmediata desde la cárcel nro. 2 y denunció que el gobierno pretende destruir a las organizaciones de estudiantes de secundarios y universitarios, que mantienen una posición de lucha en contra del gobierno y sus políticas derechistas.

El líder universitario manifestó que estas declaraciones demuestran la intensión que tienen el gobierno de desprestigiar y calumniar a las organizaciones que no se someten a las políticas del régimen, para luego buscar algún pretexto para perseguirlos y encarcelarlos, todo esto en la línea de “criminalizar la protesta social” y evitar que la juventud se levante en contra de la prepotencia del gobierno, en ese marco está la “consulta mañosa” con la que Correa busca apoderarse de la justicia para perseguir a los jóvenes.

Rivera anunció que convocará a los líderes de las organizaciones estudiantiles y juveniles como la FESE, la Federación de Estudiantes Politécnicos (FEPE), la Juventud Revolucionaria del Ecuador (JRE), el FRIU, y otras, para en unidad de acción exigir respeto a la juventud organizada que de forma permanente está siendo víctima de una persecución política por parte del régimen.

Es necesario fortalecer la unidad de las organizaciones juveniles, para defender nuestro derecho a la protesta, a la movilización y libre expresión; que se cumpla con el primer empleo para la juventud tal como establece la constitución, que se haga realidad la gratuidad de la educación, que se respete el medio pasaje, y otras conquistas estudiantiles que hoy están siendo vulneradas por el gobierno que es netamente anti-popular y anti.-estudiantil, finalizó el Presidente de la FEUE.

La sentencia a Texaco y el ITT

Edgar Isch L.

Hace dos días se dio a conocer la sentencia emitida por el doctor Nicolás Zambrano, juez de la Corte de Nueva Loja, mediante la cual se establece la culpabilidad de la compañía norteamericana Chevron-Texaco en la destrucción ambiental y social provocada a lo largo de 26 años de operación de esa empresa en la Amazonía ecuatoriana. Varios estudios de expertos han marcado la magnitud del daño, comparable tan solo con la explosión de la planta nuclear de Chernobil y muy superior a otras grandes destrucciones ligadas con la explotación petrolera, como el derrame del Exxon- Valdez o el más reciente de British Petroleum en el Golfo de México.

El dictamen del Juez obliga a pagar a Chevron- Texaco un valor total que está cercano a los 9.500 millones de dólares, que se duplicaría si en 15 días no piden disculpas públicas a las víctimas utilizando medios de Ecuador y de Estados Unidos. El monto entra en discusión, pues en última instancia, se quiera o no, se está valorando la vida de la naturaleza y de las personas de la zona y existen estimativos, técnicamente realizados, muy superiores a los planteados por el juez, pero es un resultado ejemplar que deja huellas en el mundo.

La primera lección, está en que este triunfo de una lucha por justicia ambiental ha sido empujada por los sectores populares, colonos y cinco nacionalidades indígenas, que se unieron, se organizaron alrededor del Frente de Defensa de la Amazonía, formaron cuadros políticos y técnicos, usaron los caminos de lucha a su alcance, supieron generar alianzas y tuvieron la constancia de llevar adelante este juicio desde 1993, a pesar de las artimañas de la empresa acusada. Bravo por ellos y su ejemplo que no solo pesa en el Ecuador, sino que se convierte en un antecedente a escala mundial. Ojalá su ejemplo rápidamente se desparrame por todos los países afectados por las transnacionales.

Triunfo de pueblo organizado, entonces, y no de un Estado que no ha tenido acción en defensa de sus ciudadanos, como no la ha tenido en los posteriores procesos contaminantes de las otras empresas petroleras y, entre ellas, de la estatal Petroecuador. Estado que aceptó como valedera una “remediación” que no fue más que “poner la basura debajo de la alfombra” o, en este caso, tapar los huecos donde depositaban petróleo (llamarlos “piscinas” es excesivo) para ocultarlos a la vista, cumpliendo el objetivo de Texaco que firmó un contrato llamado de “Ejecución de trabajos de reparación medioambiental y liberación de obligaciones, responsabilidades y demandas.”

En el discurso oficial se dirá que “ahora es otro Estado”, pero la involución gubernamental hacia la derecha y la última renegociación de contratos petroleros, a la que hay que sumar “el bobo aperturismo” a las trasnacionales mineras, demuestran que no es más que la derecha en el poder. Todavía más: muchas acciones de los luchadores contra Texaco y sus aliados solidarios, en el gobierno actual podrían haberse judicializado como actos de “terrorismo y sabotaje”, acusación basada en una Ley de la última dictadura, revivida en estos años contra los luchadores populares.

