De corrupción está empedrado el camino al rechazo popular

Por: Opción

Lo que las leyes NO prohíben, puede prohibirlo la honestidad

Lucio Anneo Séneca

La denuncia del préstamo de 800 mil dólares que le diera el banco COFIEC, de propiedad del Estado, en menos de 5 días, en diciembre del 2011, a un ciudadano argentino: Gastón Duzac, hoy desaparecido, y que debió ser cancelado en los 6 meses posteriores, destapó una olla de grillos que se regó y salpicó a varias entidades estatales y a sus cabezas.
De las investigaciones realizadas por medios y asambleístas se desprenden los vínculos del deudor con los máximos representes del gobierno, principalmente Pedro Delgado, presidente del Banco Central y primo del primer mandatario, y las fraudulentas acciones para conseguir dicho crédito e involucrar a empresas incautadas y administradas por el Estado.
En contracorriente, el presidente Rafael Correa en varias ocasiones ha salido públicamente para desacreditar a los medios de comunicación que mostraron los vínculos de Gastón Duzac y Pedro Delgado. Aseveró no conocer al argentino, sin acordarse de la existencia de fotografías donde él (Correa) aparece junto a Duzac; que según los denunciantes demostrarían una amistad, o por lo menos una relación cercana, que le sirvió al argentino para obtener ese jugoso préstamo.
En este tema, el monto del préstamo no es realmente el problema, sino la corrupción, que atrapa seductoramente a todas las cabezas visibles del Estado y que afecta económica, social y políticamente a todo el país. Si no cómo explicar el caso del sobreprecio en la adquisición de las ambulancias, donde se le perjudicó al país con 1 millón 840 mil dólares, y la responsabilidad del sobre precio en la compra de los 150 mil tratamientos del Tamiflu (para la gripe AH1N1); en los dos casos la ex ministra Caroline Chang fue exenta de toda culpa, misma que recayó sobre funcionarios de mandos medios.
En este mismo sector (salud), en los últimos 5 años, a través de decretos presidenciales se dieron más de una decena de emergencias, que costaron al país más de 406 millones dólares, y no hay resultados; la muerte de los neonatos en distintas provincias, debido al precario estado de las unidades médicas y a la ineptitud del ministro David Chiriboga , que fue denunciada por el asambleísta emepedista Francisco Ulloa. También están los bochornosos videos del ex ministro de Deportes, Raúl Carrión, que se comió cheques para borrar las evidencias del delito. Sin olvidar que quedaron suscritos contratos con sobreprecio en la construcción de instalaciones deportivas que hasta la fecha no existen.
En el caso de los contratos con la empresa de Fabricio Correa, hermano mayor del presidente de la República, según el informe de los veedores del caso y publicado por ANDES, agencia del gobierno, se estaría perjudicando al Estado en 140 millones de dólares; contratos que según el primogénito de la familia presidencial y los veedores fueron suscritos con pleno conocimiento del Presidente. Los escándalos por corrupción de los allegados del gobierno, que solo el presidente se niega a verlos, también constan en la larga lista de este tipo de hechos, como la famosa renegociación de los contratos petroleros, la entrega de las joyas de la corona, perjudicando al erario nacional en millones de dólares, vulnerando la soberanía ecuatoriana.
En este ámbito consta también el archivo del polémico caso Palo Azul, a cargo del actual Fiscal General del Estado, y en el que el país perdió más de 2 mil millones de dólares, gracias a algunos funcionarios que están enquistados en esa cartera de Estado hace décadas y otros en el actual régimen. No se puede olvidar el reciente negociado en la entrega de los campos Culebra, Yulebra y Anaconda a una empresa fantasma.
En el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), su director, Ramiro Gonzalez, gran amigo de Correa, ha hecho y desecho de la institución y de los recursos de los afiliados, a pretexto de mejoramiento de la entidad; las denuncias oportunas que hizo el asambleísta Linder Altafuya del MPD sobre el pago excesivo por el servicio de CALL CENTER que sigue deficiente. La compra de equipos con sobreprecio; el gasto de 450 mil dólares en la inauguración de la Clínica San Francisco, del IESS, en Carcelén, denuncia que la hicieron asambleístas y medios de comunicación.
