Por: Alberto Acosta
La
relación sociedad Naturaleza, fracturada bajo las premisas
extractivistas, desarrollistas y neoliberales, entró en crisis no
solamente en el Ecuador sino en el mundo entero. En Ecuador dimos una
primera respuesta con el reconocimiento constitucional -pionero a nivel
mundial- de los Derechos de la Naturaleza, retomando las visiones de
nuestras culturas indígenas sobre la Pachamama, de la que somos parte.
En coherencia con esa visión, los movimientos sociales defienden el agua de la contaminación minera y petrolera, defienden las semillas de la contaminación química, defienden los bosques y la Naturaleza de las diferentes formas de destrucción. Sin embargo, a pesar de que esa acción de protección de la Naturaleza está constitucionalmente garantizada, por esas mismas razones muchos compatriotas están siendo criminalizados por el gobierno del presidente Rafael Correa.
El balance de los últimos 4 años de vigencia de la Constitución deja muchos saldos negativas en materia de los Derechos de la Naturaleza: El arranque de la minería a gran escala, a pesar de la resistencia de las comunidades locales; el fomento a los agrotóxicos y a los monocultivos en la agricultura; la extensión de la frontera petrolera, incluso dentro del Yasuní, a pesar de declarar la no explotación como primera opción y otras medidas más, que no son menores, como la pretensión de introducirnos en el desarrollo nuclear y la introducción de transgénicos a pesar de las expresas prohibiciones constitucionales. A lo anterior cabría añadir, en una lista cada vez más larga de atropellos, los altos niveles de deforestación existentes en el país, la apuesta de socio bosque atado al mercado de carbono, la continuada destrucción de bosques, manglares y páramos.
El gobierno no solo que ha roto relaciones con los movimientos sociales, con las organizaciones indígenas, con las organizaciones ecologistas, sino que las criminaliza. Cualquier expresión en defensa de la Naturaleza, rehuyendo el debate, la califica de “ecologismo infantil” o de simple novelería, como lo hizo con la prohibición de cultivos transgénicos en la Constitución. En estas condiciones, ¿cómo puede este gobierno erguirse como el adalid de los Derechos de la Naturaleza en el mundo?
En la antesala de la campaña electoral el gobierno organiza encuentros para refrescar su barniz ambientalista y así mantener una imagen internacional que oculta la verdadera realidad casa adentro. La realidad dista mucho de la propaganda oficial. En realidad, más allá de los discursos y pronunciamientos de relumbrón gubernamentales, en el Ecuador hay una clara disputa por una legitimidad sobre los temas ambientales, que fueron justamente una de las razones para el distanciamiento con los movimientos sociales y los partidos de las izquierdas.
Las propuestas que guiarán el programa de gobierno de la Unidad Plurinacional son:
– Hacer de los Derechos de la Naturaleza, establecidos en la Constitución de Montecristi, la base para la realización del sumak kawsay o buen vivir, que se sustenta en relaciones armónicas entre los seres humanos y de estos con la Naturaleza.
– Promover la restauración de los ecosistemas, de los suelos empobrecidos, de las aguas contaminadas, de tal manera que el sumak kawsay sea posible tanto a nivel rural como urbano.
– Exigir la reparación integral y la restauración de la Naturaleza a las empresas nacionales y extranjeras, que se han enriquecido a costa de la destrucción de la Naturaleza; impidiendo la repetición de hechos similares.
– Desarrollar programas para asistir a los pequeños productores, artesanos y trabajadores del campo y la ciudad para que tengan condiciones de vida y trabajo saludables para si mismos y para la Naturaleza.
– Promover los emprendimientos públicos y privados que permitan desarrollar tecnologías limpias, la inventiva y la creatividad, para mejorar las condiciones de vida en armonía con la Naturaleza.
– Favorecer los proyectos e infraestructuras descentralizados, de pequeña escala, de bajo impacto, de carácter comunitario, participativos que permitan la generación de bienestar desde los niveles locales restableciendo las relaciones armónicas con la Naturaleza.
– Promover el respeto a la Naturaleza y a sus derechos, resaltando el hecho de que los principales beneficiarios de los mismos, son los y las jóvenes, los niños, las niñas y las futuras generaciones.
– Respetar la Constitución de Montecristi que señala diversas prohibiciones y restricciones para garantizar los derechos de la Naturaleza, entre ellas, la prohibición de introducir transgénicos y contaminantes orgánicos persistentes, de desechos tóxicos, así como las actividades extractivas en áreas protegidas.
– Auditar todos los contratos mineros y megaproyectos que no han sido previamente consultados con las comunidades afectadas, tal y como manda nuestra Constitución, revirtiéndose todos aquellos que se consideren improcedentes en dicha auditoría.
– Promover una amnistía a todos los criminalizados por la defensa de la Naturaleza, y abrir espacios de diálogo y participación para discutir y resolver los conflictos ambientales desatados en todo el país, en un ambiente de paz y no de confrontación.
– Impulsar decididamente, como parte de nuestra política internacional, la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza y un Tribunal Internacional Ambiental para sancionar los delitos ambientales, considerando que el Ecuador es el primer país que ha constitucionalizado dichos derechos. En consecuencia propugnaremos activa y coherentemente la universalidad de los Derechos de la Naturaleza.