Pero el caso Texaco tiene relación también con la propuesta de no extracción de crudo en el campo ITT, una de las pocas áreas no afectadas del Parque Yasuní. Esto, porque el discurso que insiste en que el Ecuador “se sacrifica” si se deja el petróleo bajo suelo, queda en condición, por lo menos, dudosa.

Contando desde el inicio de la exploración en la Península Santa Elena, el Ecuador cumplió en este enero 100 años de actividad petrolera. Si el discurso extractivista fuera cierto, ya deberíamos tener un alto desarrollo y estar en el llamado “primer mundo”, pero los hechos demuestran que no es así.

En consecuencia, el anunciado “desarrollo” tampoco ha llegado como resultado de la explotación petrolera desde el Boom Petrolero de los años 70. Por el contrario, es muy fácil ver lo que el Ecuador y la región Amazónica verdaderamente han sacrificado en estos largos años:

- Dos pueblos indígenas, los Tetetes y los Sansahuaris, junto a sus culturas, desaparecieron de la faz del planeta. ¿Qué precio le ponen a ese acto que puede ser calificado como genocidio? Si se explota el ITT, una factibilidad muy cercana es la desaparición de dos pueblos libres o no contactados, los Tagaeri y Taremenani.

- La enorme destrucción ambiental y social, cuya reparación integral, según una parte de los peritos ubica en 27.500 millones de dólares solo para el caso Texaco. Si se suma de todas las empresas petroleras: ¿A cuánto llegará la pérdida económica? Haciendo una suma y resta frente a todo lo que ha ingresado a la caja fisca debido al petróleo en estos años, es muy probable que la cuenta a favor del petróleo sea mínima o incluso nula. ¿Vale sacrificar tanto por tan poco?

- Las petroleras utilizaron gigantescas cantidades de agua sin pagar por su uso y aprovechamiento porque la Ley les permitía contar con el líquido vital.

- En el área de explotación petrolera, los casos de cáncer llegan a un 31%, cuando el promedio nacional es de 12,3%. ¿Cuál es el precio de cada familia afectada? ¿Queremos más de lo mismo?

- Otras afecciones a la salud, especialmente de piel, respiratorias y gástricas se multiplican en la zona petrolera.

- La vida social se vio afectada con la imposición de un modo de vida distinto al propio de las culturas indígenas, además del impulso de lacras como la violencia, prostitución y alcoholismo, siempre ligadas a las actividades extractivistas.

- Desarrollo de actividades de lucro individual a partir de los daños ambientales, como son los derrames intencionados y provocados ampliamente mientras estaba vigente el sistema tercerizado de remediación ambiental, con beneficios a empresas privadas.

- La explotación petrolera en el marco del mercado capitalista y con gobiernos de derecha, condujo al país a una estrategia de “desarrollo” que implicó dependencia de un solo producto y del mercado internacional, freno al desarrollo de otras áreas productivas, entrega de los recursos petroleros a los grandes oligarcas (sucretización de la deuda externa privada, subsidios a las grandes empresas, salvataje bancario, entre otros), corrupción, ineficiencia.

- El Estado dejó de actuar en la zona entregando la soberanía a las empresas transnacionales que, mediante mecanismos de “relacionamiento social”, entregaban espejos para extraer oro negro sin oposición comunitaria, a las cuales dividieron y llevaron a procesos de confrontación interna. Para colmo, los cantones de producción petrolera se cuentan entre los de mayor pobreza en el Ecuador de hoy.

Con estos datos, cabe preguntarse considerando el juicio a Texaco: ¿no habría sido mejor dejar el crudo en el subsuelo? ¿No habría sido mejor haber defendido la naturaleza y la vida de los ecuatorianos? O, en miras al futuro: ¿No será mejor no sacrificar al país por la lógica extractivista ya sea petrolera, minera o agrícola de gran escala?

Por más tecnología de punta que se anuncie, ninguna es ambientalmente segura, tal y como se demuestra en los últimos derrames de BP en el Golfo de México o de OCP en Ecuador. Las actividades extractivistas tienen un efecto perjudicial que no puede ser llamado simplemente como “externalidades” a la producción económica.

Para que la historia no se repita, para aprender del proceso de enjuiciamiento a Texaco y del ejemplo de los afectados que lo iniciaron y continúan, para defender nuestra soberanía, hay que impulsar la propuesta de no extracción de crudo en el ITT. Esa será una más de las formas de demostrar nuestra solidaridad con los luchadores de la Amazonía, cuyo justo combate no ha terminado.

