Examen de ingreso a las Universidades vieja propuesta con nuevos actores

EXAMEN DE INGRESO A LAS UNIVERSIDADES VIEJA PROPUESTA CON NUEVOS ACTORES

Por. Ing. Juan Borja Vivero.

René Ramírez, Presidente del Consejo de Educación Superior CES, en las últimas semanas se ha presentado en los medios de comunicación con la “novedosa” propuesta de restablecer el examen de ingreso a las universidades. El argumento principal esgrimido por este funcionario del gobierno es que el Estado tiene que racionalizar el gasto y que con esta medida se busca seleccionar a los mas aptos y capacitados para la carrera universitaria y no despilfarrar los recursos del estado en estudiantes que no tienen vocación y que asisten a las universidades ha perder el tiempo y que luego abandonan los estudios.

Es decir que para Ramírez y el gobierno el problema de la deserción estudiantil en la universidades se resuelve con la simple medida del examen de ingreso, olvidando que es un problema complejo que responde a varias causas, siendo la principal la sociedad excluyente en la que vivimos. A los tecnócratas de la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología se les olvido en su análisis simplista que el Ecuador es una sociedad asimétrica y desigual, con clases sociales, en la que la riqueza es distribuida inequitativamente producto de las relaciones sociales de producción de explotación.

Según el Diario Hoy(1) en el Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe, divulgado en Quito por la ONU , el 10 de noviembre de 2010 Ecuador es el tercer país con mayor desigualdad en Latinoamérica, después de Bolivia y Haití, comparte esta posición con Brasil con un 56% de desigualdad, establecido a través del coeficiente de Gini que mide la desigualdad relacionada con la distribución de los ingresos cuyo índice varía desde el cero -cuando todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos- hasta el 100.

En estas condiciones el sistema de educación es un fiel reflejo de la sociedad, caracterizado por una profundad desigualdad, en el que existen escuelas y colegios de primera, segunda y tercera categoría, Los primeros, unidades educativas particulares de élite, con suficientes recursos humanos y materiales, aulas, laboratorios, espacios deportivos y de recreación, que garantizan mejores condiciones de aprendizaje a sus estudiantes.

En estas instituciones estudian niños y jóvenes que provienen de hogares con recursos económicos altos que pueden pagar las elevadas matrículas y pensiones y que tienen todas las condiciones materiales, alimentación, vivienda, salud, para aprovechar al máximo las oportunidades que se le presentan.

En el segundo y tercer grupo encontramos a los establecimientos públicos, existiendo también diferencias entre aquellas instituciones tradicionales que al estar ubicadas en las capitales de las principales provincias, polos de desarrollo, Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, han recibido una mayor atención económica del Estado, en relación a aquellas escuelas y colegios del tercer grupo, que al pertenecer a las provincias y pueblos olvidados no tienen la infraestructura mínima para garantizar una buena educación.

De acuerdo a datos de la UNE (2) el 76.5% de las instituciones fiscales se encuentran deterioradas, la asignación de 70 millones de dólares para el año 2011, por parte del Ministerio de Educación resulto insuficiente, para reparar la infraestructura escolar, ya que se requería alrededor de 800 millones.

A los planteles educativos públicos asisten los estudiantes en su gran mayoría provenientes de las estratos económicamente deprimidos, mismos que no pueden alcanzar un rendimiento satisfactorio debido a la crisis y a la pobreza, puesto que no tienen las condiciones mínimas materiales, alimentación, salud, vivienda; muchos de ellos ni siquiera cuentan con la presencia física de sus padres, quienes se han visto obligados a migrar a otros países en busca de trabajo.

En estas condiciones el rendimiento de los niños y jóvenes es deficiente, repiten el ciclo o se ven obligados a desertar de los estudios.

De acuerdo a Luna(3), uno de cada tres niños/as no llegan a completar los seis años de educación primaria, uno de cada cinco niños/as abandonan la escuela en quinto

De básica y tres de cada diez niños/as de séptimo de básica deserta de la escuela.

El Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (4) anota que la necesidad de trabajar obliga a muchos niños y adolescentes a interrumpir o abandonar sus estudios; en el país apenas uno de cada cinco adolescentes trabajadores puede estudiar y trabajar a la vez; mientras más pobres son las familias, mayores son las probabilidades de que los niños y niñas abandonen los estudios y se involucren en actividades productivas o asuman tareas domésticas.

Los niveles de deserción en la educación escolar, media y universitaria, están determinados por la crisis del país y por el aumento de la pobreza y solo se resolverán en la medida que se afecten las verdaderas causas .No será mejor que el gobierno invierta más en la educación media y universitaria, que se otorguen becas a los estudiantes de bajos recursos económicos, con la finalidad que se mantengan estudiando.

Según Soc. Alberto Solano de la Sala Torres (5) el 38% de la población ecuatoriana vive en situación de pobreza general y el 30% en situación de extrema pobreza, es decir habita en casas de caña, techo de plástico, hacinamiento, condiciones precarias, invadiendo tierras, donde existe carencia total de los servicios básicos vitales, subsistiendo estas familias con 0.50 centavos diarios, lo que no les permite tener de ninguna manera una vida digna, peor acceso a los alimentos y a la salud.

El querer resolver el problema de la deserción universitaria con el examen de ingreso es como buscar resolver el problema de la mendicidad apresando a los mendigos.

El gobierno propone también que los estudiantes que no pasen la evaluación tendrán que realizar un curso de nivelación, al final del cual tendrán que someterse a un nuevo examen para ingresar al primer semestre de carrera; manifiestan que esta medida es temporal, hasta que el gobierno cumpla con su objetivo de homogenizar al sistema de educación, para lo cual se ufanan de ser el gobierno que más ha cumplido económicamente con la educación.

La realidad es otra, puesto que en el Presupuesto General del Estado( 6) del año 2012 se destina a la Educación Intercultural apenas 3.9% del PIB, en números puros 2.777,9 millones de dólares, cuando para dar cumplimiento a la Disposición Décima Octava de la Constitución y el mandato popular de la Consulta del 2006, a partir del año 2007 debió incrementarse el 0,5% del PIB cada año, y hoy debería representar el 5,6% del PIB, que representaría 3.995 millones de dólares. Observando claramente una diferencia del 1,7% del PIB que representa 1.217 millones de dólares que se le están negando para este año para la Educación Básica y el Bachillerato, alejándose de cumplir con el mandato popular y constitucional de alcanzar al menos al 6% del PIB en el 2013. Con esta inversión en educación será imposible acortar la brecha existente entre los diferentes planteles educativos del país en términos de infraestructura, recurso docente y calidad.

La SENESCYT, propone también la inscripción por internet de los bachilleres, para que luego se sometan a una prueba de aptitudes, con la finalidad que los mejores puntuados en este examen tengan el privilegio de escoger la carrera y la universidad, los menos aptos tendrán que conformarse con las carreras y universidades que les determine el gobierno, En relación a la prueba de aptitudes nos preguntamos si existe un sistema científico que determine la mayor vocación y aptitud de un individuo sobre otro, seguramente los mejores puntuados serán aquellos que tengan influencias y padrinos en el gobierno. Los que no los tienen, los más pobres, perderán hasta el derecho y la libertad de la elección.