Por supuesto superaremos las evasivas e incoherencias del gobierno del presidente Correa en relación a la Iniciativa Yasunií-ITT, que han impedido su cristalización. Impulsaremos decididamente dicha iniciativa, al tiempo que nos comprometemos a la no explotación del petróleo en el Yasuní.
En coherencia con esa visión, los movimientos sociales defienden el agua de la contaminación minera y petrolera, defienden las semillas de la contaminación química, defienden los bosques y la Naturaleza de las diferentes formas de destrucción. Sin embargo, a pesar de que esa acción de protección de la Naturaleza está constitucionalmente garantizada, por esas mismas razones muchos compatriotas están siendo criminalizados por el gobierno del presidente Rafael Correa.
El balance de los últimos 4 años de vigencia de la Constitución deja muchos saldos negativas en materia de los Derechos de la Naturaleza: El arranque de la minería a gran escala, a pesar de la resistencia de las comunidades locales; el fomento a los agrotóxicos y a los monocultivos en la agricultura; la extensión de la frontera petrolera, incluso dentro del Yasuní, a pesar de declarar la no explotación como primera opción y otras medidas más, que no son menores, como la pretensión de introducirnos en el desarrollo nuclear y la introducción de transgénicos a pesar de las expresas prohibiciones constitucionales. A lo anterior cabría añadir, en una lista cada vez más larga de atropellos, los altos niveles de deforestación existentes en el país, la apuesta de socio bosque atado al mercado de carbono, la continuada destrucción de bosques, manglares y páramos.
El gobierno no solo que ha roto relaciones con los movimientos sociales, con las organizaciones indígenas, con las organizaciones ecologistas, sino que las criminaliza. Cualquier expresión en defensa de la Naturaleza, rehuyendo el debate, la califica de “ecologismo infantil” o de simple novelería, como lo hizo con la prohibición de cultivos transgénicos en la Constitución. En estas condiciones, ¿cómo puede este gobierno erguirse como el adalid de los Derechos de la Naturaleza en el mundo?
En la antesala de la campaña electoral el gobierno organiza encuentros para refrescar su barniz ambientalista y así mantener una imagen internacional que oculta la verdadera realidad casa adentro. La realidad dista mucho de la propaganda oficial. En realidad, más allá de los discursos y pronunciamientos de relumbrón gubernamentales, en el Ecuador hay una clara disputa por una legitimidad sobre los temas ambientales, que fueron justamente una de las razones para el distanciamiento con los movimientos sociales y los partidos de las izquierdas.
Las propuestas que guiarán el programa de gobierno de la Unidad Plurinacional son:
– Hacer de los Derechos de la Naturaleza, establecidos en la Constitución de Montecristi, la base para la realización del sumak kawsay o buen vivir, que se sustenta en relaciones armónicas entre los seres humanos y de estos con la Naturaleza.
– Promover la restauración de los ecosistemas, de los suelos empobrecidos, de las aguas contaminadas, de tal manera que el sumak kawsay sea posible tanto a nivel rural como urbano.
– Exigir la reparación integral y la restauración de la Naturaleza a las empresas nacionales y extranjeras, que se han enriquecido a costa de la destrucción de la Naturaleza; impidiendo la repetición de hechos similares.
– Desarrollar programas para asistir a los pequeños productores, artesanos y trabajadores del campo y la ciudad para que tengan condiciones de vida y trabajo saludables para si mismos y para la Naturaleza.
– Promover los emprendimientos públicos y privados que permitan desarrollar tecnologías limpias, la inventiva y la creatividad, para mejorar las condiciones de vida en armonía con la Naturaleza.
– Favorecer los proyectos e infraestructuras descentralizados, de pequeña escala, de bajo impacto, de carácter comunitario, participativos que permitan la generación de bienestar desde los niveles locales restableciendo las relaciones armónicas con la Naturaleza.
– Promover el respeto a la Naturaleza y a sus derechos, resaltando el hecho de que los principales beneficiarios de los mismos, son los y las jóvenes, los niños, las niñas y las futuras generaciones.
– Respetar la Constitución de Montecristi que señala diversas prohibiciones y restricciones para garantizar los derechos de la Naturaleza, entre ellas, la prohibición de introducir transgénicos y contaminantes orgánicos persistentes, de desechos tóxicos, así como las actividades extractivas en áreas protegidas.
– Auditar todos los contratos mineros y megaproyectos que no han sido previamente consultados con las comunidades afectadas, tal y como manda nuestra Constitución, revirtiéndose todos aquellos que se consideren improcedentes en dicha auditoría.
– Promover una amnistía a todos los criminalizados por la defensa de la Naturaleza, y abrir espacios de diálogo y participación para discutir y resolver los conflictos ambientales desatados en todo el país, en un ambiente de paz y no de confrontación.
– Impulsar decididamente, como parte de nuestra política internacional, la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza y un Tribunal Internacional Ambiental para sancionar los delitos ambientales, considerando que el Ecuador es el primer país que ha constitucionalizado dichos derechos. En consecuencia propugnaremos activa y coherentemente la universalidad de los Derechos de la Naturaleza.
Por supuesto superaremos las evasivas e incoherencias del gobierno del presidente Correa en relación a la Iniciativa Yasunií-ITT, que han impedido su cristalización. Impulsaremos decididamente dicha iniciativa, al tiempo que nos comprometemos a la no explotación del petróleo en el Yasuní.
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