La clase trabajadora es la que forja la riqueza; su trabajo; aporta al desarrollo social y económico de nuestro país. Su tradición de lucha ha permitido que se alcance grandes conquistas democráticas y en beneficio de los pueblos del Ecuador.
Los gobiernos de derecha y el reformismo han desarrollado medidas políticas, jurídicas e ideológicas para limitar su rol social, desmovilizar y desunirla. El gobierno de Correa no ha sido la excepción. Una de las expresiones de la derechización de este gobierno y el abandono de su propuesta programática se expresa en el impulso de leyes anti obreras como la de Servicio Público y el Código de la Producción, los decretos presidenciales y acuerdos ministeriales que limitan la contratación colectiva; sumado a los intentos de criminalización de la lucha social, división y desconocimiento de organizaciones sindicales entre otras.
La Federación Unitaria de Organizaciones Sindicales de Pichincha (FUOS) filial de la UGTE realizó el pasado 9 de septiembre de 2010, la sesión de delegados de los sindicatos filiales que resolvió:
· Reafirmar nuestra posición de independencia política frente al gobierno de Correa y a la oposición burguesa. Luchamos por la defensa de los derechos laborales, por que se ejecute los derechos establecidos en la Constitución.
· Rechazar los vetos establecidos por el gobierno a la Ley de Servicio Público que limita la estabilidad laboral, restringe los derechos de los trabajadores y trabajadoras y llamar a movilizarse por la defensa de los derechos. Exigimos el juicio político al Ministro de Relaciones Laborales por la política anti obrera que ha venido empujando.
· Convocar al XII Congreso Provincial de la FUOS para el 29 de octubre del 2010. En este evento debatiremos la posición política de nuestra organización frente a la política laboral del gobierno de Correa, las tareas del movimiento sindical revolucionario y la elección democrática de la nueva directiva.
· Expresar la solidaridad con el compañero Marcelo Rivera Presidente Nacional de la FEUE, perseguido político por el gobierno de Correa y los demás dirigentes estudiantiles y populares que son objeto de persecución y juicios por oponerse a la política desarrollista y extractivista que intenta limitar las conquistas democráticas.
lunes, 20 de septiembre de 2010
martes, 14 de septiembre de 2010
Veto a la Ley de Servicio Público atenta contra los derechos de las servidoras y servidores públicos del país
El Asambleísta Linder Altafuya, informó que el día de ayer jueves 9 de septiembre, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social aprobó el Informe sobre el veto presidencial a la Ley de Servicio Público. En el mencionado informe se rechazan todas las inconstitucionalidades planteadas por el Presidente Correa que atentan a la estabilidad de las servidoras y servidores públicos del país.
Linder Altafuya, manifestó que entre los principales aspectos del veto de Correa que fueron negados por la Comisión porque lesionan los derechos de las servidoras y servidores públicos del país, se encuentran los siguientes: la rebaja de la indemnización por supresión de partidas o beneficio por jubilación de siete salarios básicos unificados a solo cinco, y de un total de doscientos diez salarios básicos unificados a ciento cincuenta, indemnización que además pretenden pagarla con bonos del Estado; la obligación de jubilarse a los 70 años de edad, pues gozar de la jubilación ha sido siempre un derecho de las servidoras y servidores públicos no una obligación; la discriminación a las personas de 65 años de edad, disponiendo que a los 65 años se habrá llegado “al tope de la carrera y no se podrá ascender”, esto violenta el principio de no discriminación e igualdad ante la Ley; la derogatoria de la jornada especial para médicos, enfermeras, obstetrices, auxiliares de enfermería, tecnólogos médicos, etc.
Esta jornada está regulada incluso por tratados internacionales, por ello su derogatoria significaría un retroceso en el ámbito de los derechos de este sector de servidores y servidoras públicas que en el desempeño de sus labores diarias corren altos riesgos, el gobierno pretende sobrexplotar a los profesionales de la salud, para no contratar o cubrir el gran déficit de personal médico y asistencial que tienen los hospitales públicos.
Altafuya concluyó haciendo un llamado a las organizaciones de servidores públicos del país a manifestarse en contra de este veto que es inconstitucional y que lo que pretende es sacar de las instituciones del Estado a miles de servidoras y servidores públicos del país.