Luego de este procedimiento, se aplica el examen de ingreso o de conocimientos a la universidad, los jóvenes que lo superen podrán acceder directamente al primer ciclo de carrera y los que no aprueben tendrán que realizar un Ciclo Propedéutico.Los estudiantes que cursen el Propedéutico no serán evaluados permanentemente, si no que al final del ciclo rendirán una sola prueba que les habilitará a ingresar a la universidad.

Como se puede observar el sistema es altamente discriminatorio, primero porque solo se aplicará en las universidades públicas , lo que quiere decir que los jóvenes que tienen recursos económicos por solo esa condición tienen la posibilidad de escoger la universidad privada y la Carrera a estudiar, sin tener que someterse a las pruebas y el ciclo de nivelación. Y en segundo lugar porque aquellos estudiantes que no cuenten con palancas y padrinos, es decir los provenientes de los hogares humildes serán los marginados de las universidades, sin que se les ofrezca otra alternativa, seguramente irán a engrosar las filas de los desempleados o de la delincuencia.

1Diario Hoy Quito, jueves 15 de diciembre de 2011

2.Unión Nacional de Educadores: Diagnóstico de la Educación, Quito, septiembre 2011, p.1

3 Milton Luna, obra citada, p. 5

4 Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia: Observatorio No. 5, Quito, agosto 2004,p. 8

5. Alberto Solano de la Sala Torres. Diario la Crónica de Loja, viernes 3 de junio del 2011

La propaganda del gobierno de Correa

El relativo éxito de la propaganda del equipo correísta, pretende imponer en la sociedad ecuatoriana un pensamiento hegemónico; planteamos este argumento pues durante una parte de la administración gubernamental se creyó que la alharaca de la “inversión” en salud, educación, vialidad había solucionado la crisis de los ecuatorianos. Pero resulta que los hechos hablan más que las palabras; y, este gobierno incumple con el presupuesto a la educación que debería representar en el año 2012, según el Plan Decenal, un 5,6% del PIB (hoy es el 3,9 que significa menos de 2778 millones de dólares para la niñez y juventud del país); así mismo ocurre con la salud que lejos de acercarse al mandato popular del 4% del PIB en el año 2013 hoy representa apenas el 2,5%; y, qué decir de las Universidades, pues la mayoría de ellas sufren un recorte presupuestario significativo.

Pero contrariamente al incumplimiento presupuestario son 295 millones de dólares los presupuestados para propaganda del régimen de Correa, rubro que fuera aprobado fraudulentamente por la Asamblea Nacional que desconoció la votación en contra de la oposición. Pero más allá de la cantidad de dinero que se invertirá en la propaganda para “informar” a los ciudadanos nos parece pertinente analizar el tipo de propaganda que diariamente promueve la acción del régimen.

La propaganda del régimen podríamos caracterizarla como demagógica, que estigmatiza y criminaliza especialmente a los luchadores sociales, que promueve el odio a los detractores de Correa y sus ministros, que pretende controlar la comunicación; especialmente.

Demagógica: pues pretende convencer a los públicos de situaciones alejadas a la realidad; es decir slogans como: “La Patria ya es de todos”, “La revolución ciudadana está en marcha y nadie la detiene”, “La revolución ciudadana avanza” no son más que improntas mentirosas que tapan realidades alejadas de estas palabras usadas para confundir a las masas. Recordemos que ya Goebbels, ministro de propaganda del nazi Hitler, manifestaba que “una mentira mil veces repetida se transforma en verdad”. Al parecer la práctica propagandística del régimen se alinea con el goebbelianismo.

Estigmática y criminalizadora: los mensajes promovidos por el régimen, en especial de su principal portavoz, son descalificadores de sus opositores; en especial de los representantes de las organizaciones sindicales, populares, sociales y políticas de izquierda que critican la práctica derechista y pro transnacionales de Correa. Se entiende entonces que el autoritarismo y la prepotencia sea factor común en el lenguaje del primer mandatario que sábado a sábado, de cadena en cadena pretende estigmatizar a los luchadores sociales usando calificativos como mafiosos, izquierdistas dogmáticos, ambientalista infantiles, tirapiedras, indios roscas, pelagatos; etc. Tal libreto de insultos y de denuncias forjadas, suma las presiones a jueces y fiscales para que agiliten la persecución judicial a los detractores del régimen, se establece así una política de criminalización de la lucha social y de judicialización de la protesta; todo se compacta con los centenares de juicios por terrorismo y sabotaje, además del intento de aprobar un Código Penal que en su artículo 262 sanciona a quienes se atrevan a difundir enfoques distintos a los informes económicos planteados por el gobierno, esto último con sanciones de cárcel de 7 a 9 años.

Promotora del odio: la serie de insultos y epítetos, la política de descalificación y estigmatización tiene el propósito de usar la subjetividad, las emociones de las masas; a través del llamado marketing social, para que las personas adherentes al régimen sin razonamiento, mayor que el publicitado por el gobierno, reproduzcan cual borregos el odio y la intolerancia a los “enemigos” de Correa. Recordemos que el Presidente, ahora en su metamorfosis, califica como discrepantes de su proyecto político a organizaciones como: CONAIE, FRENTE POPULAR, UNE, FEUE, FESE, ECUARUNARI, PACHACUTIK, MPD; etc.

Controladora: para la eficacia de los fines correístas-goebbelianos se es necesario controlar todos los medios, para filtrar la información que no afecte a los intereses de su proyecto político. Para tal propósito se encuentra en disputa en la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de Comunicación, que no sólo trata de “regular” los negocios de las familias que monopolizan las frecuencias en nuestro país, sino que afecta también la libertad de opinión, de prensa, de pensamiento de los de abajo; de los explotados, a la par que crea una progresiva concentración monopólica del gobierno sobre los medios de comunicación.

Ahora soy responsable de estas líneas y de las pasiones que ellas levanten, pero creo que es pertinente la reflexión después de cada mensaje independientemente de quien lo haga, en especial los gubernamentales, para discriminar si es falso o verdadero. Pero:

¿Creerás todo lo que las cadenas nacionales te dicen?

¿Serán ciertas las aseveraciones de Correa cada sábado?

¿Seremos infantiles, dogmáticos, pelagatos, roscas, horrorosos, tirapiedras, terroristas, antidesarrollo, atrasados, reaccionarios quienes nos oponemos al Gobierno desde la izquierda?

