Correa reedita el festín petrolero

Gobierno ya tenía listo hasta los nombres de las nuevas autoridades petroleras

Solo fue cuestión de horas para que las reformas a la Ley de Hidrocarburos dejaran de ser proyecto y se convirtieran en norma. Luego de la fallida sesión del pasado domingo, en la que debía realizarse el segundo debate del proyecto del Ejecutivo, ayer, desde muy temprano, las autoridades anunciaron algunos cambios que plantea la normativa.

El ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pástor, dio los nombres de los titulares de las nuevas entidades: en la Secretaría de Hidrocarburos estará Ramiro Cazar, y el director de la Agencia de Control y Regulación Hidrocarburífera será Carlos Loor. Mientras que el ministro de Sectores Estratégicos, Jorge Glas, indicó que la aplicación de la reforma permitirá al Estado acelerar la negociación de los nuevos contratos con las firmas privadas que operan en el país.

Este es el primer cuerpo legal que entra por el Ministerio de la Ley desde que se constituyó la actual Asamblea Nacional (julio 2008). La falta de quórum, por la inasistencia del bloque oficialista, bloqueó el segundo debate de la norma convocado para las 19:45 del domingo, a escasas cuatro horas de que se cumpla el plazo para su tratamiento en el Legislativo.

Esa misma noche, el asambleísta Juan Carlos Cassinelli, coordinador del Movimiento País, explicó en rueda de prensa que la actitud de su bancada obedeció a la necesidad de romper “una larga historia de saqueo a los recursos naturales, que se materializaba a través de los contratos de participación, por lo cuales algunas empresas se llevaban hasta el 82% del crudo ecuatoriano, con una ley que permitió a algunas empresas forrarse de dinero cuando se elevaba el precio del petróleo en el mercado internacional”.

Nada dijo de los votos que se necesitaban para aprobar la ley (63); y que en las últimas dos semanas no ha logrado conseguir el bloque oficialista por lo que se han suspendido todas las sesiones convocadas. Esto sucedió en los casos de la ley de Educación Superior y la de Régimen de Monetario donde empataron 59-59 más tres abstenciones, en tres ocasiones.

La oposición calificó los continuos traspiés de Ley de Hidrocarburos como una maniobra política. Denuncias de inconstitucionalidades, supuestas presiones de las empresas petroleras y el bloqueo del debate, por más de una ocasión marcaron el camino de esta norma, que fue enviada por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente, el 24 de junio pasado.

Las reformas nacieron con inconstitucionalidades, según, el asambleísta Enrique Herrería (PSC-Madera de Guerrero), pues hacen referencia al tratamiento de tres materias: hidrocarburos, tributaria y laboral, lo cual está prohibido por la Carta Magna. “Es una ley, que si hubiera un órgano de control constitucional independiente, debería ser rechazada”.

Uno de los principales cambios que plantea la ley es que los contratos pasan de una figura de participación a otra de prestación de servicios. Los entes encargados de contralar y adjudicar los contratos serán justamente la Secretaria de Hidrocarburos y la Agencia de Control y Regulación.

“Lo más grave (de la Ley) es que el Presidente de la República queda facultado para disponer de los campos petroleros que actualmente se encuentran en explotación, es decir, que son rentables y tienen reservas probadas, y que se los puede entregar a compañías estatales de constitución mixta. Son compañías públicas con capital privado, por lo tanto ahí habrá beneficiarios privados. Y al no haber concurso de licitación no se sabrá si la oferta de estas compañías es la más conveniente para el Ecuador”, señaló Herrería.

Con su publicación en el Registro Oficial (prevista para hoy) la Ley entra en vigencia con el texto original que envió el Ejecutivo a la Asamblea, indicó el asambleísta Patricio Quevedo (PSP). Así, quedan en la nada los cambios que se hicieron dentro de la Comisión de Régimen Económico y Tributario a la que él pertenece y que considera fundamentales.

“Las utilidades de los trabajadores, que todo pase por un comité de licitación y que no se creara la Agencia de Regulación sino una Superintendencia. Y fundamentalmente, que los contratos no se terminen unilateralmente sino por mutuo acuerdo. Pero esa fue la mafia oficialista para que pasara al final por el Ministerio de la Ley”, indicó Quevedo.

