domingo, 28 de junio de 2009

Libertad de mentir

La sanción impuesta por el Conartel a Teleamazonas, debido al incumplimiento de normas éticas fijadas en la ley para el ejercicio periodístico, ha provocado que la burguesía reclame airadamente bajo el argumento que se está “coartando” la libertad de expresión y atentando a la libre empresa, cosa que respondería a un plan autoritario que, entre otras cosas, busca el control estatal de los medios de comunicación.

Para la burguesía, un medio de comunicación no solo le es útil por los réditos económicos que le puede producir por la pauta comercial; es sobre todo uno de los principales instrumentos para su acción ideológica sobre las clases trabajadoras y el pueblo en general. Con ellos, desde los noticieros de televisión, radio o desde los espacios de análisis en la prensa escrita, impone la agenda política, crea corrientes de opinión y modela lo que ellos mismos denominan como la “opinión pública” a la que debe respetarse.

El ejercicio del dominio burgués no lo aseguran únicamente con medidas de fuerza (coercitivas), las clases dominantes también apelan a mecanismos cohesitivos (unificadores) en el plano ideológico y político, de manera que logran imponer sus puntos de vista entre los trabajadores y los pueblos, quienes los asumen como suyos.

Por eso, cuando se topa a un medio de comunicación de su propiedad, la burguesía no solo piensa en las pérdidas económicas que eso le puede producir; su preocupación va también porque se torpedea su diaria acción de manipulación ideológica, se afecta a un mecanismo para ejercer su poder. Tan importante es para la burguesía que si miramos la composición de los grupos económicos del país, cada uno ellos tiene en su propiedad radios, canales de TV, periódicos, revistas, servicio de internet, etc.

Los dueños de los medios no solo han impuesto la agenda política en el país; también han definido las políticas gubernamentales en períodos anteriores, pero en la actualidad chocaron con un gobierno que ha denunciado la naturaleza de los medios burgueses.

La sanción a Teleamazonas es parte de la lucha política del pueblo en contra del dominio oligárquico, es parte de la acción por la democratización de los medios que, por supuesto, no la entendemos restringido a que el Estado cuente con una radio, una televisión o un periódico denominados públicos. Tiene que efectivizarse el planteamiento de democratizar el uso de las frecuencias de radio y televisión y debe democratizarse la programación de radio pública, TVEC y el contenido de El Telégrafo, de manera que la opinión de las organizaciones populares esté allí en forma viva y directa, y no sea distorsionada su actividad como hemos constatado que ha ocurrido en estas semanas.

Fabricio Correa y sus prosperos negocios

Por sanidad moral, el gobierno debe propiciar las investigaciones necesarias y los correctivos del caso.

Las denuncias sobre el inusitado enriquecimiento de Fabricio Correa sobre la base de lograr la adjudicación de contratos con el Estado por un monto que bordea los 80 millones de dólares; la coincidencia de las contrataciones con el ejercicio presidencial de Rafael Correa, lo que, a más de ser ilegal e ilegítimo, induce a un grosero tráfico de influencias; la creación de empresas de papel en Panamá para el logro de tal objetivo; la obtención de millonarios préstamos concedidos por la CFN con dudosas garantías; la supuesta utilización de testaferros; la evasión de impuestos, entre otros, son hechos muy graves que ameritan una profunda investigación y esclarecimiento. Rafael Correa sabe que la corrupción es algo que el pueblo no perdona y que su compromiso para combatirla ha sido la plataforma fundamental de su éxito político; por tanto, si no hay la expresa decisión y acciones concretas para investigar las denuncias y sanear la situación, es algo que le pasará una fuerte factura política.

Fabricio Correa señala que su historial de empresario empieza hace 25 años y desde hace 13 contrata con el sector público. Uno de los primeros contratos fue con su empresa Aplitec la que logró la adjudicación de obras en la presa de Tahuín, durante el gobierno de Gustavo Noboa (quien fue presidente de la misma antes de su ingreso a la acción política). Los datos indican que los trabajos no fueron concluidos, razón por la que la Contraloría incluyó a Aplitec en la lista de contratistas incumplidas, situación que mantuvo hasta enero pasado luego de que el juicio plantado por Correa fuera archivado en el 2008 y derivado, según su pedido, al Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil.

