Veto a la Ley de Servicio Público atenta contra los derechos de las servidoras y servidores públicos del país

El Asambleísta Linder Altafuya, informó que el día de ayer jueves 9 de septiembre, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social aprobó el Informe sobre el veto presidencial a la Ley de Servicio Público. En el mencionado informe se rechazan todas las inconstitucionalidades planteadas por el Presidente Correa que atentan a la estabilidad de las servidoras y servidores públicos del país.

Linder Altafuya, manifestó que entre los principales aspectos del veto de Correa que fueron negados por la Comisión porque lesionan los derechos de las servidoras y servidores públicos del país, se encuentran los siguientes: la rebaja de la indemnización por supresión de partidas o beneficio por jubilación de siete salarios básicos unificados a solo cinco, y de un total de doscientos diez salarios básicos unificados a ciento cincuenta, indemnización que además pretenden pagarla con bonos del Estado; la obligación de jubilarse a los 70 años de edad, pues gozar de la jubilación ha sido siempre un derecho de las servidoras y servidores públicos no una obligación; la discriminación a las personas de 65 años de edad, disponiendo que a los 65 años se habrá llegado “al tope de la carrera y no se podrá ascender”, esto violenta el principio de no discriminación e igualdad ante la Ley; la derogatoria de la jornada especial para médicos, enfermeras, obstetrices, auxiliares de enfermería, tecnólogos médicos, etc.

Esta jornada está regulada incluso por tratados internacionales, por ello su derogatoria significaría un retroceso en el ámbito de los derechos de este sector de servidores y servidoras públicas que en el desempeño de sus labores diarias corren altos riesgos, el gobierno pretende sobrexplotar a los profesionales de la salud, para no contratar o cubrir el gran déficit de personal médico y asistencial que tienen los hospitales públicos.

Altafuya concluyó haciendo un llamado a las organizaciones de servidores públicos del país a manifestarse en contra de este veto que es inconstitucional y que lo que pretende es sacar de las instituciones del Estado a miles de servidoras y servidores públicos del país.