Ecuador "no ha hecho lo suficiente en su legislación para combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo" es la afirmación que realizó el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) que despertó en el país toda una avalancha de críticas contra el gobierno.
En la lista de países de alto riesgo para el sistema financiero internacional constan Ecuador junto a Angola, Corea del Norte, Irán y Etiopía, siendo Irán quien según el GAFI debe aplicar “contramedidas” para impedir que el sistema financiero internacional se afecte. A este grupo de países se añaden Pakistán, Tukmenistán y Santo Tomás que, habiendo aplicado correctivos, todavía no satisfacen las expectativas del GAFI.
El argumento esgrimido por el gobierno minimiza el impacto que ese hecho significa frente a las gigantescas sumas del trafico mundial de dinero pero no es convincente, pues, soslaya el problema interno de los dineros que se lavan en el país, que no deja de traer serias preocupaciones por la acción de grupos delictivos, que fácilmente se insertan en la economía ecuatoriana. Según información del ejercito, por ejemplo, se conoce que el 27% de propiedades en la frontera con Colombia pertenecen a ciudadanos de ese país, parte de los cuales podría tener vínculos con el narcotráfico, varios personajes ven crecer sus chequeras más rápido que la espuma; los bancos no tienen mayores reservas para recibir enormes cantidades de dinero de dudosa procedencia, aparte que mantienen sucursales “Offshore” que siempre traen sospecha.
El gobierno de Correa sí tiene razón en sostener que es una presión para impedir la profundización de las relaciones con Irán, que evidentemente es el más cuestionado por el GAFI. El fondo de esto es que las grandes potencias pretenden cerrar las fuentes de financiamiento de ese país, para dejarlo en la inanición y a su merced, tal como en su momento sucedió con Iraq.
El G20, grupo que pidió la publicación de los nombres de los países que incumplen las recomendaciones, se “olvidan” que en sus territorios se consume y en varios casos también se cultiva la droga y que es allí donde se debe profundizar los controles, lo que no van a hacer, pues sus economías se afectarían enormemente. Estados Unidos es el principal consumidor de drogas, también allí es donde se lava la mayor cantidad de dinero, algo parecido sucede en Europa. Pero ninguno de esos países se encuentra en el listado. Aparecen países pequeños que no son noticia ni por el consumo, ni por el cultivo.
En el GAFI se dan ciertos hechos que llaman la atención. Ninguno de los países del G20, está en las listas, aunque Alemania fue recientemente examinada sin encontrar mayor problema; se dio la bienvenida a Corea del Sur como integrante del grupo de dirección mientras su frontal enemigo, Corea del Norte, fue ubicado en el grupo de alto riesgo; países muy conocidos por el consumo, cultivarlos o distribución de drogas no aparecen, como es el caso de Estados Unidos, Colombia, Afganistán, Rusia, Holanda, Italia, Panamá, ...
A esto se añade la concepción que tienen los países del G20 y más concretamente del G7 sobre el terrorismo. Ellos entienden por tal a las acciones que llevan adelante los pueblos para su liberación, para sus reivindicaciones y más todavía si tienen el tinte ideológico de izquierda. De esta manera lo que está detrás es cerrar las tenazas contra las organizaciones populares, primero criminalizando su acción al tacharlas de terroristas y luego eliminar sus formas de financiamiento. Si no fuera por esta visión del GAFI, una lectura inocente de sus recomendaciones podría interpretarse como adecuadas: criminalizar el dinero mal habido, establecer procedimientos para congelarlo y confiscarlo, coordinar con el sector financiero.
Las acciones del GAFI caen dentro la lucha por la hegemonía mundial y el intento norteamericano de sostenerse como gendarme planetario; sin embargo de ser así y que el Ecuador debe defender su soberanía, no es menos cierto que aquí el lavado de dinero es una realidad.
sábado, 6 de marzo de 2010
GAFI instrumento del imperialismo
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martes, 9 de febrero de 2010
MPD Y PACHACUTIK rechazan presencia de Uribe y García en Ecuador
En declaraciones conjuntas el coordinador nacional del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutik Jorge Guamán y el director nacional del Movimiento Popular Democrático Luis Villacís, reiteraron su solidaridad con el pueblo de Haití y su preocupación por la invasión de tropas norteamericanas a ese país bajo el pretexto de “ayuda humanitaria”. Al mismo tiempo los líderes de izquierda expresaron su rechazo a la presencia en la cumbre de UNASUR en Quito en solidaridad con Haití de los presidentes de Colombia Alvaro Uribe Vélez y del Perú Alan García, a quienes calificaron de genocidas y por tanto personas no gratas para los pueblos de América Latina y el Ecuador,
Para el director del MPD Luis Villacís la presencia de Uribe Vélez, es una afrenta contra los pueblos del Ecuador “ no podemos olvidar el bombardeo y la masacre de Angostura, la violación flagrante de nuestra soberanía nacional y la colaboración evidente de los Estados Unidos en esta acción desde la Base de Manta” señaló, al tiempo de insistir que Uribe representa al paramilitarismo que aterroriza al pueblo colombiano y responde a la política intervencionista del Imperialismo Norteamericano a través de la instalación de las siete bases yanquis en Colombia, sentenció el dirigente del MPD.
