Alcalde de Quito busca criminalizar la protesta social

Provoca pena conocer que Quito tiene un alcalde que no encuentra otro mecanismo que insultar y descalificar a las personas cuando éstas ponen al descubierto su incapacidad de gestión administrativa sostuvo Natasha Rojas, presidenta nacional de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador CUBE, a propósito de la comparación que Augusto Barrera la hiciera a ella y a Ciro Guzmán, director provincial del MPD con la desaparecida Mama Lucha que años atrás extorsionaba a los comerciantes minoristas de la capital. Esas declaraciones las vertió el alcalde en Radio Democracia.

Tal comparación forma parte de la línea de criminalización de la protesta popular aplicada por el gobierno y ahora asumida por Barrera, con lo que se pretende justificar la represión, dijo la dirigente social.

Rojas señaló que la organización a la que representa, al igual que otros sectores, no solo que han cuestionado la manifiesta incapacidad de la actual administración municipal, sino que además han presentado propuestas específicas ante los problemas que aquejan a la capital. Barrera debería preocuparse por los graves problemas que afectan a quienes vivimos en Quito, mostrar algo de liderazgo y capacidad para resolver los problemas como el caos vehicular, la inseguridad ciudadana, la faltas de obras en los barrios, los baches y huecos existentes prácticamente en toda la ciudad. Quito necesita de manera urgente un alcalde, antes de que se ahogue en un mar de problemas, enfatizó Rojas.

También emplazó al alcalde a un debate público sobre los distintos problemas de la ciudad, entre ellos el comercio autónomo y/o informal. Dijo, además, estar segura que el alcalde no tendrá el valor de dirigirse a ella en esos términos frente a frente y cuando sus funciones administrativas cesen. Está, como todo este gobierno, mareado por el poder.

La criminalización de la protesta es una política de Estado

La criminalización de la protesta es una política de Estado a través de la cual se gesta y adecuan medidas legales, se reforman instituciones para que actúen con efectividad en la represión al pueblo

Desde varios sectores se acusa al gobierno que éste ha iniciado un proceso de criminalización de la protesta social, que tendría como propósito fundamental impedir –o al menos neutralizar- las acciones de protesta que distintos sectores levantan en contra de la política anti-popular del gobierno. Pruebas al respecto sobran: más de 280 ecuatorianos enfrentan procesos judiciales en los que se los acusa de sabotaje y acción terrorista, algunos de ellos sancionados ya con prisión como los casos de Marcelo Rivera, presidente nacional de la FEUE, los ocho campesinos del cantón Nabón o el Rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi, Ing. Hernán Yánez.

Cuando se habla de criminalización de la protesta su tipificación no se circunscribe a calificar al gobierno que lo aplica únicamente como represivo. Es eso, por supuesto, pero va mucho más. La criminalización de la protesta es una política de Estado aplicada por las clases dominantes a través de la cual gestan y adecuan una serie de medidas que, una vez institucionalizadas, aparecen como naturales y jurídicas, aunque contraríen o nieguen derechos fundamentales de la población.

Un elemento característico de la criminalización de la protesta es juzgar, tipificar y sancionar el comportamiento de las organizaciones sociales y de sus líderes bajo el lente del Código Penal. De esta forma un reclamo, una protesta callejera, una huelga reconocidos por la Constitución como derechos se convierten, o mejor dicho, las convierten en acciones punibles, es decir, en delitos.

Pero para que sus efectos políticos sean totales, la preeminencia del Código Penal no es suficiente; los grupos que controlan el poder requieren además otro tipo de leyes, reformar las existentes y contar con organismos o aparatos que garanticen integralmente la ejecución de su política de criminalización, para cuyo caso además no solo se apoyan en los entes jurídicamente establecidos, sino también en acciones y operaciones fuera de la legalidad.

En el país vivimos hoy el proceso de creación de una institucionalidad para ese fin. El control total de las cortes de justicia y el endurecimiento de las penas forman parte de esa política de Estado orientada a crear y contar con un aparato de control y represión al movimiento de masas, y su posible materialización o ejecución se la hace a nombre de la utilización de un instrumento democrático como es una consulta popular. Visto así las cosas, el propósito de esta consulta es mucho más complejo, porque el afán de controlar la justicia va en la línea de contar con andamiaje jurídico-estatal fuerte para reprimir pero flexible para los intereses de quien gobierna.