El ministro Pástor, sostuvo ayer en una entrevista en GamaTV que hay varios aportes ‘positivos’ de la Comisión que serán tomados en cuenta para la elaboración del reglamento. Desmintió además que la nueva Ley facilitará la adjudicación de contratos ‘a dedo’. “El Estado ahora es dueño 100% del petróleo de los contratos de prestación de servicios y toda la ganancia extraordinaria que se produzca por el incremento de precios del petróleo va al Estado. En tercer lugar se ha puesto orden en el sector institucional petrolero”, menciona el funcionario.

Mientras que el analista petrolero, Jorge Moreno, consideró que la Ley es lesiva para el interés nacional, porque el grueso de la producción petrolera seguirá en manos de las empresas extranjeras. “Hasta ahora el porcentaje de petróleo que iba a las empresas era del 80 u 85%, dejando al Ecuador solo el 15 o 20%. Con la reforma que acaba de imponer el Gobierno solo se sube al 25% la participación para el Estado. Este porcentaje contradice lo que establece la Constitución que dice que el Ecuador deberá tener mínimo el 51% de la producción petrolera. Se ha cometido un nuevo atropello al interés económico”.

El conteo empezó el viernes
La interpretación de los plazos del texto de la ley fue el desenlace en la trama de la Ley de Hidrocarburos. Por ser un proyecto económico urgente tenía 30 días para su tratamiento en el Legislativo. La fecha máxima de su aprobación era el 25 de julio, a las 24:00.

Pero el primer debate en el pleno de la Asamblea se dio recién el 19 de julio, esto después de que se negara el pedido de varios asambleístas (Jorge Escala, del MPD y Paco Fierro de Sociedad Patriótica) de devolver el documento al Ejecutivo por ser inconstitucional.

Pero antes de esa sesión, según denunció el asambleísta Quevedo, se perdieron 14 días. “El presidente de la Asamblea no convocó al pleno antes. El primer informe estuvo listo el 13 de julio, pero se dio largas al debate. Cordero viajó y (Rolando) Panchana se quedó a cargo, pero en vez de citar a sesión (19 de julio) en la mañana lo hizo a las 15:00, perdiendo más tiempo todavía”.

Luego de ese primer debate, la Comisión debía preparar el informe para el segundo debate en cuatro días, y pese a que el documento estuvo listo el jueves, se esperó al viernes 23, a las 19:30, cuando terminaba el plazo de la entrega. Esto, mientras Cordero decidía si convocaba o no la sesión el domingo.

Desde ahí ya se advertía que la reforma pasaría por el Ministerio de la Ley, lo que fue confirmado por el propio presidente Rafael Correa al día siguiente. En su cadena, Correa manifestó que a pesar de que la Asamblea convocó a sesión extraordinaria – el domingo a las 19:45- no se logró cumplir los tiempos.

“Ese plazo terminaba a las 12:00 del viernes, sin embargo, la Comisión entregó el informe a las 19:30 bajo el argumento de que la sesión del Pleno en la que se realizó el primer debate terminó a esa hora. Yo no me voy a prestar a estas trampas. A mi me habría gustado que la analicen, pero si no lo hicieron yo no me voy a prestar a las componendas y a las zapadas de siempre”, dijo Correa.

La ministra Coordinadora de la Política, Doris Solíz, quien se reunió con el bloque oficialista la noche del domingo en la Asamblea, repitió el discurso de Correa: el debate estaba fuera de tiempo. “Nuestra bancada no participó en este pleno precisamente porque ya se había cumplido el plazo reglamentario establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y prácticamente estaba ingresada por el Ministerio de la Ley”.

Francisco Velasco, presidente de la Comisión, indicó que se debatió la Ley durante los 30 días que estuvo el proyecto en sus manos. “La Ley de la Función Legislativa da los plazos por los cuales la comisión tiene 10 días para elaborar el primer informe y estuvo listo. Y luego cuatro días para debatir para segundo, estuvo eso en nuestra Comisión. Los plazos estuvieron cumplidos”.

Cordero, por su parte, en rueda de prensa, indicó que una vez que entre en vigencia la Ley, la Asamblea podrá modificar o derogarla de acuerdo a los trámites ordinarios, es decir, que se presente un proyecto que tendrá 45 días para su trámite antes de llegar al debate. La oposición ya baraja esta opción, pues en la tarde el asambleísta César Montúfar (Concertación Nacional) indicó en su cuenta de Twitter que distribuyó un borrador sobre la Ley Derogatoria a la Ley de Hidrocarburos en varias bancadas legislativas.