Linder Altafuya, manifestó que entre los principales aspectos del veto de Correa que fueron negados por la Comisión porque lesionan los derechos de las servidoras y servidores públicos del país, se encuentran los siguientes: la rebaja de la indemnización por supresión de partidas o beneficio por jubilación de siete salarios básicos unificados a solo cinco, y de un total de doscientos diez salarios básicos unificados a ciento cincuenta, indemnización que además pretenden pagarla con bonos del Estado; la obligación de jubilarse a los 70 años de edad, pues gozar de la jubilación ha sido siempre un derecho de las servidoras y servidores públicos no una obligación; la discriminación a las personas de 65 años de edad, disponiendo que a los 65 años se habrá llegado “al tope de la carrera y no se podrá ascender”, esto violenta el principio de no discriminación e igualdad ante la Ley; la derogatoria de la jornada especial para médicos, enfermeras, obstetrices, auxiliares de enfermería, tecnólogos médicos, etc.
Esta jornada está regulada incluso por tratados internacionales, por ello su derogatoria significaría un retroceso en el ámbito de los derechos de este sector de servidores y servidoras públicas que en el desempeño de sus labores diarias corren altos riesgos, el gobierno pretende sobrexplotar a los profesionales de la salud, para no contratar o cubrir el gran déficit de personal médico y asistencial que tienen los hospitales públicos.
Altafuya concluyó haciendo un llamado a las organizaciones de servidores públicos del país a manifestarse en contra de este veto que es inconstitucional y que lo que pretende es sacar de las instituciones del Estado a miles de servidoras y servidores públicos del país.
viernes, 3 de septiembre de 2010
El Frente Revolucionario de Izquierda Universitaria, a la comunidad
El Frente Revolucionario de Izquierda Universitaria,
al Rector, miembros del HCU y
a la comunidad centralina:
La Asamblea de la Universidad Ecuatoriana, en su última sesión realizada en Guayaquil, resolvió solicitar al Presidente Correa devuelva el Proyecto de Ley de Educación Superior a la Asamblea, para que este sea archivado, puesto que fue aprobado ilegalmente con el voto del legislador Eduardo Paredes quien no podía actuar en la sesión ya que su principal Washington Cruz no se había excusado previamente.
Además, los universitarios resolvimos continuar en la misma línea de unidad con la finalidad de defender los principios fundamentales como son la autonomía, cogobierno, gratuidad, libertad de cátedra y fundamentalmente el derecho a una enseñanza de calidad.
Consideramos que la autonomía es fundamental para que la universidad pueda desarrollar el pensamiento crítico, la ciencia y el conocimiento; es una condición para que el Alma Mater no esté sometida a los designios de los gobiernos de turno ni los círculos de poder económico. En las últimas décadas los universitarios resistimos con nuestra lucha a los intentos de los gobiernos neoliberales de vulnerarla o eliminarla y hoy estamos ante el compromiso histórico de defenderla.
La unidad y lucha del Sistema Universitario Ecuatoriano, obligó a los Asambleístas gobiernistas a introducir artículos propuestos por la academia que recuperaban derechos fundamentales como la Dirección del Consejo de Educación Superior por parte de los universitarios, el FOPEDEUPO, la excepcionalidad para la pérdida de la gratuidad, jubilación complementaria para docentes, entre otras. Hoy, el Presidente Correa ha manifestado públicamente que vetará estas conquistas y, fundamentalmente, que el Ejecutivo será el que dirija los dos pilares del Sistema: Consejo de Educación Superior y Consejo de Evaluación y Acreditación
l presidir las principales instancias de administración del sistema: El Consejo de Educación Superior, El Consejo de Evaluación y Acreditación. El gobierno controlará a la universidad ecuatoriana y seguramente aplicará las atribuciones que le confiere esta ley con aquellas universidades que no se sometan dócilmente a sus designios como en el caso del artículo 153, literales g) y h) que dicen:
“…Aprobar la intervención de las universidades y escuelas politécnicas por alguna de las causales establecidas en esta Ley.”
“…Aprobar la suspensión de las universidades y escuelas politécnicas, en base al informe emitido por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior por alguna de las causales establecidas en esta Ley.”