En el mismo propósito el gobierno actúa en otro campo: la formación de los aparatos represivos. Los mundialmente conocidos por el salvajismo como actuaron bajo el gobierno de Augusto Pinochet en contra de la izquierda y el pueblo en general, los “carabineros de Chile”, por acuerdo firmado por el gobierno se encargarán del adiestramiento de la Policía Nacional. Es fácil suponer qué aprenderán de una Policía inescrupulosa y experimentada en torturar y desaparecer personas.

Así mismo, las medidas planteadas por el gobierno que cambian la composición y dirección de algunas instancias de la Policía Nacional, y que en concreto ponen bajo la conducción de un funcionario de gobierno las labores de inteligencia policial, forman parte del propósito denunciado líneas arriba.

Por último está el control de la opinión pública. En realidad, como lo descubren muchos especialistas en el tema de la comunicación, la denominada opinión pública es creada desde las altas esferas a través del discurso oficial difundido a través de los grandes medios. No es casual entonces que el gobierno tenga mucho celo en controlar varios canales de televisión, estaciones de radio, periódicos como El Telégrafo, El Ciudadano, El Popular, Metro Quito, haya creado una agencia de noticias (Andes) y llene las pantallas de tv con cadenas o enlaces obligatorios.

El gobierno, o mejor dicho, la facción burguesa que hoy controla este gobierno impulsa una serie de medidas, acciones, reformas legales para garantizar que la criminación de la protesta sea una política de Estado al servicio de quienes en un momento o en otro pasen por los salones de Carondelet.

Ecuador: Seria preocupación por el uso indebido de la figura de terrorismo

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) expresan su preocupación por la creciente criminalización de la protesta social de las comunidades indígenas del Ecuador movilizadas en la exigencia de sus derechos frente a la explotación minera a gran escala en sus territorios.

En efecto, luego de las manifestaciones del 30 de septiembre de 2009 en la provincia de Morona Santiago, 7 dirigentes Shuar han sido acusados de terrorismo organizado, 3 en calidad de autores y detenidos, 4 en calidad de encubridores sin detención y 4 sobreseídos provisionalmente (absueltos). El 1° de febrero de 2011, José Acacho González, Presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar y uno de los indígenas acusados, fue detenido en un operativo conjunto del Ejército y la Policía Nacional. Ese mismo día fueron detenidos también Pedro Mashiant Chamik y Fidel Kaniras Taish y conducidos primero a la Comandancia de la Policía de Macas, luego a la cárcel local y finalmente, en horas de la tarde, al penal García Moreno en la ciudad de Quito.

El objeto de las protestas de septiembre 2009 fue el proyecto de Ley de Recursos Hídricos. Las comunidades indígenas consideran que dicho proyecto no protege las fuentes de agua de los daños que causan las actividades industriales, y que la Ley de Minería no define de manera precisa las precauciones que deben tomar las empresas titulares de concesiones para evitar la contaminación de las reservas de agua.

La FIDH, CEDHU, INREDH y CDES consideran que asimilar a los indígenas Shuar, movilizados en la defensa de sus derechos, con el «terrorismo» menoscaba gravemente los principios internacionales en materia del derecho a la protesta y contraviene la definición internacional de lo que constituyen actos terroristas.

En ese sentido resulta preocupante la aplicación del artículo 160.1 del Código efectuada por el Presidente de la Corte Provincial de Morona Santiago al emitir el auto de llamamiento a juicio. Asimilar las acciones de protesta social emprendidas por el Pueblo shuar en ejercicio de su derecho a la organización, a la libertad de asociación y de expresión garantizados en la Constitución Política del Ecuador y en instrumentos internacionales como la Convención Americana y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, con el delito de terrorismo tipificado en el Art. 160.1 de la legislación penal, desvirtúa peligrosamente el marco jurídico legal hacia la criminalización de la protesta social. Más aún cuando el derecho a la resistencia está plenamente garantizado en la actual Carta Política del Ecuador.

Un acto de protesta pública no constituye delito de terrorismo organizado, por lo tanto el Estado en cumplimiento de su Constitución y obligaciones internacionales debe absolver a los indígenas detenidos, sin perjuicio de investigar de forma objetiva e imparcial la muerte del profesor Bosco Wisuma. Existe el justo temor de que los indígenas mencionados hayan sido imputados en esta causa por el mero hecho de ser dirigentes organizacionales y/o de haberse opuesto, a través de una manifestación pública, al proyecto de Ley de Recursos Hídricos inconsulto del Gobierno,. Por esta razón, nuestras organizaciones condenan la criminalización de la protesta en el Ecuador así como el apelar a la justicia nacional para acallar las demandas sociales.