Por su parte Jorge Guamán recalcó que los indígenas y demás pueblos de latinoamérica tampoco pueden olvidar que Alan García es el principal responsable de la masacre de una veintena de indígenas awajún-wampis en Bagua. “Los pueblos indígenas de la Amazonía se levantaron contra aprobación de un paquete de leyes favorables a las transnacionales para permitir la explotación minera y petrolera de su región, en respuesta fueron asesinados por orden de García” dijó, recalcando que estos hechos criminales no pueden volver a ocurrir en ninguna parte de nuestros países, los indígenas y los pueblos continuaremos defendiendo la vida amenazada por la voracidad de la petroleras y mineras, precisó el dirigente indígena.
Finalmente los líderes de izquierda Luis Villacís y Jorge Guamán, reclamaron del Presidente Correa, mayor coherencia con la Constitución de Montecristi en su política exterior, esto frente al paulatino abandono de una política de soberanía frente a la presión de los Estados Unidos, el plan Colombia, y la eventual firma de un TLC con la Unión Europea.
Para el director del MPD Luis Villacís la presencia de Uribe Vélez, es una afrenta contra los pueblos del Ecuador “ no podemos olvidar el bombardeo y la masacre de Angostura, la violación flagrante de nuestra soberanía nacional y la colaboración evidente de los Estados Unidos en esta acción desde la Base de Manta” señaló, al tiempo de insistir que Uribe representa al paramilitarismo que aterroriza al pueblo colombiano y responde a la política intervencionista del Imperialismo Norteamericano a través de la instalación de las siete bases yanquis en Colombia, sentenció el dirigente del MPD.
Por su parte Jorge Guamán recalcó que los indígenas y demás pueblos de latinoamérica tampoco pueden olvidar que Alan García es el principal responsable de la masacre de una veintena de indígenas awajún-wampis en Bagua. “Los pueblos indígenas de la Amazonía se levantaron contra aprobación de un paquete de leyes favorables a las transnacionales para permitir la explotación minera y petrolera de su región, en respuesta fueron asesinados por orden de García” dijó, recalcando que estos hechos criminales no pueden volver a ocurrir en ninguna parte de nuestros países, los indígenas y los pueblos continuaremos defendiendo la vida amenazada por la voracidad de la petroleras y mineras, precisó el dirigente indígena.
Finalmente los líderes de izquierda Luis Villacís y Jorge Guamán, reclamaron del Presidente Correa, mayor coherencia con la Constitución de Montecristi en su política exterior, esto frente al paulatino abandono de una política de soberanía frente a la presión de los Estados Unidos, el plan Colombia, y la eventual firma de un TLC con la Unión Europea.
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miércoles, 27 de enero de 2010
Reachazo actitud de Conjueces en el Caso Filanbanco
ASAMBLEA NACIONAL APRUEBA PROYECTO DE RESOLUCION PRESENTADO POR EL MPD
El Pleno de la Asamblea con 74 votos afirmativos, tres blancos y 23 abstenciones, aprobó el proyecto de resolución presentado por los asambleístas del Movimiento Popular Democrático a través de Linder Altafuya mediante el cual se rechaza el fallo de los conjueces de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, quienes cambiaron la figura del delito de peculado, imputado a los hermanos Isaías, por el de falsificación de documentos, dejando en la impunidad este caso que perjudicó a millones de ecuatorianos.
En el proyecto además se exhorta al Consejo de la Judicatura que investigue la actuación de los conjueces que emitieron el fallo antes señalado, así como determine las sanciones que correspondan; y, en general, realizar un seguimiento al proceso para evitar que sigan realizándose maniobras que impidan su normal tratamiento y resolución.
Altafuya fue enfatico en señalar, que la Asamblea Nacional debe permanecer vigilante ante las acciones que sobre este caso implementen la Procuraduría, la Fiscalía General y el Consejo de la Judicatura, así como demandar de ellos su actuación con apego a la Constitución y a la Ley para evitar la impunidad.
El asambleísta, recordó que el feriado bancario (5 de marzo de 1999) fue un episodio funesto en la historia de nuestro país, que trajo como consecuencia el robo de dineros de los depositantes, la muerte de muchos de ellos y la migración de nuestros compatriotas, víctimas de la pérdida de todos sus ahorros.
Subrayó, que una de las instituciones financieras favorecidas con esta fraudulenta medida fue Filanbanco, de propiedad de los hermanos William y Roberto Isaías, institución que se encontraba insolvente, pues los fondos de los depositantes fueron invertidos en créditos otorgados a los accionistas de Filanbanco y su grupo financiero: empresas vinculadas y de papel, a las cuales no se les exigieron garantías y se les dio plazos inaceptables que ocasionaron pérdidas a la entidad bancaria, pero multimillonarias ganancias a los hermanos Isaías, configurándose el delito de peculado bancario.