O para chantajear políticamente y silenciar a las universidades aplicará el literal ñ) del mismo artículo que dice:
“…Disponer, previo informe del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, la suspensión de la entrega de fondos a las instituciones de educación superior, en la parte proporcional, cuando una o más carreras o programas no cumplan los estándares establecidos…”
La Asamblea de la Universidad Ecuatoriana convocó, a una movilización en todas las provincias para que el jueves 8 de septiembre, con la finalidad de demostrar al Presidente Correa y a sus asambleístas que el sistema universitario condena el hecho que se quiera aplicar una Ley que atenta contra la Constitución de la República , que no toma en cuenta los puntos de vista de los verdaderos actores del sistema y que no aportará al cambio que requieren las universidades en el campo académico, investigativo, administrativo y de extensión universitaria.
El FRIU, como organización de izquierda revolucionaria, defensora de la filosofía que ha guiado al sistema universitario latinoamericano, El Manifiesto Histórico de Córdoba, que concibe a la universidad como una institución democrática, científica y al servicio del pueblo, invita a la Autoridades universitarias, a los miembros del H. Consejo Universitario, a los compañeros estudiantes, docentes, empleados y trabajadores, a anteponer los principios universitarios y la defensa del Alma Mater, a los intereses individuales o de grupo y abrazar la línea de unidad propuesta en la ciudad de Guayaquil, para defender a la Universidad y los principios en que se sustenta.
Consideramos que el Rector Doctor Edgar Samaniego está en la obligación histórica de romper los vínculos que lo unen a un gobierno que ha traicionado a los universitarios y como máxima autoridad de nuestra institución encabezar una multitudinaria movilización el 8 de diciembre a la Presidencia de la República. Así mismo, hacemos un llamado a los Decanos, Vicedecanos, Representantes estudiantiles y laborales del HCU, a organizar en cada una de las facultades su participación en la marcha, como lo están haciendo las demás Universidades del país.
Fraternalmente,
BURÓ POLÍTICO DEL FRIU
Quito, septiembre del 2010.
al Rector, miembros del HCU y
a la comunidad centralina:
La Asamblea de la Universidad Ecuatoriana, en su última sesión realizada en Guayaquil, resolvió solicitar al Presidente Correa devuelva el Proyecto de Ley de Educación Superior a la Asamblea, para que este sea archivado, puesto que fue aprobado ilegalmente con el voto del legislador Eduardo Paredes quien no podía actuar en la sesión ya que su principal Washington Cruz no se había excusado previamente.
Además, los universitarios resolvimos continuar en la misma línea de unidad con la finalidad de defender los principios fundamentales como son la autonomía, cogobierno, gratuidad, libertad de cátedra y fundamentalmente el derecho a una enseñanza de calidad.
Consideramos que la autonomía es fundamental para que la universidad pueda desarrollar el pensamiento crítico, la ciencia y el conocimiento; es una condición para que el Alma Mater no esté sometida a los designios de los gobiernos de turno ni los círculos de poder económico. En las últimas décadas los universitarios resistimos con nuestra lucha a los intentos de los gobiernos neoliberales de vulnerarla o eliminarla y hoy estamos ante el compromiso histórico de defenderla.
La unidad y lucha del Sistema Universitario Ecuatoriano, obligó a los Asambleístas gobiernistas a introducir artículos propuestos por la academia que recuperaban derechos fundamentales como la Dirección del Consejo de Educación Superior por parte de los universitarios, el FOPEDEUPO, la excepcionalidad para la pérdida de la gratuidad, jubilación complementaria para docentes, entre otras. Hoy, el Presidente Correa ha manifestado públicamente que vetará estas conquistas y, fundamentalmente, que el Ejecutivo será el que dirija los dos pilares del Sistema: Consejo de Educación Superior y Consejo de Evaluación y Acreditación
l presidir las principales instancias de administración del sistema: El Consejo de Educación Superior, El Consejo de Evaluación y Acreditación. El gobierno controlará a la universidad ecuatoriana y seguramente aplicará las atribuciones que le confiere esta ley con aquellas universidades que no se sometan dócilmente a sus designios como en el caso del artículo 153, literales g) y h) que dicen:
“…Aprobar la intervención de las universidades y escuelas politécnicas por alguna de las causales establecidas en esta Ley.”