MPD prepara plan de lucha para el 2012

El Consejo Nacional del MPD reunido este sábado 10 de diciembre, con la participación de las 24 directivas provinciales y de sus representantes populares aprobó un plan de lucha, reivindicando los derechos humanos conculcados por el gobierno de Rafael Correa. Los dirigentes del MPD acordaron que a partir de esta fecha se impulsaran acciones y movilizaciones por:

a. Alza general de sueldos y salarios

b. Respeto a los derechos de los trabajadores, no más despidos.

c. No más impuestos

d. No al alza de los pasajes

e. Defensa de la libertad de expresión y pensamiento.

f. Por la gratuidad de la educación y el libre ingreso

g. No al Bachillerato General Unificado.

h. Libertad para Marcelo Rivera.

i. Amnistía a los perseguidos políticos del gobierno.

j. Por una ley que desprivatice el agua.

k. Por una ley de tierras que beneficie a los campesinos e indígenas.

l. No a la explotación minera a cielo abierto y a gran escala.

m. No al incremento del precio de los combustibles.

Según Villacís la mejor manera de conmemorar el día de los Derechos Humanos, es impulsando acciones para su vigencia y cumplimiento, que permitan contrarrestar el abuso de poder y la criminalización de la lucha social en el Ecuador.

Finalmente el Director del MPD afirmó que a partir de enero de 2012 se intensificarán las jornadas de protesta que preparan diversos actores sociales afectados por la política antipopular y antidemocrática del régimen, agregó que están coordinando acciones con las distintas organizaciones sociales y políticas en demanda de estas propuestas y contra el proyecto autoritario y prepotente de Rafael Correa.

La unidad Plurinacional MPD PACHACUTIK vence a ALIANZA PAIS

A pesar del uso de su imagen para la campaña electoral en los cantones de reciente creación, Rafael Correa y su partido no pudo imponerse, en las elecciones de Nuevo Paraíso, quizá no sean tan relevantes y en votación sean mucho menos importantes pero si tomamos en cuenta que en dicha zona se procedería a la explotación minera a cielo abierto, el control político de dicha zona se vuelve muy importante tomando en cuenta la consulta previa que se debe hacer a la población, para decidir si los pobladores quieren dicha explotación en sus territorios. Y así evitarse inconvenientes como en la provincia de Azuay y su rechazo a la explotación minera.

Yo no fui....

Escozor causó en el Ministerio de Educación la revelación de la orden confidencial de un asesor ministerial, para que los Directores Provinciales llenen una ficha de mapeo de los planteles educativos fiscales; con la ilegal declaración de la filiación política y gremial de directivos educativos y líderes estudiantiles. En el Ministerio todos dicen no saber nada del asunto y no les quedó otra salida que destituir al diligente asesor, que parece se le iluminó la mente y tratando de ganarse un puesto en el famoso Instituto Nacional de la Meritocracia, concibió (¿o aplico?) la desfachatada idea; sin contar que en algún lado, los documentos fueran lanzados a la red. Y las explicaciones, en medio del estupor oficial no faltaron: que los documentos no son oficiales, que no se dio la cuestionada orden, que no se aplicó en ningún lado… Finalmente todos dijeron YO NO FUI…

Pero dos aspectos quedan claros en este escándalo de violación de derechos; el primero que los documentos existen y que llegaron a los Directores Provinciales de Educación; y, el segundo que en el Ministerio reconocieron que esa orden viola preceptos constitucionales, pues de acuerdo a informaciones de prensa, eso motivó la destitución del incondicional asesor.

Pero al parecer no en todas las provincias se observó la misma celeridad en la aplicación de las ilegales fichas; lo que muestra a ciertos Directores más incondicionales, dispuestos a hacer todo lo que les mandan desde arriba, sin importarles la legalidad o no de las órdenes; si las firman o no autoridades competentes, ignorando el principio que les impide ejecutar disposiciones contrarias a la ley. En Morona Santiago, el Director de Educación, siendo Abogado y que se supone entiende de derecho, sin reparar que el famoso mapeo vulnera derechos ciudadanos, dispuso su. ¿Acaso se imaginó estar ante la novelería del Instituto Nacional de la Meritocracia? Para ello se utilizó a la supervisión educativa, en un claro abuso de autoridad orientado a identificar a posibles detractores del oficialismo, seguramente pensando en la ansiada reelección presidencial. ¿No configura esto una posible utilización de recursos públicos para beneficio político?.

Finalmente; si existe sentido común, así como anunciaron que el agencioso Oswaldo Redrován fue destituido, deberían hacer lo mismo con los Directores Provinciales que acataron una disposición ilegal proveniente a de un asesor, que no tiene competencia ni rango de autoridad jerárquicamente superior. Si hubiera un poco de sinceridad y en honor a la tan cacareada transparencia, el régimen debería sacar a todos los agenciosos directores que en vez de administrar la educación se dedican a hacer los consabidos méritos para mantenerse en los cargos o ascender a otros más importantes,

Gobierno de pesquisas

La aseveración de que el correísmo tiene entre manos la constitución de un Estado policial posee, cada vez, más elementos que la sustentan. Ahora se ha denunciado la intención de elaborar un “mapeo” político en las instituciones educativas, que consiste en recabar información de la filiación política de los rectores (as), vicerrectores (as) y dirigentes de los consejos estudiantiles, así como si apoyan o no al gobierno y en qué medida.

De acuerdo a la comunicación enviada al respecto desde el Ministerio de Educación, dicha investigación constituye “una prioridad planteada por el señor Presidente” y, como no podía ser de otra manera, el carácter de “confidencial y urgente”.

No es difícil comprender con qué fines políticos el gobierno lleva adelante una pesquisa de esa naturaleza. Estando en curso un proceso de criminalización de la protesta popular, la elaboración de una lista de opositores será utilizada para adoptar en contra de sus integrantes medidas de retaliación y represivas. Ni los gobiernos más reaccionarios de los últimos años ha actuado de la forma como lo está haciendo el actual; conductas de esa índole se las encuentra en regímenes fascistas o fascistoides y altamente represivos.

El espionaje desde las altas esferas en contra del pueblo para reprimirlo está al orden del día. El mismo Rafael Correa declaró haber ordenado investigaciones policiales sobre los empleados públicos antes de ser echados de sus puestos de trabajo; ahora se descubre este nuevo caso. No es casual que se lo haga en contra de maestros y estudiantes, agrupados respectivamente en la UNE y la FESE, que semanas atrás con movilizaciones callejeras expresaron su oposición a la política educativa del gobierno por su contenido antipopular.

Con esa acción el gobierno una vez más pisotea derechos consagrados en la Constitución aprobada en Montecristi, lo que no resulta extraño. Si enumeramos cuántas veces lo ha hecho el listado sería enorme.

Para echar tierra sobre el asunto, con el cinismo que caracteriza el accionar de este gobierno y de todos sus funcionarios, las autoridades educativas han deslindado responsabilidades y pidieron la renuncia al asesor que tuvo esa “iniciativa”. El asunto no se soluciona de esa manera, pues, hay ya una información política en manos de las autoridades que será utilizada para la represión.

Este acontecimiento es una causa más para que la Ministra de Educación, Gloria Vidal, sea destituida de sus funciones.

