El “terrorismo made in Ecuador”

En Ecuador, luchador social que no es cooptado por el gobierno, es tratado como “terrorista”

Caminando por el centro de Quito, se puede leer grafittis en diversos muros “Libertad para Marcelo Rivera”. Grafittis exigiendo la libertad de presos son imágenes típicas de una dictadura, ¿qué estarían haciendo allí? En realidad, si no podemos aún llamar a Ecuador, con Correa, de dictadura, es innegable que el gobierno emprende una escalada rumbo a un régimen autoritario y represivo.

Un régimen, por lo tanto, cuya represión tiene un sentido muy bien definido: es direccionado a los movimientos sociales que chocan con el gobierno. Antes, incluso, de los acontecimientos del 30 de septiembre, 286 personas fueron procesadas por “terrorismo”. De esas, 72 sólo del movimiento indígena. Como afirmó la revista Vanguardia, “terrorista” en Ecuador no tiene el rostro de un árabe, sino el perfil de un sindicalista, o de un líder estudiantil o indígena.

Criminalización o cooptación

“La política del gobierno para los movimientos sociales tiene dos alternativas: o la cooptación o la criminalización”, explica Miguel Merino, profesor de Sociología de la Escuela Politécnica Nacional. Simbólicamente, el día 30 de septiembre del 2009, exactamente un año antes del levantamiento policial, un activista moría durante una represión policial a una protesta contra la Ley del Agua.

El retrato más próximo de esa política de criminalización es el del líder estudiantil cuyo nombre se estampa en los muros de Quito. Marcelo Rivera era presidente de la FEUE, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Después de una manifestación en defensa del libre acceso a la universidad, fue apresado y juzgado por terrorismo y sabotaje, siendo sentenciado a tres años de prisión, además de una multa de 300 mil dólares. Luego de ser tomadas en consideración todas las acusaciones que le imputaban, el líder estudiantil debería estar encerrado por más de 20 años.

El dirigente petrolero Diego Cano, presidente de la Federación de Petroleros del país, fue llamado a declarar en la justicia acusado de “atentar contra la seguridad interna del Estado”, solamente por haber estado en la Asamblea Nacional un día antes del 30-S, con una comisión de funcionarios públicos acompañando el trámite de la Ley de Servicios Públicos.

”El presidente fue a la TV y dijo que Marcelo Rivera debería ser apresado; de ahí, otro día un juez pide la prisión para él; aquí la justicia hace lo que manda Correa”, acusa Cano. “He aquí un país que se dice ‘democrático’, donde hay presos de conciencia, presos políticos”, afirma el petrolero.

Recientemente, el gobierno de Correa envió un proyecto de ley que reforma la norma sobre Seguridad Pública y del Estado, y posibilita a las Fuerzas Armadas intervenir en “protección interna y mantener el control del orden”, bajo el mando del presidente.