“…Aprobar la suspensión de las universidades y escuelas politécnicas, en base al informe emitido por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior por alguna de las causales establecidas en esta Ley.”
O para chantajear políticamente y silenciar a las universidades aplicará el literal ñ) del mismo artículo que dice:
“…Disponer, previo informe del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, la suspensión de la entrega de fondos a las instituciones de educación superior, en la parte proporcional, cuando una o más carreras o programas no cumplan los estándares establecidos…”
La Asamblea de la Universidad Ecuatoriana convocó, a una movilización en todas las provincias para que el jueves 8 de septiembre, con la finalidad de demostrar al Presidente Correa y a sus asambleístas que el sistema universitario condena el hecho que se quiera aplicar una Ley que atenta contra la Constitución de la República , que no toma en cuenta los puntos de vista de los verdaderos actores del sistema y que no aportará al cambio que requieren las universidades en el campo académico, investigativo, administrativo y de extensión universitaria.
El FRIU, como organización de izquierda revolucionaria, defensora de la filosofía que ha guiado al sistema universitario latinoamericano, El Manifiesto Histórico de Córdoba, que concibe a la universidad como una institución democrática, científica y al servicio del pueblo, invita a la Autoridades universitarias, a los miembros del H. Consejo Universitario, a los compañeros estudiantes, docentes, empleados y trabajadores, a anteponer los principios universitarios y la defensa del Alma Mater, a los intereses individuales o de grupo y abrazar la línea de unidad propuesta en la ciudad de Guayaquil, para defender a la Universidad y los principios en que se sustenta.
Consideramos que el Rector Doctor Edgar Samaniego está en la obligación histórica de romper los vínculos que lo unen a un gobierno que ha traicionado a los universitarios y como máxima autoridad de nuestra institución encabezar una multitudinaria movilización el 8 de diciembre a la Presidencia de la República. Así mismo, hacemos un llamado a los Decanos, Vicedecanos, Representantes estudiantiles y laborales del HCU, a organizar en cada una de las facultades su participación en la marcha, como lo están haciendo las demás Universidades del país.
Fraternalmente,
BURÓ POLÍTICO DEL FRIU
Quito, septiembre del 2010.
domingo, 29 de agosto de 2010
De vuelta a sus orígenes
Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente, ha señalado que el Presidente Rafael Correa ha sufrido “una liposucción ideológica del grupo que lo rodea y que mina sus sólidas bases revolucionarias de izquierda”. Seguro que Acosta se equivoca, lo que hoy ocurre con Correa tiene su origen años atrás, cuando, para ganar las elecciones presidenciales, experimentó un implante artificial de izquierdismo que, al pasar del tiempo, va perdiendo su efecto y mostrando la verdadera personalidad política del presidente.
Los tres años y medio de gestión presidencial son tiempo suficiente para descubrir qué se esconde detrás de las palabras –aunque en algunos casos el discurso es elocuente- y, sobre todo, a dónde nos conducen sus acciones.
Los primeros meses de su gestión nos acostumbró a su arenga efusiva y aparentemente antioligárquica, en la que los denominados pelucones se convirtieron en el blanco de ataque. El pueblo se sentía bien con ello, identificado con un personaje con los “pantalones bien puestos” para decir lo que todos sentían. La efusividad del presidente persiste, pero los blancos han variado; ahora, por excepción –o para guardar las apariencias- reprocha a uno que otro pelucón, mientras su artillería pesada la reserva para lanzarla en contra del movimiento popular organizado y los movimientos y partidos de izquierda que efectúan críticas a su gestión. Hace poco, en la sesión especial que la Asamblea Nacional de Venezuela efectuó para conmemorar los 199 años de la firma del Acta de Independencia, Correa manifestó que “el mayor peligro para los socialistas del siglo XXI no son los escuálidos, pitiyanquis o pelucones, porque ellos están derrotados y la gente los identifican como los enemigos de la patria, sino aquellos que toman nuestras propias banderas y con fundamentalismos e infantilismos absurdos le hacen un gran daño a los cambios que necesita nuestra región”. También aseveró que la dirigencia indígena del país es “apologista del primitivismo”. Casi en los mismos términos despectivos se refirió respecto de la izquierda y el movimiento indígena en la Cumbre del ALBA efectuada en Otavalo pocos días después.