Me echaron del puesto

Hoy por primera vez en 17 meses, que labore como Cirujano general en el Hospital, he llegado muy temprano a casa, y ante la tierna e inocente felicidad de mis hijos, la compasiva mirada de mi esposa, que me preguntan: el porqué llego pronto, les dije como en el poema:

ME ECHARON DEL PUESTO
Pero no me echaron por vago u ocioso; pues dedique la totalidad del día al servicio de mis enfermos, incluidas las rondas nocturnas que siempre hacia, el pasar visita los sábados y domingo, el levantarme en la madrugada y raudo ir al hospital ante una emergencia, el incluir en mi rutina los martes de docencia a los residentes (aunque el hospital no sea docente), el dar 8 a 10 turnos más de los 20 que me asignaban, quedándome hasta mas allá de las 6 de la tarde en mis días de consulta, entonces me pregunto vago no he sido, ocioso peor. Pero igual me echaron del puesto.

Reflexione entonces que era inepto e inservible, no apto para el puesto. Pero mis evaluaciones de desempeño fueron superiores a 92/100, he operado un promedio de 39 pacientes por mes, he innovado las viejas prácticas quirúrgicas, introduje la cirugía mínimamente invasiva en el hospital, mas de 480 cirugías laparoscópicas de vesícula, mas de 100 apendicetomías laparoscópicas, el único hospital que en el norte del Ecuador que realiza hernioplastias laparoscópicas, una decena cirugías de bocio tiroideo, un sinfín de herniotomías en niños, un alto número de orquidopexias realizadas a los infantes en su mayoría kichwas del cantón; era el único que resolvía los problemas graves, la totalidad de interconsultas de cirugía me las hacían a mi; entonces no he sido inútil. Pero igual me echaron del puesto.

Probablemente a pesar del numero de cirugías, mis resultados no fueron satisfactorios; pero en mi archivo personal tengo un tasa de infecciones del sitio operatorio menor al 2% que es el estándar internacional, el porcentaje de reintervenciones en un mismo mes inferior al 0,5% que es el referente, complicaciones menores al 3%, complicaciones mayores inferior al 0,3%, mortalidad de menos del 0,3%, he transferido 1 solo paciente a hospitales de tercer nivel de atención, el índice de regreso a controles en el primer mes es del 95%, al tercer mes del 92% y al sexto mes es del 82%, entonces estoy con resultados adecuados; a pesar de esto me echaron del puesto.

Entonces entendí que la búsqueda sempiterna de la perfección, no es buena en tierra donde reina la envidia y el celo profesional, el exigir cumplimiento de normas y protocolos basados en evidencias científicas es nocivo para uno, porque le creen pedante, sabelotodo, o como dicen los jóvenes hoy nerd.

Aprendí que el soñar con la implementación de nuevas tecnologías en salud, el uso de la herramienta de la epidemiologia para la toma de decisiones, el trabajar con indicadores técnicos, sin embargo estos sueños son imposibles en nuestros hospitales de pueblo, porque para quienes se acomodaron a la cotidianidad, a la tediosa rutina de atender de mala manera a los humildes, a los pobres, a los indígenas, al lumpen, hablar de nuevas tecnologías es inentendible, ahí comprendí el probable porque de mi despido.

En el hospital de Otavalo colabore en la gestión del primer Director Kichwa de la historia del cantón (52% de la población es indígena) se logro plantear con mi colaboración proyectos de innovación en atención hospitalaria y cuenta con tecnología de punta, hoy los pobres pueden realizarse artroscopias, se han colocado más de 800 prótesis de cadera y rodilla, en 3 años; de muchos cantones vinieron, de muchas provincias llegaron, pero esto solo fue hasta el martes 25, pues un EDICTO, dictamino que solo se abran fichas para la gente de Otavalo, se negó la atención medica a gente de otras localidades. De paso al UNICO tratante kichwa, especialista en pediatría y máster en gerencia en salud, también le echaron del puesto a sus 39 años.

Considero que tal vez por haber apoyado con fuerza para que se implementen procesos de Salud Intercultural, como el parto culturalmente adecuado, uno de los pocos referentes palpable del trabajo intercultural en el país, con reconocimiento internacional, por el que han llegado múltiples misiones de observación; proceso que fue liderado por una enfermera infatigable, sacrificada hasta el tuétano, con una maestría en administración hospitalaria, otra en administración y negocios, especialista en genero y políticas, de 43 años, ex directora del hospital, 19 años de servicio, que también LE ECHARON DEL PUESTO. De pronto fue eso el apoyar procesos de sensibilización y participación colectiva en la salud, el romper paradigmas, incluso racistas en el hospital; fue el detonante para que una autoridad de salud provincial, aupada con una autoridad local sin cuarto nivel a los que ayudamos a visibilizar públicamente, nos haya despedido.
En fin vuelvo la mirada a la sonrisa de mis hijos, a la ternura de mi esposa, esta ultima cada mes sometida a quimioterapia en la lucha contra el cáncer, y con fe les digo guardándome mi bronca, mi ira, mis lágrimas y desconsuelo.

Vamos a mirar con fe el futuro, seguimos con la esperanza de días mejores, no se acaba el mundo, tengo 42 años, una mente despierta y ávida, unos brazos para luchar y se que piso firme en la tierra, porque no van a matar mis convicciones de cambio, de critica constante, de búsqueda de la verdad, no conseguirán doblegarme; seguiré soñando en un mañana de esplendor para la salud pública ecuatoriana, en una época en la que se respete la opinión ajena, en la que haya plenas libertades, un país sano con una colectividad sana, en la que se privilegie los consensos, un país con una democracia verdadera, vamos a seguir adelante.

De paso adjunto mi CV, como me despidieron ya no puedo servir en ninguna entidad del estado.

Gonzalo Jaramillo Castro
CIRUGIA GENERAL Y LAPAROSCOPICA

MPD denuncia que el gobierno inició despido masivo de servidores públicos

Gobierno prevé despedir 200 mil servidores públicos.

Cerca de 3 mil servidores públicos han sido despedidos de sus puestos de trabajo, de manera inconstitucional, ilegal y represiva. Para este procedimiento el gobierno de Correa, amparado en el decreto 813 pretende destituir, hasta mediados del 2012, cerca de 200 mil servidoras y servidores públicos, pese a que están amparados por la Constitución de la República, la Ley de Servicio Público y el Código del Trabajo, denunció la Directiva Nacional del MPD.

Luis Villacis Maldonado dirigente emepedista destacó conjuntamente con el bloque de asambleístas, el MPD presentó ante la Corte Constitucional, la demanda de inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo No. 813, el cual reforma el Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público y arbitrariamente establece las renuncias obligatorias para los servidores públicos.

Villacís solicitó a la Corte Constitucional dicte medidas cautelares, de conformidad con el art. 87 de la Carta Política, con el fin de suspender los efectos del Decreto 813 y precautelar los derechos de los servidores. Agregó que estos son despidos represivos, porque la Policía Nacional por órdenes de las esferas gubernamentales, irrumpe en los puestos de trabajo, prácticamente desalojándolos a la fuerza y obligándoles a firmar; estas acciones rayan en la prepotencia y el autoritarismo, por lo cual el MPD llamó a sus militantes a participar de las movilizaciones que ya preparan las centrales sindicales.

