La sanción impuesta por el Conartel a Teleamazonas, debido al incumplimiento de normas éticas fijadas en la ley para el ejercicio periodístico, ha provocado que la burguesía reclame airadamente bajo el argumento que se está “coartando” la libertad de expresión y atentando a la libre empresa, cosa que respondería a un plan autoritario que, entre otras cosas, busca el control estatal de los medios de comunicación.
Para la burguesía, un medio de comunicación no solo le es útil por los réditos económicos que le puede producir por la pauta comercial; es sobre todo uno de los principales instrumentos para su acción ideológica sobre las clases trabajadoras y el pueblo en general. Con ellos, desde los noticieros de televisión, radio o desde los espacios de análisis en la prensa escrita, impone la agenda política, crea corrientes de opinión y modela lo que ellos mismos denominan como la “opinión pública” a la que debe respetarse.
El ejercicio del dominio burgués no lo aseguran únicamente con medidas de fuerza (coercitivas), las clases dominantes también apelan a mecanismos cohesitivos (unificadores) en el plano ideológico y político, de manera que logran imponer sus puntos de vista entre los trabajadores y los pueblos, quienes los asumen como suyos.
Por eso, cuando se topa a un medio de comunicación de su propiedad, la burguesía no solo piensa en las pérdidas económicas que eso le puede producir; su preocupación va también porque se torpedea su diaria acción de manipulación ideológica, se afecta a un mecanismo para ejercer su poder. Tan importante es para la burguesía que si miramos la composición de los grupos económicos del país, cada uno ellos tiene en su propiedad radios, canales de TV, periódicos, revistas, servicio de internet, etc.
Los dueños de los medios no solo han impuesto la agenda política en el país; también han definido las políticas gubernamentales en períodos anteriores, pero en la actualidad chocaron con un gobierno que ha denunciado la naturaleza de los medios burgueses.
La sanción a Teleamazonas es parte de la lucha política del pueblo en contra del dominio oligárquico, es parte de la acción por la democratización de los medios que, por supuesto, no la entendemos restringido a que el Estado cuente con una radio, una televisión o un periódico denominados públicos. Tiene que efectivizarse el planteamiento de democratizar el uso de las frecuencias de radio y televisión y debe democratizarse la programación de radio pública, TVEC y el contenido de El Telégrafo, de manera que la opinión de las organizaciones populares esté allí en forma viva y directa, y no sea distorsionada su actividad como hemos constatado que ha ocurrido en estas semanas.
domingo, 28 de junio de 2009
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