El programa que el gobierno aplica lo sitúa como partidario de un keynesianismo desarrollista que conduce a una modernización capitalista, beneficiosa para la acumulación de sectores de la burguesía. Acompañando a ello, o como parte del proyecto, cursan medidas para fortalecer un estado liberal-burgués centralizado y autoritario. Una política así se encuentra distante de lo que podría entenderse como una revolución en curso o de un proyecto político de izquierda.
A propósito del debate provocado en el país durante la aprobación de varias leyes en la Asamblea Nacional, han quedado al descubierto algunos elementos ideológicos y políticos antidemocráticos y reaccionarios profesados por quienes ahora controlan la administración del Estado. Se ha pretendido, por ejemplo, eliminar conquistas políticas de carácter histórico que, inclusive, tienen connotación internacional, como la autonomía universitaria, o impedir la ejecución plena de todo cuanto implica el carácter plurinacional del país. Todo se resuelve con políticas concentradoras (secretarías dependientes de la Presidencia) que fortalecen al Estado capitalista imperante.
Esta centralización desplaza lo que en teoría constituía un pilar de la denominada “revolución ciudadana”: la participación popular. Ésta nunca ha existido como política promovida desde esferas gubernamentales, y cuando los sectores organizados han buscado exponer sus planteamientos han sido desatendidos y reprimidos. El mesianismo, del cual Rafael Correa cree estar investido, suplanta cualquier posibilidad de participación popular activa en los asuntos del Estado. Pablo Ospina, en un interesante artículo presentado en mayo pasado, devela cómo se mira así mismo el Presidente de la República y para eso cita el libro Ecuador: de Banana Republic a la No República, escrito por Rafael Correa. Reproducimos a Ospina: “El desarrollo económico, nos dice el presidente, a diferencia de lo que creen los fundamentalistas económicos, depende también del ‘capital social’ (la cohesión y confianza públicas), el ‘capital institucional’ (reglas formales predecibles y claras) y el ‘capital cultural’ (valores y reglas informales ancladas en la costumbre). Cuando ellas fallan, y el texto da a entender que en el Ecuador fallan completa y penosamente, queda el liderazgo: ‘Buenos líderes pueden ser fundamentales para suplir la ausencia de capital social, institucional y cultural’ (Correa 2009: 195). El libro termina con esa reflexión. Escrito en blanco y negro, queda claro que el presidente en verdad cree que su humilde persona puede ‘suplir’ a los actores sociales”.
De una propuesta y un discurso seudo-izquierdista Correa ha retornado a sus orígenes ideológico-políticos, proceso calificado por la izquierda ecuatoriana como derechización del presidente. Éste siempre alardeó su convicción frente a la doctrina social de la iglesia, conocida también como doctrina social cristiana. Sus promotores siempre han dejado en claro que esa doctrina no se propone poner fin al capitalismo y tampoco asumir el socialismo como alternativa. Ni lo uno ni lo otro equivale afirmar al primero, al capitalismo, con pequeños cambios que, teóricamente, lo hagan menos pesado para los más pobres, pero, al fin y al cabo, sin eliminar su carácter explotador. Esa convicción política le llevó a Correa a decir que no era ni anticapitalista, ni antiimperialista.
Los tres años y medio de gestión presidencial son tiempo suficiente para descubrir qué se esconde detrás de las palabras –aunque en algunos casos el discurso es elocuente- y, sobre todo, a dónde nos conducen sus acciones.