El trabajo es un derecho constitucional, que goza de la obligatoria protección del Estado; no es solamente un medio para llevar el sustento diario a nuestras familias, sino que CONSTITUYE FUENTE DE REALIZACIÓN PERSONAL, que nos permite el pleno respeto a la dignidad y llevar una vida decorosa, como lo señala el artículo 33 de la Carta Suprema de la República, lo cual no será posible si se obliga a los servidores públicos a despojarse de sus puestos de trabajo aún en contra de su voluntad.

Propaganda e intimidación, regla de los regímenes totalitarios‏

Haciendo uso de un gran aparataje propagandístico, los conceptos de verdad, justicia, democracia y representatividad social, son completamente distorsionados por la comunicación gubernamental.

Como muestra la historia, los regímenes totalitarios, sobre todo a partir de la revolución francesa con Napoleón Bonaparte, usaron el poder de la comunicación persuasiva, al mismo tiempo que imponían una férrea censura, para imponer sus visiones de la realidad. Napoleón suprimió periódicos (Como Correa, que se apropió de El Telégrafo, intenta terminar con El Universo, fundó otros como El PP, o El Ciudadano), contrató periodistas para alabar y difundir su política (un buen número de periodistas de los medios privados ahora están en los medios públicos), él mismo escribió artículos (en este caso él mismo dirige un programa de televisión semanal), distorsionando la información de diversas formas. Una de las mayores armas de la propaganda bonapartista fue el uso del plebiscito, en el que a la población se le pedía que votase acerca de un asunto, cuyo enfoque había sido previamente decidido; luego se difundían profusamente los resultados (10 a uno, diría Correa respecto de la consulta del 7 de mayo), resultados que siempre resultaban favorables a Napoleón, por supuesto. “La religión, la educación y cualquier otra actividad fueron incorporadas a su servicio, sin quedar apenas rastros de la inicial ideología revolucionaria que lo había elevado al poder”, dice María Victoria Rayzábal, en el libro: “propaganda y manipulación” (1999). A este recurso de los plebiscitos también acudieron otros líderes autoritarios, como Hitler.

Decía O. Thompson sobre Hitler: “merece con Julio César y Napoleón Bonaparte, la distinción no solo de crear nuevos métodos de propaganda, sino de basar consciente y deliberadamente toda su carrera en la propaganda planificada”. Y efectivamente, en su libro “Mi lucha”, el Führer describe varias reglas fundamentales acerca de la propaganda eficaz, que bien podríamos comparar con lo que ahora miramos en la “revolución ciudadana”:

a) Se deben evitar las ideas abstractas y apelar a las emociones. Tal como se hace al hablar de la revolución educativa, o de la salud, de la Misión Manuela Espejo, y en general de la inversión social.

b) Deben repetirse constantemente las ideas usando frases estereotipadas y evitando la objetividad. “La revolución ciudadana avanza”, “30-S, el día en que triunfo la democracia”, “manos limpias, mentes lúcidas, corazones ardientes”, “revolución rápida, profunda y en paz”, etc.

c) Hay que poner de manifiesto solo una cara de la realidad. Como cuando los canales gubernamentales hacen noticias, reportajes o entrevistas acerca de los sucesos del 30-S, o cuando se elaboran las cadenas nacionales para atacar a la oposición.

d) Conviene criticar constantemente a los enemigos de lo establecido. “Los mismos de siempre”, “prensa corrupta”, “mafias enemigas del cambio”, etc.

e) Se debe identificar un enemigo específico para realizar una descalificación específica del mismo. Cada vez que aparece alguien con una denuncia o una opinión contra el régimen y sus políticas es atacado de manera inmediata y persistente, injuriándolo o estigmatizándolo a través de cadenas de radio y televisión.

Goebbels, el oficial nazi que dirigía la ofensiva ideológica de ese régimen, sabía que la propaganda era más efectiva si se “aderezaba” con grandes dosis de intimidación y terror. Y en eso se inscribe todo el proceso de criminalización de la lucha que miramos en el actual gobierno, que incluye la utilización de la justicia para perseguir a dirigentes sociales, como ahora ocurre en Cotopaxi con ocho dirigentes a quienes se les va a seguir juicio por haber participado en los hechos del 30-S. O la casación en el caso del coronel Carrión.

Sin embargo, la historia también dice que los pueblos lograron siempre reponerse a estas agresiones ideológicas y salir por los fueros de la dignidad y la esperanza en el cambio. Así como entonces, la situación actual será superada en beneficio de los pueblos.

Estudiantes secundarios se movilizan en contra del BGU

Una jornada caracterizada por la unidad de los colegios fiscales de Quito, que fue liderada por Leyde Morales Presidenta Nacional de la FESE fue llevada a cabo este día Jueves 22, cuya concentración fue en el parque del Arbolito, cuyos objetivos se centraba en protestar contra la aplicación del Bachillerato General Unificado (BGU) y la represión policial que derivo en la violenta agresión al estudiante del colegio Mejía Edisón Cosios.

La marcha se dirigió en primera instancia hacia el Hospital Eugenio Espejo donde mostraron su solidaridad con Cosios, así como exigieron la sanción respectiva para el elemento policial responsable de tremenda agresión.

Los estudiantes continuaron por el centro de la ciudad hasta llegar al Palacio de Carondelet donde fue entregada una propuesta para a la modificación y aplicación del BGU, y la investigación respectiva de los casos de agresión policial, al final de la tarde las protestas se concentraron en los alrededores de la Universidad Central.

Colegio Mejía enfrenta, una vez más, la presión directa del gobierno‏

Estudiantes y padres de familia del colegio Nacional Mejía rechazaron la manipulación que le gobierno intenta hacer al interior de la institución, para evitar que continúen manifestándose contra el Bachillerato General Unificado y en respaldo a sus maestros que sufren la aplicación de la nueva jornada de trabajo de ocho horas. Anunciaron que se mantendrán movilizados y que las consecuencias de lo que pueda suceder solo serán del oficialismo.

Con gran preocupación y apremio, autoridades de los ministerios del Interior y de Educación intervinieron en el colegio esta mañana, para evitar que la movilización que estaba prevista para hoy, se realice. Una evidente manipulación a un grupo de estudiantes, por un lado, y a representantes de padres de familia y autoridades del plantel, por otro, impidió que hoy los jóvenes expresen su rechazo a la agresión criminal del que los estudiantes han sido objeto en estos días, y fruto de la cual Edison Cocíos se debate entre la vida y la muerte.

Los rumores de que si la marcha se realizaba el colegio sería suspendido, así como la presencia de personas con cámaras fotográficas que, según se dijo, registraban a los estudiantes y padres de familia presentes para las sanciones que el presidente Rafael Correa anunció en su sabatina, así como la indecisión y temor de las autoridades del plantel, que no solo impidieron que los chicos salgan, sino que recibieron a las autoridades gubernamentales para que se distribuya a una delegación de estudiantes hacia la Comandancia de Policía y a otra delegación integrada por padres de familia, estudiantes, el rector y vicerrector del colegio, hacia las oficinas del Ministerio del Interior, hicieron que la gente se disperse y la iniciativa estudiantil fracase.