Entre las instituciones públicas con las cuales las empresas de Correa tiene contrataciones constan: el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, MIDUVI, Petroproducción, PREDESUR e Hidrolitoral-Cedge.

Las empresas de propiedad de Correa y aquellas en donde es accionista son: Quality; Outsourcing; Megamaq; Energineering Internacional Consultants Corporations (Panamá), accionista de Internacional Energy Overseas Corporation (IEOC), la que a su vez es accionista de Cosurca, con sede en Ecuador. También figura como propietario de Malasoma (Ecuador), la misma que es accionista de Negolíder; el Consosrcio Amazónico; Consorcio Rellenos y Plataformas, entre otras. Como se puede apreciar, se ha construido un complejo sistema empresarial, seguramente, con el propósito de diversificar las contrataciones, aunque, en el fondo los beneficiarios sean los mismos.

Las expresiones de Fabricio Correa en el marco de su defensa pública son inconvenientes, por no decir torpes. Admitió que ser hermano del Presidente sí le abrió puertas; que se justifica su fortuna y ser el ganador de uno de cada cuatro contratos puesto que los Correa son “razonablemente listos”.

Rafael Correa, por su parte, defiende a ultranza a su hermano, conminando a que se demuestre dónde está lo malo e ilegal, postura que es nada saludable para su imagen y la del gobierno. Tal parece que desconoce el contenido del Art. 62 de la Ley de Contratación Pública que prohíbe contratar con el Estado a parientes de dignatarios, funcionarios y servidores públicos, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Sin concluir que, de la noche a la mañana, Fabricio Correa se ha convertido en empresario contratista con el Estado, pues, de los antecedentes publicitados se ve que sus iniciales pasos datan desde el año 2000, si se puede aseverar que es “exitoso” a partir de 2006; a todas luces es un despegue inusitado por no decir sospechoso. Por sanidad moral, el gobierno debe propiciar las investigaciones necesarias y los correctivos del caso.

domingo, 14 de junio de 2009

Contradicciones al interior de la tendencia democrática y de izquierda

En el curso de las semanas precedentes, la confrontación entre la Unión Nacional de Educadores y el gobierno, a propósito de la inconstitucional y punitiva evaluación a los maestros, se ha convertido en aspecto central de la política ecuatoriana. Ese choque, que desde el gobierno y la gran prensa ha sido conducido también en contra del Movimiento Popular Democrático, ha provocado confusión en muchos ecuatorianos que no logran entender cómo el gobierno, incluyendo al mismo presidente Rafael Correa, ha atacado con tanta fuerza a dos organizaciones que han expresado su apoyo a la gestión gubernamental.

Dicho comportamiento podría calificarse como inconsecuencia de PAIS y el gobierno con un sector que ha dado claras muestras de compromiso con el proyecto político que vive el Ecuador. Pero más que inconsecuencia existen divergencias de orden político que los confronta. Rafael Correa y PAIS han instaurado un gobierno democrático y progresista, y aunque hablen de llevar adelante una revolución a la que califican como ciudadana, lo cierto es que su gestión tiene el límite de la institucionalidad capitalista que la respetan y convocan a respetarla. Estamos frente a un gobierno que no supera el reformismo y el asistencialismo, a través de los cuales pretende atender algunas necesidades materiales de los pueblos, pero que de ninguna manera provocarán una verdadera transformación en las estructuras de la sociedad ecuatoriana.

El MPD, por su parte, como organización de izquierda revolucionaria, entiende que es necesario la adopción de medidas radicales par cambiar el país, ha criticado -por ejemplo- la ambivalencia gubernamental al hablar en contra de la banca y los empresarios, mientras concilia con los segundos cuando se han burlado de la aplicación del mandato que puso fin a la tercerización, o cuando les garantiza altas utilidades a los primeros al elevar las tasas de interés o al mantener más de mil millones de dólares del Estado en bancos privados. Conductas contradictorias con el discurso se han presentado en temas como la política petrolera, minera o frente a la deuda externa calificada como ilegal e ilegítima, sin embargo de lo cual se la paga.