Los primeros meses de su gestión nos acostumbró a su arenga efusiva y aparentemente antioligárquica, en la que los denominados pelucones se convirtieron en el blanco de ataque. El pueblo se sentía bien con ello, identificado con un personaje con los “pantalones bien puestos” para decir lo que todos sentían. La efusividad del presidente persiste, pero los blancos han variado; ahora, por excepción –o para guardar las apariencias- reprocha a uno que otro pelucón, mientras su artillería pesada la reserva para lanzarla en contra del movimiento popular organizado y los movimientos y partidos de izquierda que efectúan críticas a su gestión. Hace poco, en la sesión especial que la Asamblea Nacional de Venezuela efectuó para conmemorar los 199 años de la firma del Acta de Independencia, Correa manifestó que “el mayor peligro para los socialistas del siglo XXI no son los escuálidos, pitiyanquis o pelucones, porque ellos están derrotados y la gente los identifican como los enemigos de la patria, sino aquellos que toman nuestras propias banderas y con fundamentalismos e infantilismos absurdos le hacen un gran daño a los cambios que necesita nuestra región”. También aseveró que la dirigencia indígena del país es “apologista del primitivismo”. Casi en los mismos términos despectivos se refirió respecto de la izquierda y el movimiento indígena en la Cumbre del ALBA efectuada en Otavalo pocos días después.
El programa que el gobierno aplica lo sitúa como partidario de un keynesianismo desarrollista que conduce a una modernización capitalista, beneficiosa para la acumulación de sectores de la burguesía. Acompañando a ello, o como parte del proyecto, cursan medidas para fortalecer un estado liberal-burgués centralizado y autoritario. Una política así se encuentra distante de lo que podría entenderse como una revolución en curso o de un proyecto político de izquierda.
A propósito del debate provocado en el país durante la aprobación de varias leyes en la Asamblea Nacional, han quedado al descubierto algunos elementos ideológicos y políticos antidemocráticos y reaccionarios profesados por quienes ahora controlan la administración del Estado. Se ha pretendido, por ejemplo, eliminar conquistas políticas de carácter histórico que, inclusive, tienen connotación internacional, como la autonomía universitaria, o impedir la ejecución plena de todo cuanto implica el carácter plurinacional del país. Todo se resuelve con políticas concentradoras (secretarías dependientes de la Presidencia) que fortalecen al Estado capitalista imperante.
Esta centralización desplaza lo que en teoría constituía un pilar de la denominada “revolución ciudadana”: la participación popular. Ésta nunca ha existido como política promovida desde esferas gubernamentales, y cuando los sectores organizados han buscado exponer sus planteamientos han sido desatendidos y reprimidos. El mesianismo, del cual Rafael Correa cree estar investido, suplanta cualquier posibilidad de participación popular activa en los asuntos del Estado. Pablo Ospina, en un interesante artículo presentado en mayo pasado, devela cómo se mira así mismo el Presidente de la República y para eso cita el libro Ecuador: de Banana Republic a la No República, escrito por Rafael Correa. Reproducimos a Ospina: “El desarrollo económico, nos dice el presidente, a diferencia de lo que creen los fundamentalistas económicos, depende también del ‘capital social’ (la cohesión y confianza públicas), el ‘capital institucional’ (reglas formales predecibles y claras) y el ‘capital cultural’ (valores y reglas informales ancladas en la costumbre). Cuando ellas fallan, y el texto da a entender que en el Ecuador fallan completa y penosamente, queda el liderazgo: ‘Buenos líderes pueden ser fundamentales para suplir la ausencia de capital social, institucional y cultural’ (Correa 2009: 195). El libro termina con esa reflexión. Escrito en blanco y negro, queda claro que el presidente en verdad cree que su humilde persona puede ‘suplir’ a los actores sociales”.
De una propuesta y un discurso seudo-izquierdista Correa ha retornado a sus orígenes ideológico-políticos, proceso calificado por la izquierda ecuatoriana como derechización del presidente. Éste siempre alardeó su convicción frente a la doctrina social de la iglesia, conocida también como doctrina social cristiana. Sus promotores siempre han dejado en claro que esa doctrina no se propone poner fin al capitalismo y tampoco asumir el socialismo como alternativa. Ni lo uno ni lo otro equivale afirmar al primero, al capitalismo, con pequeños cambios que, teóricamente, lo hagan menos pesado para los más pobres, pero, al fin y al cabo, sin eliminar su carácter explotador. Esa convicción política le llevó a Correa a decir que no era ni anticapitalista, ni antiimperialista.
martes, 17 de agosto de 2010
Los paquetazos de Correa vendrán por la vía del COOOTAD
Con algo más de dos millones de dólares invertidos en publicidad gubernamental en el mes de julio, según datos de la ONG Participación Ciudadana, y consecuentemente, con alrededor del 50% de aceptación a su gestión, el gobierno de la revolución ciudadana parece preparar una cadena de paquetazos económicos, que para volverlos imperceptibles, o que no afecten políticamente la imagen del Presidente de la República, estarían localizados por regiones. Esto, gracias a la aprobación del nuevo Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Descentralización y Autonomías (COOTAD).
