Con algo más de dos millones de dólares invertidos en publicidad gubernamental en el mes de julio, según datos de la ONG Participación Ciudadana, y consecuentemente, con alrededor del 50% de aceptación a su gestión, el gobierno de la revolución ciudadana parece preparar una cadena de paquetazos económicos, que para volverlos imperceptibles, o que no afecten políticamente la imagen del Presidente de la República, estarían localizados por regiones. Esto, gracias a la aprobación del nuevo Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Descentralización y Autonomías (COOTAD).
Según lo ha denunciado el bancada legislativa plurinacional, progresista y de izquierda Pachakutik-MPD, el Art. 179 de este nuevo cuerpo legal, entregaría facultades tributarias a los nuevos Gobiernos Autónomos Descentralizados, entre las que estaría la eventual eliminación del subsidio de los combustibles.
Y esto es particularmente demostrable por la información última que se filtró desde el Municipio de Quito, y que fue aceptada como cierta por el vicealcalde gobiernista Jorge Albán, en el sentido de que se estaría pensando en financiar la construcción de 12 nuevas vías en el Distrito Metropolitano de Quito, con la imposición de nuevas tasas, y la elevación de otras que ya existen, como la del impuesto a los consumos especiales, la creación de peajes dentro de la ciudad y la elevación del precio de los combustibles únicamente en la capital.
Según la información del concejal Eddy Sánchez, de la Comisión de Movilidad, el Municipio requiere 573 millones de dólares para la obra. El 60%, es decir, 342 millones, provendría de un préstamo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (tomar como caja chica a esta institución también es una práctica instituida por el gobierno), 50 millones los pondría el Municipio (también como préstamo) y el resto vendría por créditos externos. Todo lo pagaría el pueblo de Quito a través de los impuestos, medidas que indignan por lo antipopulares y por la concepción neoliberal de la que parten.
Adelantándose ya a la aprobación del COOTAD, otro concejal también argumentaba la necesidad de que el Municipio capitalino asuma la competencia total de la educación en la ciudad, lo cual significaría una puerta abierta a la privatización de este derecho.
En realidad, varias políticas se han adelantado ya desde el gobierno, asumiendo la vigencia del COOTAD, aún antes de que lo aprobara la Asamblea. Es la prepotencia y el espíritu antidemocrático en el ejercicio del poder lo que se imprime como sello de esta “revolución ciudadana”.
El COOTAD, sin embargo, incluye aspectos importantes con los que la izquierda no podría estar en desacuerdo. Un ejemplo de ello es la creación de las Circunscripciones Territoriales Indígenas, que son una conquista y derecho de las comunidades y nacionalidades indígenas, así como el incremento al presupuesto de los organismos seccionales, incluidos las juntas parroquiales. Sin embargo, según explica el jefe de la bancada plurinacional y de izquierda, Jorge Escala, con la mayoría de artículos se generaliza el cobro de tasas, tarifas, impuestos y contribuciones especiales por mejoras, por recolección de basura, agua potable, control de alimentos, pavimentación, aceras, alcantarillado, sistemas de agua, relleno de quebradas, plazas, parques, entre otras obras.
Escala expresa su acuerdo con que los gobiernos autónomos descentralizados contribuyan en las competencias de infraestructuras y equipamiento en salud y educación, pero rechaza que la prestación de estos servicios pase a los municipios tal como lo plantea el COOTAD en su Art. 138. “Estas políticas neoliberales pretenden que la población asuma el financiamiento de los servicios mediante el incremento de tasas municipales, ya que estos se convertirán en mercancía de difícil acceso, que solo se beneficiarán los que tengan para pagar nuevos tributos”, afirma el asambleísta.
Para la presidenta de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador (CUBE), Natasha Rojas, el COOTAD es un instrumento neoliberal porque en el artículo 279 permite la “delegación” de servicios que presta la municipalidad a la empresa privada. “Esto significa privatizar los servicios que la población requiere para subsistir, y significa continuar con modelos de gestión neoliberales como el aplicado por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien privatizó el agua, la recolección de basura, etc.”
Además, sostiene Natasha Rojas, “la potestad que se le entrega al Consejo Nacional de Competencias de disponer la intervención temporal de un nivel de gobierno en la gestión de las competencias de otro nivel, violenta la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y se prestará a chantajes del gobierno nacional, ya que la composición del Consejo tendrá la presencia mayoritaria del Gobierno”. Y en esto radica la intención fundamental del gobierno: controlar cada espacio de poder, definir desde la Presidencia de la República quiénes merecen la atención del Estado.
Entradas