Según los padres de familia, las autoridades en estos espacios de diálogo intentaron persuadir a los manifestantes de que el problema estaba en que el gobierno no “informó” bien de lo que se trataba el bachillerato unificado, y que están dispuestos a hacerlo, y a escuchar todas las opiniones, más no a retroceder en la decisión de aplicar esta política. Es decir, un dialogo de sordos, como ha sido ya práctica del régimen en estos años.

Los padres de familia, luego de rechazar esta manipulación gubernamental, expresaron el apoyo frontal a sus hijos, así como la decisión de movilizarse cuando sea necesario, sin ceder a las intimidaciones del régimen. Gritos como: “ya basta de prepotencia”, y “no tenemos miedo”, se escucharon en los patios del plantel, mientras se llegaba a un acuerdo para autoconvocarse para mañana, a partir de las 07h30.

Las autoridades del Ministerio del Interior se comprometieron a no reprimir ninguna manifestación pacífica, y a continuar “escuchando” a los manifestantes, sin represalias de ningún tipo.

MPD calificó como decreto dictatorial de Correa el estado de excepción a la Función judicial

La Directiva Nacional del MPD, denunció como un Decreto dictatorial el texto enviado por Correa en el que declara el Estado de Excepción en la Función Judicial, concretándose así el asalto a la justicia y el atropello a normas constitucionales.

Luis Villacis Maldonado Director del MPD, manifestó que este decreto es inconstitucional e inmoral, debido a que no existen causales para la declaratoria del estado de excepción, ya que según lo que establece el art. 164 de la Constitución este instrumento solo ser hará efectivo “en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural”.

El decreto señala en uno de sus considerandos que “ante la situación angustiante de la Función Judicial…podría generar una conmoción interna”. Villacis declaró que no es posible que se legisle bajo un supuesto; esto no se contempla en ningún sistema jurídico en el mundo, no se puede tomar una decisión por presunción sino por un hecho cierto.

Adicionalmente el art. 168.1, de la Constitución establece que “la función judicial gozara de independencia interna y externa. Toda violentación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley”, señaló el dirigente emepedista. Agregó que lo que estaría detrás de este decreto sería la violentación de la autonomía del poder judicial; el despido intempestivo de funcionarios judiciales que no sean obsecuentes al régimen, la aceleración y violación del debido proceso de juicios que están abiertos contra más de 300 luchadores sociales, amenaza a la libertad de expresión debido a que con una justicia en manos del gobierno sería enjuiciados y sentenciados quienes lo critiquen y la total impunidad a los casos de corrupción denunciados, indicó Villacis.

Alcalde de Quito busca criminalizar la protesta social

Provoca pena conocer que Quito tiene un alcalde que no encuentra otro mecanismo que insultar y descalificar a las personas cuando éstas ponen al descubierto su incapacidad de gestión administrativa sostuvo Natasha Rojas, presidenta nacional de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador CUBE, a propósito de la comparación que Augusto Barrera la hiciera a ella y a Ciro Guzmán, director provincial del MPD con la desaparecida Mama Lucha que años atrás extorsionaba a los comerciantes minoristas de la capital. Esas declaraciones las vertió el alcalde en Radio Democracia.

Tal comparación forma parte de la línea de criminalización de la protesta popular aplicada por el gobierno y ahora asumida por Barrera, con lo que se pretende justificar la represión, dijo la dirigente social.

Rojas señaló que la organización a la que representa, al igual que otros sectores, no solo que han cuestionado la manifiesta incapacidad de la actual administración municipal, sino que además han presentado propuestas específicas ante los problemas que aquejan a la capital. Barrera debería preocuparse por los graves problemas que afectan a quienes vivimos en Quito, mostrar algo de liderazgo y capacidad para resolver los problemas como el caos vehicular, la inseguridad ciudadana, la faltas de obras en los barrios, los baches y huecos existentes prácticamente en toda la ciudad. Quito necesita de manera urgente un alcalde, antes de que se ahogue en un mar de problemas, enfatizó Rojas.

También emplazó al alcalde a un debate público sobre los distintos problemas de la ciudad, entre ellos el comercio autónomo y/o informal. Dijo, además, estar segura que el alcalde no tendrá el valor de dirigirse a ella en esos términos frente a frente y cuando sus funciones administrativas cesen. Está, como todo este gobierno, mareado por el poder.

Poesía Comunista

La Poesía comunista es un recopilatorio a nivel nacional, sudamericano y mundial del aporte del pensamiento comunista en la poesia, y como la lucha social deriva en un aporte en la conciencia revolucionaria plasmada en puños de grandes autores.Poesía Comunista

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Colegio Mejía de Quito en resistencia contra la jornada laboral de 40 horas

Señor Rector:

ANTECEDENTES

Ante la notificación que se dignó ponernos en conocimiento el 06 de julio del 2011 mediante la cual nos hace saber de la emisión del INSTRUCTIVO SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE LABORAN EN EL RÉGIMEN SIERRA, suscrito por la señora Beatriz Caicedo Alarcón, Subsecretaria de Apoyo y Seguimiento a la Gestión Educativa; a usted comedidamente manifiesto:

El Instructivo antes mencionado, entre otros aspectos dice: “ELABORACIÓN DEL DISTRIBUTIVO DE TRABAJO” y contiene “De conformidad con lo estipulado en la LOEI, los docentes deben laborar 40 horas semanales, repartidas de la siguiente manera: 30 horas pedagógicas y el resto, hasta completar las 40h semanales, estará dedicado a actividades complementarias por la máxima autoridad del plantel.”

De lo transcrito se desprende una clara y manifiesta intención de que los señores rectores y más autoridades de los planteles educativos del Régimen Sierra, al iniciar el año lectivo 2011-2012, deban asignarnos en forma general a todos los docentes las 40 horas reloj por semana, es decir 160 horas mensuales; consecuentemente, nos están aumentando 80 horas más de las que veníamos laborando hasta el presente año lectivo; además en este instructivo NO HACE CONSTAR LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA QUE DEBEMOS RECIBIR LOS DOCENTES POR CONCEPTO DE LA DUPLICACIÓN DEL NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO, quedando demostrado que, con esta deliberada omisión, se pretende duplicar nuestras horas de trabajo SIN CONTEMPLAR RETRIBUCIÓN ECONÓMICA ALGUNA POR ESTE CONCEPTO.

Revisada la Constitución de la República y las Normas Legales aplicables al caso se observa que disponen:

1.- SOBRE LA IRRECTROACTIVIDAD DE LA LEY

El Inciso segundo del numeral 8 del Art. 11 de la Constitución de la República nos dispone a todos los ecuatorianos lo siguiente:

“Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe injustificadamente el ejercicio de los derechos” Lo transcrito tiene concordancia con el Art. 7 del Código Civil.