Según lo ha denunciado el bancada legislativa plurinacional, progresista y de izquierda Pachakutik-MPD, el Art. 179 de este nuevo cuerpo legal, entregaría facultades tributarias a los nuevos Gobiernos Autónomos Descentralizados, entre las que estaría la eventual eliminación del subsidio de los combustibles.
Y esto es particularmente demostrable por la información última que se filtró desde el Municipio de Quito, y que fue aceptada como cierta por el vicealcalde gobiernista Jorge Albán, en el sentido de que se estaría pensando en financiar la construcción de 12 nuevas vías en el Distrito Metropolitano de Quito, con la imposición de nuevas tasas, y la elevación de otras que ya existen, como la del impuesto a los consumos especiales, la creación de peajes dentro de la ciudad y la elevación del precio de los combustibles únicamente en la capital.
Según la información del concejal Eddy Sánchez, de la Comisión de Movilidad, el Municipio requiere 573 millones de dólares para la obra. El 60%, es decir, 342 millones, provendría de un préstamo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (tomar como caja chica a esta institución también es una práctica instituida por el gobierno), 50 millones los pondría el Municipio (también como préstamo) y el resto vendría por créditos externos. Todo lo pagaría el pueblo de Quito a través de los impuestos, medidas que indignan por lo antipopulares y por la concepción neoliberal de la que parten.
Adelantándose ya a la aprobación del COOTAD, otro concejal también argumentaba la necesidad de que el Municipio capitalino asuma la competencia total de la educación en la ciudad, lo cual significaría una puerta abierta a la privatización de este derecho.
En realidad, varias políticas se han adelantado ya desde el gobierno, asumiendo la vigencia del COOTAD, aún antes de que lo aprobara la Asamblea. Es la prepotencia y el espíritu antidemocrático en el ejercicio del poder lo que se imprime como sello de esta “revolución ciudadana”.
El COOTAD, sin embargo, incluye aspectos importantes con los que la izquierda no podría estar en desacuerdo. Un ejemplo de ello es la creación de las Circunscripciones Territoriales Indígenas, que son una conquista y derecho de las comunidades y nacionalidades indígenas, así como el incremento al presupuesto de los organismos seccionales, incluidos las juntas parroquiales. Sin embargo, según explica el jefe de la bancada plurinacional y de izquierda, Jorge Escala, con la mayoría de artículos se generaliza el cobro de tasas, tarifas, impuestos y contribuciones especiales por mejoras, por recolección de basura, agua potable, control de alimentos, pavimentación, aceras, alcantarillado, sistemas de agua, relleno de quebradas, plazas, parques, entre otras obras.
Escala expresa su acuerdo con que los gobiernos autónomos descentralizados contribuyan en las competencias de infraestructuras y equipamiento en salud y educación, pero rechaza que la prestación de estos servicios pase a los municipios tal como lo plantea el COOTAD en su Art. 138. “Estas políticas neoliberales pretenden que la población asuma el financiamiento de los servicios mediante el incremento de tasas municipales, ya que estos se convertirán en mercancía de difícil acceso, que solo se beneficiarán los que tengan para pagar nuevos tributos”, afirma el asambleísta.
Para la presidenta de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador (CUBE), Natasha Rojas, el COOTAD es un instrumento neoliberal porque en el artículo 279 permite la “delegación” de servicios que presta la municipalidad a la empresa privada. “Esto significa privatizar los servicios que la población requiere para subsistir, y significa continuar con modelos de gestión neoliberales como el aplicado por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien privatizó el agua, la recolección de basura, etc.”
Además, sostiene Natasha Rojas, “la potestad que se le entrega al Consejo Nacional de Competencias de disponer la intervención temporal de un nivel de gobierno en la gestión de las competencias de otro nivel, violenta la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y se prestará a chantajes del gobierno nacional, ya que la composición del Consejo tendrá la presencia mayoritaria del Gobierno”. Y en esto radica la intención fundamental del gobierno: controlar cada espacio de poder, definir desde la Presidencia de la República quiénes merecen la atención del Estado.
