Injerencia del gobierno en la designación de Fiscal

Es una muestra de como se pretende meter la mano en la justicia

Las irregularidades que se han presentado en la designación de Fiscal General del Estado son una muestra más de la burda injerencia del gobierno en su intención de tomar el control total de la justicia; para la “revolución ciudadana” es indispensable tener el control del ente estatal que formule las acusaciones en contra de los luchadores sociales y de todo aquel que desde el lado de las organizaciones populares se oponga a los atropellos del presente régimen, acusándolos de terroristas y saboteadores; así nos damos cuenta que de la manera más cínica la orden de Correa era la de manipular el concurso para favorecer a su amigo y ex abogado personal Galo Chiriboga, principal candidato del gobierno, según lo señalara Alfredo Vera, Ministro del Interior, en declaraciones otorgadas a la prensa días atrás; manifestó Jorge Escala, Asambleísta del Movimiento Popular Democrático.

Por ello, no puede haber otra explicación del por qué el pleno de la Comisión Ciudadana de Selección “CCS”, compuesta por algunos ex colaboradores de Asambleístas Constituyentes de Alianza PAIS, como el caso de Erwin Guamán Gualpa y Janeth Bustos Salazar, entre “gallos y media noche”, es decir entre el anochecer del jueves 14 y el amanecer del viernes 15 de abril, efectuaran varios cambios a las puntuaciones de los postulantes a Fiscal General del Estado, favoreciendo notoriamente la candidatura oficialista de Galo Chiriboga, que inobservan la ley, reglamento e instructivos que rigen el concurso referido. Pues en el propio orden del día de la sesión en la que deciden cambiar las puntuaciones establece como punto único, “el conocimiento y resolución del informe preparado por el equipo técnico”, sin embargo, nunca se conoció este informe y por el contrario en tiempo record se aprueba un cuadro de valoración presentado sin los respaldos correspondientes, esto, desde luego crea dudas, que exigen explicaciones sustentadas a las y los comisionados, señaló Escala.

Las y los miembros de la Comisión Ciudadana encargada de la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Fiscalía incumplen la Constitución de la República, que en su Art. 76, numeral 7, literal l), que dice: “Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados”; pero no solo la Constitución, sino que además se violentan otras normativas determinadas en la Ley del Consejo de Participación Ciudadana (Art. 65 y 66 numeral 2), el Reglamento de las Comisiones de Selección (Art. 28) y el Instructivo para la Designación de Fiscal General del Estado (Arts. 21 y 29).

Por ello, es necesario un pronunciamiento público del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; y en virtud de esto, el Asambleísta del MPD señaló que solicitará a Marcela Miranda, Presidenta del CPCCS, le absuelva ciertas consultas, como por ejemplo: cuáles fueron las motivaciones legales que llevaron a la Comisión Ciudadana de Selección a cambiar el puntaje de los aspirantes a Fiscal, caso contrario al existir irregularidades, solicitará que se le informe cuáles son las medidas administrativas y legales que deberán ser adoptadas por el CPCCS a fin de sancionar esta arbitrariedad; además solicitará que se le otorgue una copia de la tabla de los puntajes de cada uno de los aspirantes, y copias de los videos y las actas de la sesión de la Comisión Ciudadana de Selección del pasado viernes; finalizó que estarán vigilantes de las decisiones que se tomen en los próximos días.