En el presente caso, analizando los derechos que tenemos los señores DOCENTES DEL ECUADOR y es aplicable la norma invocada, por cuanto, también es notoria la intención de la autoridad ministerial, la de aplicar retroactivamente la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), por cuanto no considera que existimos docentes que ingresamos a trabajar bajo la vigencia de la Ley Orgánica de Educación y su respectivo Reglamento General, el cual contemplaba en forma general alrededor de 20 horas reloj semanales, por lo tanto la aplicación en forma retroactiva de la LOEI, nos lleva a la obligación de trabajar 4Oh semanales POR EL MISMO SUELDO, desconociendo de esta manera los derechos, que a continuación transcribo:

Numeral 4 del Art. 11 de la Constitución que señala: “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales”

Esto significa que aunque sea una ley, la LOEI no puede desconocer nuestro derecho a ser remunerados por las horas de trabajo que nos están aumentando.

¿Cuáles son los derechos de los docentes, que se están vulnerando o restringiendo?

El numeral 6 del Art. 11 de la Constitución de la República nos reconoce que:

“Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.” Lo transcrito guarda concordancia con los Arts. 229 y el Numeral 2 del Art. 326 de la Constitución de la República.

Lo inalienable significa que NADIE puede menoscabar los derechos de los trabajadores, en esto se incluye a la señora Beatriz Caicedo y más autoridades.

Lo irrenunciable significa que los docentes que ingresamos bajo la vigencia de la Ley Orgánica de Educación anterior al 31 de marzo del 2011, estábamos obligados a cumplir como jornada de trabajo, en algunos casos 25 horas pedagógicas semanales y en otros únicamente 22 horas pedagógicas semanales, en general podemos considerar que hemos estado cumpliendo 20 horas reloj cada semana de trabajo; por consiguiente, si se quiere aplicar las disposiciones del Art. 117 de la LOEI, la autoridad que disponga su aplicación y la autoridad que aplique tal disposición debe tomar en consideración que solo puede hacer lo que la Constitución y la Ley le faculta, en otras palabras lo que comúnmente conocemos “sólo lo que está escrito”, por lo tanto me permito transcribir algunas Normas Constitucionales y Legales que las respectivas autoridades se hallan obligadas a observar y a respetar.

Numeral 17 del Art. 66 de la Constitución de la República que dice:

“El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso. Salvo los casos que determine la Ley.”

Lo transcrito se debe analizar diciendo que si se procede a aumentarnos en 80 horas mensuales, nuestra jornada de trabajo, significa que se nos ha duplicado el número de horas laborables y acatando lo dispuesto en la constitución, las autoridades que están ordenando su cumplimiento, también están obligadas a decir cuál es la compensación económica que vamos a recibir por concepto de la duplicación de la jornada laboral; se debe pedir que se realice la correspondiente asignación presupuestaria para poder aplicar esta normativa; y, de no disponer de los fondos para cumplir con la obligación de pagar, se debe también ABSTENER el duplicar la jornada de trabajo.

La palabra Nadie me he permitido resaltarla, para señalar que mis compañeros del Régimen de la Costa que han sido obligados a trabajar 160 horas mensuales por el mismo sueldo, están en su derecho reclamar e iniciar las acciones legales, para que las autoridades que les exigieron este trabajo, paguen lo que les están adeudando, por no haber trabajo gratuito.

Las Autoridades que envían este instructivo y los señores rectores están en la obligación de cumplir con el numeral 5 del art. 11 de la Constitución de la República que dice:

“En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.” Lo dispuesto guarda concordancia con el numeral 3 del Art 326 de la Constitución de la República y con el Art. 7 del Código del Trabajo.

Es público, que en igual situación se encontraron los profesionales médicos y odontólogos cuando se promulgó la LOSEP, en la cual les dispone el trabajo de 8horas diarias, pero todos sabemos que se está aplicando únicamente a aquellos profesionales que ingresen desde la vigencia de esta ley y para los que cumplían 4 horas diarias ya se emitió una resolución del Ministerio de Relaciones Laborales, para que los médicos que laboran en los hospitales y casas de salud, se le realice la respectiva compensación económica de acuerdo a las tablas que se publicaron, cumpliendo así con el pronunciamiento del señor presidente en sus sabatinas, para esto el Ministerio de Finanzas realizó la respectiva asignación presupuestaria, es decir que únicamente se está cumpliendo para los profesionales que laboran en hospitales y casas de salud y en los demás centros de salud y en la educación no puede todavía aplicarse por no disponer de fondos, por lo tanto aplicando el derecho constitucional de igualdad ante la Ley no podemos ser discriminados.

Las obligaciones constitucionales que tienen las autoridades son muy claras y para ello me remito a lo que dispone el Numeral 9 del Art. 11 de la Constitución de la República que dice: “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.

el Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos.”

Es menester prestar atención a lo que dispone el Art. 326 numeral 4 de la Constitución de la República que dice: “ A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración” Si alguna vez se aplica correctamente lo transcrito y se respeta la Constitución de la República, significa que si estamos siendo duplicados en la jornada laboral y es igual el trabajo que vamos a cumplir, nos corresponde la duplicación de nuestro sueldo.

Me siento obligado hacer pública mi situación y con ello presentar como ejemplo de lo que me está ocurriendo y también a mis compañeros docentes de todo el país.

SUELDO QUE RECIBÍA ANTES DE LA LOEI (Marzo 31/ 2011)

CATEGORÍA AÑOS HORAS DE TRABAJO SUELDO IESS SE RECIBÍA

14ª 34 80 H Reloj Mensual $939,41 $ 80.96 $ 858,45

VALOR HORA DE TRABAJO: $858,45 DIVIDIDO PARA 80H MENSUALES = $ 10,73 POR HORA

SUELDO QUE RECIBO A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LOEI

CATEGORÍA AÑOS HORAS DE TRABAJO SUELDO IESS SE RECIBE

D No se considera 160 h reloj mensual 1.030,00 116,91 939,41

VALOR HORA DE TRABAJO: $939,41 DIVIDIDO PARA 160H mensuales = $ 5.87 POR HORA

Nota.- Tómese en cuenta que no incluyo el valor de los descuentos para el Fondo de Cesantía del Magisterio y para el Fondo de Cesantía de la UNE.

CONCLUSIÓN.- De aplicarse las 40 h semanales que equivalen a 160 h mensuales, significa que el Estado a través de la autoridades que están exigiéndonos el cumplimiento del aumento de horas de trabajo por el mismo sueldo; ESTAN VIOLANDO EL ART. 328 DE LA CONSTITUCIÓN cuya parte pertinente dice: “El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley.”

El pasar de ganar $10,73 a $ 5,87 ES UNA DISMINUCIÓN DEL SUELDO y en el caso de los compañeros docentes que ya les obligaron a cumplir con esta insensatez, les disminuyeron flagrantemente el sueldo, VIOLANDO LA NORMA CONSTITUCIONAL INVOCADA; situación que personalmente no estoy dispuesto a aceptarlo.

