La seguridad de los pueblos

EL GOBIERNO DE RAFAEL CORREA SEÑALA:

Se ha enviado el proyecto de Reforma Constitucional sobre la Reclusión sustitutiva y la caducidad de prisión preventiva´, temas que irían a referéndum según José Serrano Ministro de Justicia.

“El objetivo principal del Ejecutivo de enviar una enmienda constitucional, es para luchar contra la inseguridad y lograr una transformación integral del sector justicia.”

La Comisiòn del Concejo Metropolitano presidida por el Concejal Marco Ponce, de origen derechista conservador, viene impulsado una evaluación del trabajo realizado por las Unidades de Policía Comunitaria, asì como promueve el debate entorno a la necesidad de un Permiso Único de Funcionamiento que unifique todos los permisos que otorgan las diferentes entidades públicas, la revisión de la Ordenanza 201 – “De Seguridad y Convivencia Ciudadana”, actualización de la Ordenanza de la Policía Metropolitana, y definición de una Ordenanza integral de control del comercio informal acorde con la realidad del DMQ, son algunos de los temas que se han colocado en la agenda de debate edilicio, como propuesta para confrontar la inseguridad en el Distrito Metropolitano.

Como se podrá observar, estos esfuerzos, que sin duda consumen los recursos de los alrededor de 3’000.000 de ecuatorianos que habitamos en Quito, son muy importantes. Sin embargo, no se orientan a resolver temas de estructura social del sistema inequitativo e injusto en el cual sobrevivimos, el capitalismo.

Estos problemas de desubicación política de quienes nos gobiernan, tanto a nivel nacional como local, se manifiestan en el ámbito social en una pobreza y miseria que no disminuyen, en los índices de desempleo y subempleo que se sostienen e incrementan periódicamente, en el aparecimiento de nuevas manifestaciones de disfunción y desintegración de la familia, en la presencia màs notoria de alcoholismo, drogadicción, prostitución, trabajo y explotación infantil, en cada vez màs numerosos grupos y pandillas juveniles, entre otras expresiones de la crisis general.

POSICIÒN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.-

Desde distintas organizaciones sociales de moradores de los barrios, de maestros, obreros, trabajadores autónomos, estudiantes, campesinos, artistas, activistas de gènero y ambientales, entre otros, desde hace varios años se ha generado un análisis y debate entorno a esta problemática, llegando a concluir que mientras no se afecten las causas que generan el aparecimiento de estos efectos de la inseguridad social, por màs policías y militares, fiscales, jueces o agentes y técnicas de control que se implementen desde las diferentes instancias del Estado, no se resolverà el problema.

Son 3 los ejes que deben tenerse al momento de este análisis.

o prevención,

o rehabilitación y

o represión a los grupos delincuenciales organizados.

 Cabe anotar que recursos han existido y si han escaseado, se han aprobado Ordenanzas como la Tasa de Seguridad que se cobra en Quito, Santo Domingo, Ambato, etc., en que se invierte? Bàsicamente, en represión.

 Evidentemente, el eje de la prevención de la inseguridad producto de la violencia generada por el crimen, el robo y demás problemas sociales señalados, es el que debe ser priorizado al momento de definir el destino de los recursos y políticas de gestión desde las diferentes instancias de Estado.

 En el concepto aparentemente podrìamos coincidir con los funcionarios de gobierno nacional y local. Sin embargo, al momento de implementar medidas de ofensiva contra estos temas de inseguridad, es en donde se diferencian nuestras visiones de modelo de gestión de gobierno. Pues, mientras desde el Gobierno y el Municipio plantean incrementar la represión para prevenir, nosotros planteamos mayor prevención para disminuir la represión.

 La inseguridad no debe analizarse y gobernarse desde el punto de vista de la administración de justicia, las políticas administrativas del sistema de justicia, fiscal o policial, sino que, partiendo de entender que es un efecto dialèctico a una causa, que es un problema consubstancial y estructural con el sistema capitalista que se encuentra en crisis, con ciclos cada vez màs cortos de recesiòn y recuperación, básicamente la inseguridad se confronta eficazmente, con políticas y medidas que generen reactivaciòn productiva, trabajo y empleo.

 Cuando señalamos que solo el trabajo bien remunerado dignifica al hombre, nos referimos a un escenario en donde se consideren los elementos implícitos en la concepción del “Buen Vivir” o Sumak Kawsay que recoge la Constituciòn: salario de la dignidad, respeto a los derechos laborales y sindicales. Pero además, la incorporación de las políticas afirmativas de bienestar, seguridad, educación, salud, vivienda, participación, entre otras. Por tanto, se requiere balancear las medidas de la antinomia Inseguridad y Buen Vivir, dándole mayor peso a las segundas. Debiendo por tanto existir, una relaciòn directamente proporcional entre las dos. Es decir, a mayor fuerza a las polìticas del Buen Vivir, menores seràn las manifestaciones de la inseguridad y viceversa.

 Con estas propuestas, el gobierno busca encontrar la “calentura en las sàbanas”. Esta es la visión de un gobierno socialdemócrata de derecha.

 La propuesta de Reforma Constitucional de los Arts. 77 y 158, vìa Referèndum, deduce la concepciòn gobiernista retrògrada y reaccionaria, al darle prioridad al eje de represión antes que a la generación de empleo y promoción del trabajo.

 Incrementar la represión, vìa la incursión de las FFAA (dada la pèrdida de credibilidad y confianza en la polìcìa) en la confrontaciòn contra la inseguridad interna del país, no resuelve el problema. Lo que generarà es el perfeccionamiento de las bandas, el crimen y el robo organizados, asì como la diversificación de sus formas de actuación.

 Mientras la CEPAL, luego de sus investigaciones y análisis, establece un incremento en màs de un punto porcentual en los ìndices de la pobreza de los ecuatorianos por un lado, y por otro ldo, se incrementa el índice de desempleo y subempleo de los ecuatorianos, la respuesta del gobierno es mandar a los policías y militares a las calles e impedir que prescriba la prisión preventiva. Brillantes formas de promover el desarrollo y la justica social en el país. Estas políticas y actitudes en el fondo, no se diferencias de las adoptadas por dictaduras militares mediocres de los años sesenta y setenta en Amèrica Latina, en donde se improvisaba desde el gobierno y se reprimìa a los luchadores sociales que combatìan organizadamente a estos gobiernos populistas, reaccionarios, de derecha y al servicio del imperialismo y los sectores oligárquicos.