El escándalo por el envío de 40 kilos de droga a Italia, a través de la valija diplomática, hasta estos días no se resuelve, pues el Canciller es quien autoriza el contenido y solo están presos funcionarios ecuatorianos de segundo orden.
El tráfico de influencias, otro brazo de la corrupción.El tráfico de influencias, otro brazo de la corrupción, se hizo evidente en la famosa "Metida de Mano en la Justicia", con el nombramiento por demás dudoso del trío de la Justicia en el Consejo de la Judicatura; en el oscuro concurso para nombrar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia y la designación ilegítima del Fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga, primo del Presidente Correa. En esa misma línea está la actual designación de los jueces de la Corte Constitucional, donde existen allegados al régimen, como es el caso del Dr. Antonio Gagliardo, hermano del asambleísta oficialista Gastón Gagliardo, famoso por excusarse del caso "Chuqui seven", que involucra al juez Juan Paredes, en la causa del Diario Universo.
La Diosa del Olimpo, como la calificó Correa a la ministra Marcela Aguinaga, también se vio envuelta en el escándalo de la "desaparición" de los 5 millones de dólares de las arcas del Ministerio de Ambiente; en el que subalternos de absoluta confianza de la personera fueron apresados por esta causa.
La protección al padre del Ministro Jorge Glass, presunto culpable de violar a una menor, fue otro tema que ha exasperado la paciencia del mandatario, por la difusión del caso en los distintos medios de comunicación. Estos casos visibilizan que los tentáculos de la corrupción atraparon al gobierno y el doble discurso de sus representantes, que en lugar de investigar y sancionar a los verdaderos responsables, buscan chivos expiatorios para responsabilizarlos de estos hechos al interior de las entidades y así silenciar forzosamente a quienes debelan estos actos vergonzosos a través de investigaciones serias y contundentes.
Los periodistas son el blanco del régimen, están en la mira de los grupos de poder, el dedo del poder apunta a los profesionales que han denunciado el amarre, el compadrazgo y la corrupción de las élites, irrespetando el derecho a estar bien informados. Este régimen ha ultrajado a los profesionales de la comunicación tildándoles de "sicarios de la tinta", "prensa corrupta" y demás epítetos; Jannet Hinostrosa de Teleamazonas y su familia fueron amenazados por el caso Duzac. Pero también están Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, los dos últimos autores del libro "El Gran Hermano", que fueron demandados por el Presidente Correa por denunciar y publicar los contratos de Fabricio Correa. Debido a las investigaciones del asambleísta Klever Jiménez y su asesor Fernando Villavicencio sobre la chequera móvil de Duzac, y que fueron publicadas en la Revista Vanguardia, y replicadas por la Federación de Trabajadores Libres de Pichincha (Fetralpi), la Fiscalía dispuso la indagación previa para los denunciantes, así como para la organización sindical; acciones que OPCION repudia y se solidariza con los tres afectados.
Diana Atamaint, acusada de injuriar a la Ministra de Aguinaga, por el desvío de los 5 millones de dólares de las cuentas del Ministerio del Ambiente, es otro caso que afecta a los dirigentes políticos de la oposición. La legisladora manifiesta que "todas estas acciones son fruto del miedo y la desesperación del presidente, y por eso desacredita y ordena en sus enlaces el enjuiciamiento a los líderes de izquierda; también implanta esa política de miedo y terror para que no le cuestionen o enfrenten, pero se equivoca en su estrategia". Añade: "detrás de los asambleístas y líderes sociales hay bases que respaldan y pueden tomar la posta, continuar en la lucha en defensa de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos, además no le tenemos miedo, no ocultamos nada". Culmina comentando que solo se cumple con el debido proceso modificado por el presidente Correa, que consiste en: Sabatina, Demanda y Cárcel, de ahí que nada espera de la justicia porque solo se cumple órdenes.
Todos coinciden en acciones legales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para hacer que se respeten los derechos y libertades violentadas en el Ecuador.