Las autoridades que se ufanan en explotarnos y congraciarse con sus superiores solo aplican la LOEI en lo que es las 40 h semanales, cabe entonces replicar y decir por qué no aplican toda la Ley? y la respuesta es: que no existen recursos, que tiene que aplicarse progresivamente, que falta expedirse el nuevo Reglamento General, por lo tanto solo quieren aplicar lo que les conviene, por lo que solicito se dignen aplicar con la misma inmediatez que nos exigen el aumento de horas de trabajo SE DIGNEN TAMBIÉN CUMPLIR CON LAS NORMAS CONSTITUCIONALES INVOCADAS y las siguientes de la LOEI:

Finalmente señaló, que existen los documentos del Ministerio de Relaciones Laborales en el oficio No. 0009324MRL-AGTH-2011, de fecha 30 de junio del 2011 suscrito por Roberto Celi Timpe MBA. Subsecretario técnico de fortalecimiento del Ministerio de Relaciones Laborales y el pronunciamiento de Mario Delgado Cartagena Director de recursos humanos ( e ) del Ministerio de Educación pronunciamientos, que contienen la disposición en los siguientes términos: “ … continuar laborando con la jornada de cuatro horas diarias y percibiendo la remuneración unificada actual, hasta que el Ministerio de Relaciones laborales emita la resolución correspondiente.”; esto en referencia a los señores médicos y odontólogos que pertenecen ha esta institución y al Ministerio de Educación.

La ASAMBLEA GENERAL DE DOCENTES CON NOMBRAMIENTO, DOCENTES DE CONTRATO Y DOCENTES DE LA SECCIÓN NOCTURNA DEL “INSTITUTO NACIONAL MEJÍA”, reunida en el Salón de Actos de la Institución, el día lunes 15 de agosto del 2011, las 08h00:

CONSIDERANDO

· Que se está procediendo a la elaboración del distributivo para el año Lectivo 2011-2012 por la institución, en el que consta una jornada de 8 horas diarias de trabajo para todos los Docentes del Instituto Nacional Mejía, lo que determina que pasemos a laborar de 80 horas mensuales a 160 horas mensuales, sin que todavía exista el pronunciamiento de las Autoridades de los Ministerios de Relaciones Laborales, Educación y de Finanzas, en lo referente a la asignación presupuestaria con la que debe contar el plantel, para poder cubrir el aumento de 4 horas diarias adicionales de trabajo;

· Que el inciso segundo del numeral 8 del art. 11 de la Constitución de la República señala: “Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.” por lo tanto, la ley no tiene carácter retroactivo;

· Que el numeral 4 del art. 11 de la Constitución de la República señala “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales”, por lo tanto, la LOEI no puede restringir los derechos adquiridos por los docentes a ser remunerados por las horas de trabajo adicionales que contempla la nueva Ley de Educación.

· Que el numeral 17 del art. 66 de la Constitución de la República dispone: “El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley”; las disposiciones emanadas por el Ministerio de Educación de cumplir 40 horas reloj a la semana, conlleva a que debamos trabajar 20 horas adicionales gratuitamente

· Que los docentes que vienen laborando bajo la modalidad de contrato por más de dos años, tienen derecho a la renovación de sus contratos, en virtud de los derechos laborales adquiridos;

· Que a los docentes que laboran en la sección nocturna, desde el 15 de marzo del 2011 hasta la presente fecha, el Ministerio de Educación adeuda los sueldos que les corresponde bajo la modalidad de horas extras, sin existir un pronunciamiento por parte de las autoridades indolentes respecto a las causas por las que el Estado ha caído en mora;

· Que el Ministerio de Relaciones Laborales y de Educación, han emitido pronunciamientos favorables a la NO aplicación de las 8 horas diarias, a los profesionales médicos y odontólogos que pertenecen al Ministerio de Educación;

· Que el numeral segundo del art. 11 de la Constitución de la República dispone que todas las personas somos iguales y gozamos de los mismos derechos deberes y oportunidades y que la ley sanciona toda forma de discriminación; debiendo por lo tanto, al igual que los profesionales médicos y odontólogos suspender la aplicación de las 8 horas diarias, hasta que se establezca la respectiva compensación salarial;

En uso de la atribuciones que nos concede el Art. 98, el inciso segundo del numeral 8 del Art. 11, el inciso segundo del Art. 229, los numerales 4, 5, 6 del Art. 11, los numerales 2 y 4 del 326, el numeral 17 del Art. 66 de la Constitución de la República y los literales c, d, e y f del Art.10 de la LOEI:

RESUELVE:

Primero.- Demandar al Gobierno Nacional, el cumplimiento de la asignación presupuestaria para cancelar el aumento de 4 a 8 horas diarias de trabajo docente, conforme lo dispone el numeral 4 del articulo 326 de la Constitución de la República que señala: “A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración”.

Segundo.- Exigir que el Gobierno Nacional cumpla con el literal f del art. 10 de la LOEI, a fin de que se ubique a los docentes en el escalafón del Magisterio considerando la experiencia, solvencia académica y evaluación de desempeño que hasta la presente fecha no se ha realizado en su totalidad.

Tercera.- Remitir las resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria de profesores del plantel, al señor Rector y por su intermedio al H. Consejo Directivo, a fin de que dispongan a la comisión encargada de elaborar el distributivo y los horarios, se lo haga únicamente aplicando la jornada semanal de 20 horas, hasta que se produzca la respectiva asignación presupuestaria y, gestionen los recursos económicos con el objeto de: renovar los contratos de trabajo, cancelar lo adeudado a los docentes de la sección nocturna y asignar los fondos para pagar los beneficios de las jubilaciones obligatorias de los docentes.

Cuarta.- Exigir a las autoridades ministeriales y de la institución, respeten los derechos adquiridos de los docentes que prestan sus servicios bajo la modalidad de contrato, para que se les renueve los contratos de trabajo, hasta que se inicie el proceso de emisión de nombramientos de conformidad con la normas establecidas en la LOEI, debiéndose tomar en cuenta que en muchos casos han sobrepasado los dos años de servicio en el Plantel.

Quinto.- Dirigir atentos oficios a los Ministerios de: Educación, Economía y Relaciones Laborales a fin de que establezcan los montos de la compensación económica que debe aplicarse a los docentes del Instituto Nacional Mejía y del país, por concepto del aumento a 8 horas la jornada de trabajo.

Sexto.- Declararnos en Asamblea General Permanente y canalizar gestiones tendientes a unirnos con los demás docentes del país, con las asociaciones, organizaciones gremiales , la Unión Nacional de Educadores y otras del sector público, a fin de convocar a tomar acciones pertinentes y acudir a todas las instancias que la Constitución y la Ley nos permite con el objeto de hacer respetar nuestros derechos, en el eventual caso de persistir en la aplicación de las 40 horas semanales con la misma remuneración.

Séptimo.- Sumarnos a la demanda de inconstitucionalidad del decreto ejecutivo 813 presentado por los Servidores Públicos del país.

Octavo.- Constituir una comisión coordinadora, a fin de que en forma pública se haga conocer las presentes resoluciones

En el caso de no ser atendidos favorable y oportunamente por las autoridades ministeriales e institucionales, manifestamos que nos obligan acogernos a nuestro derecho a la RESISTENCIA, consagrado en el artículo 98 de la Constitución de la República.

Por ser constitucional y legal se toman estas resoluciones.