Fabricio Correa y sus prosperos negocios

Por sanidad moral, el gobierno debe propiciar las investigaciones necesarias y los correctivos del caso.

Las denuncias sobre el inusitado enriquecimiento de Fabricio Correa sobre la base de lograr la adjudicación de contratos con el Estado por un monto que bordea los 80 millones de dólares; la coincidencia de las contrataciones con el ejercicio presidencial de Rafael Correa, lo que, a más de ser ilegal e ilegítimo, induce a un grosero tráfico de influencias; la creación de empresas de papel en Panamá para el logro de tal objetivo; la obtención de millonarios préstamos concedidos por la CFN con dudosas garantías; la supuesta utilización de testaferros; la evasión de impuestos, entre otros, son hechos muy graves que ameritan una profunda investigación y esclarecimiento. Rafael Correa sabe que la corrupción es algo que el pueblo no perdona y que su compromiso para combatirla ha sido la plataforma fundamental de su éxito político; por tanto, si no hay la expresa decisión y acciones concretas para investigar las denuncias y sanear la situación, es algo que le pasará una fuerte factura política.

Fabricio Correa señala que su historial de empresario empieza hace 25 años y desde hace 13 contrata con el sector público. Uno de los primeros contratos fue con su empresa Aplitec la que logró la adjudicación de obras en la presa de Tahuín, durante el gobierno de Gustavo Noboa (quien fue presidente de la misma antes de su ingreso a la acción política). Los datos indican que los trabajos no fueron concluidos, razón por la que la Contraloría incluyó a Aplitec en la lista de contratistas incumplidas, situación que mantuvo hasta enero pasado luego de que el juicio plantado por Correa fuera archivado en el 2008 y derivado, según su pedido, al Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil.

Entre las instituciones públicas con las cuales las empresas de Correa tiene contrataciones constan: el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, MIDUVI, Petroproducción, PREDESUR e Hidrolitoral-Cedge.

Las empresas de propiedad de Correa y aquellas en donde es accionista son: Quality; Outsourcing; Megamaq; Energineering Internacional Consultants Corporations (Panamá), accionista de Internacional Energy Overseas Corporation (IEOC), la que a su vez es accionista de Cosurca, con sede en Ecuador. También figura como propietario de Malasoma (Ecuador), la misma que es accionista de Negolíder; el Consosrcio Amazónico; Consorcio Rellenos y Plataformas, entre otras. Como se puede apreciar, se ha construido un complejo sistema empresarial, seguramente, con el propósito de diversificar las contrataciones, aunque, en el fondo los beneficiarios sean los mismos.

Las expresiones de Fabricio Correa en el marco de su defensa pública son inconvenientes, por no decir torpes. Admitió que ser hermano del Presidente sí le abrió puertas; que se justifica su fortuna y ser el ganador de uno de cada cuatro contratos puesto que los Correa son “razonablemente listos”.

Rafael Correa, por su parte, defiende a ultranza a su hermano, conminando a que se demuestre dónde está lo malo e ilegal, postura que es nada saludable para su imagen y la del gobierno. Tal parece que desconoce el contenido del Art. 62 de la Ley de Contratación Pública que prohíbe contratar con el Estado a parientes de dignatarios, funcionarios y servidores públicos, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Sin concluir que, de la noche a la mañana, Fabricio Correa se ha convertido en empresario contratista con el Estado, pues, de los antecedentes publicitados se ve que sus iniciales pasos datan desde el año 2000, si se puede aseverar que es “exitoso” a partir de 2006; a todas luces es un despegue inusitado por no decir sospechoso. Por sanidad moral, el gobierno debe propiciar las investigaciones necesarias y los correctivos del caso.