Lo que está ocurriendo en nuestro país es la confrontación al interior de la tendencia democrática, progresista y de izquierda entre posiciones reformistas vs. las posiciones de la izquierda revolucionaria que mantiene posturas críticas a las limitaciones y errores de la acción gubernamental. El reformismo quiere cerrar espacios a la acción de las fuerzas revolucionarias.

La izquierda revolucionaria entiende como inevitable la presencia de estas contradicciones y se esfuerza para que los trabajadores y el pueblo comprendan su naturaleza y origen. Su solución no implica esconder los puntos divergentes, sino, por el contrario, redoblar esfuerzos para que el pueblo entienda mejor su política en la coyuntura y sus objetivos estratégicos.

No obstante que, ahora, esta confrontación se muestra agudizada, no debe perderse de vista que la contradicción fundamental en la sociedad ecuatoriana es la que se manifiesta entre explotados y explotadores, entre los pueblos y clases trabajadores del Ecuador y el imperialismo, principalmente norteamericano. Ese es el primer blanco de la revolución ecuatoriana.

jueves, 11 de junio de 2009

MPD exige vigencia de libertad de expresión

La Directiva Nacional del Movimiento Popular Democrático a propósito de los expedientes abiertos a varios medios de comunicación en especial de TELEAMAZONAS, por el CONARTEL, considera que en nuestro país no está plenamente vigente la libertad de expresión, sino la libertad de empresa y que los que manejan y tienen acceso a los medios de comunicación son quienes representan el poder económico, político y los gobiernos de turno.

Luis Villacís Maldonado Director Nacional del MPD, puntualizó que la libertad de expresión en el Ecuador se ha convertido en ficción ya que las voces de los trabajadores, obreros, campesinos, artesanos, maestros, estudiantes, en los medios de comunicación no son escuchadas; el dirigente emepedista resaltó que la libertad de expresión es un derecho de todos los seres humanos para poder opinar.

Finalmente Luis Villacís Maldonado acotó que la libertad de empresa esta ligada a los grupos sociales y políticos que pueden poseer medios de comunicación, quienes con el libre albedrío y supuesta imparcialidad trasladan la información ajustándola a los intereses que representan, mientras que la libertad de expresión, da cuenta de un funcionamiento ideal en base al cual todos los sectores de la población tienen los mecanismos para trasmitir su visión.

viernes, 5 de junio de 2009

Ampliar la gratuidad y la calidad de la Universidad Pública.

La gratuidad es una conquista del movimiento estudiantil universitario, es parte del proceso de democratizar la educación y de permitir la libre accesibilidad de los pueblos a ella. Es fruto de la organización, la unidad y la lucha de los y las estudiantes por la Universidad de calidad, científica, democrática y de servicio al pueblo.

El pasado 7 de abril, el H. Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador, presidido por el Doctor Edgar Samaniego Rojas, aprobó el cuadro de los ítems que no serán tomados en cuenta por la gratuidad, lo que ha generado abusos y excesos en las matrículas de las Facultades semestralizadas: cobrando altos costos a los extranjeros violentando la igualdad ante la ley, los estudiantes que tienen primera matricula con arrastre, son tomados como segunda matrícula, se cobra talleres curriculares, se cobra los cursos de informática e idiomas a pesar de que el decreto presidencial 1473 los cubre.

Dr Samaniego: la Universidad ya recibió tres millones de dólares por concepto de reembolso por la gratuidad. ¿Qué se ha hecho con esto? La ineficiencia ha significado que no tengamos hasta ahora carnets, ¿será a caso que se fueron estos recursos para financiar la creación de catorce directores que se llevan quinientos mil dólares del presupuesto?.

Señor Rector: los estudiantes nos hemos identificado a nivel nacional con la tendencia de cambio, pero cambio no puede ser la eliminación de los derechos estudiantiles como: la gratuidad, el arrastre; cambio no significa prescribir las ideas, decretar la eliminación de la política revolucionaria y de izquierda.

La juventud jamás sucumbió ni sucumbirán ante tiranuelos… es necesario hoy luchar por un cambio que signifique democracia, gratuidad, autonomía universitaria, libertad de cátedra y de expresión, evaluación docentes y administrativa.

Asi Somos