Ecuador: Seria preocupación por el uso indebido de la figura de terrorismo

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) expresan su preocupación por la creciente criminalización de la protesta social de las comunidades indígenas del Ecuador movilizadas en la exigencia de sus derechos frente a la explotación minera a gran escala en sus territorios.

En efecto, luego de las manifestaciones del 30 de septiembre de 2009 en la provincia de Morona Santiago, 7 dirigentes Shuar han sido acusados de terrorismo organizado, 3 en calidad de autores y detenidos, 4 en calidad de encubridores sin detención y 4 sobreseídos provisionalmente (absueltos). El 1° de febrero de 2011, José Acacho González, Presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar y uno de los indígenas acusados, fue detenido en un operativo conjunto del Ejército y la Policía Nacional. Ese mismo día fueron detenidos también Pedro Mashiant Chamik y Fidel Kaniras Taish y conducidos primero a la Comandancia de la Policía de Macas, luego a la cárcel local y finalmente, en horas de la tarde, al penal García Moreno en la ciudad de Quito.

El objeto de las protestas de septiembre 2009 fue el proyecto de Ley de Recursos Hídricos. Las comunidades indígenas consideran que dicho proyecto no protege las fuentes de agua de los daños que causan las actividades industriales, y que la Ley de Minería no define de manera precisa las precauciones que deben tomar las empresas titulares de concesiones para evitar la contaminación de las reservas de agua.

La FIDH, CEDHU, INREDH y CDES consideran que asimilar a los indígenas Shuar, movilizados en la defensa de sus derechos, con el «terrorismo» menoscaba gravemente los principios internacionales en materia del derecho a la protesta y contraviene la definición internacional de lo que constituyen actos terroristas.

En ese sentido resulta preocupante la aplicación del artículo 160.1 del Código efectuada por el Presidente de la Corte Provincial de Morona Santiago al emitir el auto de llamamiento a juicio. Asimilar las acciones de protesta social emprendidas por el Pueblo shuar en ejercicio de su derecho a la organización, a la libertad de asociación y de expresión garantizados en la Constitución Política del Ecuador y en instrumentos internacionales como la Convención Americana y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, con el delito de terrorismo tipificado en el Art. 160.1 de la legislación penal, desvirtúa peligrosamente el marco jurídico legal hacia la criminalización de la protesta social. Más aún cuando el derecho a la resistencia está plenamente garantizado en la actual Carta Política del Ecuador.

Un acto de protesta pública no constituye delito de terrorismo organizado, por lo tanto el Estado en cumplimiento de su Constitución y obligaciones internacionales debe absolver a los indígenas detenidos, sin perjuicio de investigar de forma objetiva e imparcial la muerte del profesor Bosco Wisuma. Existe el justo temor de que los indígenas mencionados hayan sido imputados en esta causa por el mero hecho de ser dirigentes organizacionales y/o de haberse opuesto, a través de una manifestación pública, al proyecto de Ley de Recursos Hídricos inconsulto del Gobierno,. Por esta razón, nuestras organizaciones condenan la criminalización de la protesta en el Ecuador así como el apelar a la justicia nacional para acallar las demandas sociales.

Cabe destacar que estos hechos ocurren en el marco de la implementación de megaproyectos de minería a cielo abierto en territorios indígenas por parte de empresas extranjeras, la cual, aunada a la ausencia de vigilancia estatal a sus actividades, ha contribuido a incrementar la conflictividad social y a ocasionar la vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades. Las protestas que se vienen desarrollando a nivel nacional desde el 2005 están directamente vinculadas a la falta de participación de las poblaciones afectadas en la gestión ambiental, a la ausencia de un proceso de diálogo y de mecanismos de consulta previa e informada a la población local, y por último, a la no-aplicación de la consulta indígena garantizada por el Convenio 169 de la OIT y la Constitución.

Asimismo, la FIDH, la CEDHU, el INREDH y el CDES también expresan su preocupación por el hecho de que pese a las amnistías resueltas por la Asamblea Nacional Constituyente en 2008 a favor de las personas afectadas por investigaciones y procesos judiciales enmarcados en acciones de defensa de del territorio y del agua, se continúe reprimiendo, deteniendo y enjuiciando a ciudadanos comprometidos con la exigibilidad de los derechos de sus comunidades.

Adicionalmente, recuerdan que el derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunidades y pueblos indígenas está contemplado en el artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador así como en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y reiteran su máxima preocupación por la vulneración de derechos humanos en los contextos mencionados.