Cabe destacar que estos hechos ocurren en el marco de la implementación de megaproyectos de minería a cielo abierto en territorios indígenas por parte de empresas extranjeras, la cual, aunada a la ausencia de vigilancia estatal a sus actividades, ha contribuido a incrementar la conflictividad social y a ocasionar la vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades. Las protestas que se vienen desarrollando a nivel nacional desde el 2005 están directamente vinculadas a la falta de participación de las poblaciones afectadas en la gestión ambiental, a la ausencia de un proceso de diálogo y de mecanismos de consulta previa e informada a la población local, y por último, a la no-aplicación de la consulta indígena garantizada por el Convenio 169 de la OIT y la Constitución.

Asimismo, la FIDH, la CEDHU, el INREDH y el CDES también expresan su preocupación por el hecho de que pese a las amnistías resueltas por la Asamblea Nacional Constituyente en 2008 a favor de las personas afectadas por investigaciones y procesos judiciales enmarcados en acciones de defensa de del territorio y del agua, se continúe reprimiendo, deteniendo y enjuiciando a ciudadanos comprometidos con la exigibilidad de los derechos de sus comunidades.

Adicionalmente, recuerdan que el derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunidades y pueblos indígenas está contemplado en el artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador así como en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y reiteran su máxima preocupación por la vulneración de derechos humanos en los contextos mencionados.

El “terrorismo made in Ecuador”

En Ecuador, luchador social que no es cooptado por el gobierno, es tratado como “terrorista”

Caminando por el centro de Quito, se puede leer grafittis en diversos muros “Libertad para Marcelo Rivera”. Grafittis exigiendo la libertad de presos son imágenes típicas de una dictadura, ¿qué estarían haciendo allí? En realidad, si no podemos aún llamar a Ecuador, con Correa, de dictadura, es innegable que el gobierno emprende una escalada rumbo a un régimen autoritario y represivo.

Un régimen, por lo tanto, cuya represión tiene un sentido muy bien definido: es direccionado a los movimientos sociales que chocan con el gobierno. Antes, incluso, de los acontecimientos del 30 de septiembre, 286 personas fueron procesadas por “terrorismo”. De esas, 72 sólo del movimiento indígena. Como afirmó la revista Vanguardia, “terrorista” en Ecuador no tiene el rostro de un árabe, sino el perfil de un sindicalista, o de un líder estudiantil o indígena.

Criminalización o cooptación

“La política del gobierno para los movimientos sociales tiene dos alternativas: o la cooptación o la criminalización”, explica Miguel Merino, profesor de Sociología de la Escuela Politécnica Nacional. Simbólicamente, el día 30 de septiembre del 2009, exactamente un año antes del levantamiento policial, un activista moría durante una represión policial a una protesta contra la Ley del Agua.

El retrato más próximo de esa política de criminalización es el del líder estudiantil cuyo nombre se estampa en los muros de Quito. Marcelo Rivera era presidente de la FEUE, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Después de una manifestación en defensa del libre acceso a la universidad, fue apresado y juzgado por terrorismo y sabotaje, siendo sentenciado a tres años de prisión, además de una multa de 300 mil dólares. Luego de ser tomadas en consideración todas las acusaciones que le imputaban, el líder estudiantil debería estar encerrado por más de 20 años.

El dirigente petrolero Diego Cano, presidente de la Federación de Petroleros del país, fue llamado a declarar en la justicia acusado de “atentar contra la seguridad interna del Estado”, solamente por haber estado en la Asamblea Nacional un día antes del 30-S, con una comisión de funcionarios públicos acompañando el trámite de la Ley de Servicios Públicos.

”El presidente fue a la TV y dijo que Marcelo Rivera debería ser apresado; de ahí, otro día un juez pide la prisión para él; aquí la justicia hace lo que manda Correa”, acusa Cano. “He aquí un país que se dice ‘democrático’, donde hay presos de conciencia, presos políticos”, afirma el petrolero.

Recientemente, el gobierno de Correa envió un proyecto de ley que reforma la norma sobre Seguridad Pública y del Estado, y posibilita a las Fuerzas Armadas intervenir en “protección interna y mantener el control del orden”, bajo el mando del presidente.