Según lo ha denunciado el bancada legislativa plurinacional, progresista y de izquierda Pachakutik-MPD, el Art. 179 de este nuevo cuerpo legal, entregaría facultades tributarias a los nuevos Gobiernos Autónomos Descentralizados, entre las que estaría la eventual eliminación del subsidio de los combustibles.
Y esto es particularmente demostrable por la información última que se filtró desde el Municipio de Quito, y que fue aceptada como cierta por el vicealcalde gobiernista Jorge Albán, en el sentido de que se estaría pensando en financiar la construcción de 12 nuevas vías en el Distrito Metropolitano de Quito, con la imposición de nuevas tasas, y la elevación de otras que ya existen, como la del impuesto a los consumos especiales, la creación de peajes dentro de la ciudad y la elevación del precio de los combustibles únicamente en la capital.
Según la información del concejal Eddy Sánchez, de la Comisión de Movilidad, el Municipio requiere 573 millones de dólares para la obra. El 60%, es decir, 342 millones, provendría de un préstamo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (tomar como caja chica a esta institución también es una práctica instituida por el gobierno), 50 millones los pondría el Municipio (también como préstamo) y el resto vendría por créditos externos. Todo lo pagaría el pueblo de Quito a través de los impuestos, medidas que indignan por lo antipopulares y por la concepción neoliberal de la que parten.
Adelantándose ya a la aprobación del COOTAD, otro concejal también argumentaba la necesidad de que el Municipio capitalino asuma la competencia total de la educación en la ciudad, lo cual significaría una puerta abierta a la privatización de este derecho.
En realidad, varias políticas se han adelantado ya desde el gobierno, asumiendo la vigencia del COOTAD, aún antes de que lo aprobara la Asamblea. Es la prepotencia y el espíritu antidemocrático en el ejercicio del poder lo que se imprime como sello de esta “revolución ciudadana”.
El COOTAD, sin embargo, incluye aspectos importantes con los que la izquierda no podría estar en desacuerdo. Un ejemplo de ello es la creación de las Circunscripciones Territoriales Indígenas, que son una conquista y derecho de las comunidades y nacionalidades indígenas, así como el incremento al presupuesto de los organismos seccionales, incluidos las juntas parroquiales. Sin embargo, según explica el jefe de la bancada plurinacional y de izquierda, Jorge Escala, con la mayoría de artículos se generaliza el cobro de tasas, tarifas, impuestos y contribuciones especiales por mejoras, por recolección de basura, agua potable, control de alimentos, pavimentación, aceras, alcantarillado, sistemas de agua, relleno de quebradas, plazas, parques, entre otras obras.
Escala expresa su acuerdo con que los gobiernos autónomos descentralizados contribuyan en las competencias de infraestructuras y equipamiento en salud y educación, pero rechaza que la prestación de estos servicios pase a los municipios tal como lo plantea el COOTAD en su Art. 138. “Estas políticas neoliberales pretenden que la población asuma el financiamiento de los servicios mediante el incremento de tasas municipales, ya que estos se convertirán en mercancía de difícil acceso, que solo se beneficiarán los que tengan para pagar nuevos tributos”, afirma el asambleísta.
Para la presidenta de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador (CUBE), Natasha Rojas, el COOTAD es un instrumento neoliberal porque en el artículo 279 permite la “delegación” de servicios que presta la municipalidad a la empresa privada. “Esto significa privatizar los servicios que la población requiere para subsistir, y significa continuar con modelos de gestión neoliberales como el aplicado por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien privatizó el agua, la recolección de basura, etc.”
Además, sostiene Natasha Rojas, “la potestad que se le entrega al Consejo Nacional de Competencias de disponer la intervención temporal de un nivel de gobierno en la gestión de las competencias de otro nivel, violenta la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y se prestará a chantajes del gobierno nacional, ya que la composición del Consejo tendrá la presencia mayoritaria del Gobierno”. Y en esto radica la intención fundamental del gobierno: controlar cada espacio de poder, definir desde la Presidencia de la República quiénes merecen la atención del Estado.
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