Sin embargo, los conjueces de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia: Walter Manzzini, Mario Rojas y Edwin Salazar emitieron un dictamen en el que se cambia la figura de peculado bancario por el de falsificación de documentos, dejando en la impunidad uno de los delitos más grandes de la historia nacional, lo que pondría en riesgo incluso el proceso de extradición de los hermanos Isaías, que se encuentra en marcha.
Este es el nuevo descalabro económico que pretende hacerse al país, enfatizo Altafuya, insistiendo que de acuerdo con las versiones dadas por el ex gerente de la AGD, Carlos Bravo y el ex presidente de la Comisión Anticorrupción, Jorge Rodríguez, la deuda de Filanbanco de los hermanos Isaías con el Estado supera los 1.100 millones de dólares, mientras el Presidente de la República señala que es de apenas 777 millones de dólares, es decir, que “estamos hablando de un perjuicio al Estado de 323 millones de dólares”
El Pleno de la Asamblea con 74 votos afirmativos, tres blancos y 23 abstenciones, aprobó el proyecto de resolución presentado por los asambleístas del Movimiento Popular Democrático a través de Linder Altafuya mediante el cual se rechaza el fallo de los conjueces de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, quienes cambiaron la figura del delito de peculado, imputado a los hermanos Isaías, por el de falsificación de documentos, dejando en la impunidad este caso que perjudicó a millones de ecuatorianos.
En el proyecto además se exhorta al Consejo de la Judicatura que investigue la actuación de los conjueces que emitieron el fallo antes señalado, así como determine las sanciones que correspondan; y, en general, realizar un seguimiento al proceso para evitar que sigan realizándose maniobras que impidan su normal tratamiento y resolución.
Altafuya fue enfatico en señalar, que la Asamblea Nacional debe permanecer vigilante ante las acciones que sobre este caso implementen la Procuraduría, la Fiscalía General y el Consejo de la Judicatura, así como demandar de ellos su actuación con apego a la Constitución y a la Ley para evitar la impunidad.
El asambleísta, recordó que el feriado bancario (5 de marzo de 1999) fue un episodio funesto en la historia de nuestro país, que trajo como consecuencia el robo de dineros de los depositantes, la muerte de muchos de ellos y la migración de nuestros compatriotas, víctimas de la pérdida de todos sus ahorros.
Subrayó, que una de las instituciones financieras favorecidas con esta fraudulenta medida fue Filanbanco, de propiedad de los hermanos William y Roberto Isaías, institución que se encontraba insolvente, pues los fondos de los depositantes fueron invertidos en créditos otorgados a los accionistas de Filanbanco y su grupo financiero: empresas vinculadas y de papel, a las cuales no se les exigieron garantías y se les dio plazos inaceptables que ocasionaron pérdidas a la entidad bancaria, pero multimillonarias ganancias a los hermanos Isaías, configurándose el delito de peculado bancario.
Sin embargo, los conjueces de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia: Walter Manzzini, Mario Rojas y Edwin Salazar emitieron un dictamen en el que se cambia la figura de peculado bancario por el de falsificación de documentos, dejando en la impunidad uno de los delitos más grandes de la historia nacional, lo que pondría en riesgo incluso el proceso de extradición de los hermanos Isaías, que se encuentra en marcha.
Este es el nuevo descalabro económico que pretende hacerse al país, enfatizo Altafuya, insistiendo que de acuerdo con las versiones dadas por el ex gerente de la AGD, Carlos Bravo y el ex presidente de la Comisión Anticorrupción, Jorge Rodríguez, la deuda de Filanbanco de los hermanos Isaías con el Estado supera los 1.100 millones de dólares, mientras el Presidente de la República señala que es de apenas 777 millones de dólares, es decir, que “estamos hablando de un perjuicio al Estado de 323 millones de dólares”
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viernes, 15 de enero de 2010
Se aprueba resolución del MPD sobre Yasuní ITT
PLENO DE LA ASAMBLEA APRUEBA PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL MPD EN EL CUAL SE EXHORTA AL GOBIERNO A RETOMAR LAS NEGOCIACIONES EN EL CASO ITT
El Pleno de la Asamblea Nacional, con 74 votos a favor, uno blanco y cuatro abstenciones, aprobó el proyecto de Resolución presentado por el Movimiento Popular Democrático a través del cual se exhorta al presidente de la República retome el pre acuerdo de fidecomiso con el PNUD sobre la iniciativa Yasuní ITT.
La iniciativa presentada por el MPD y aprobada por el Pleno de la Asamblea va en la línea del proyecto de Resolución aprobado el pasado 8 de diciembre por la Función Legislativa en el cual el Pleno exhortó a la comunidad internacional, a las organizaciones de la sociedad civil, a las empresas con responsabilidad social y ambiental y en general a todos los ciudadanos del mundo a contribuir con el Fondo Fiduciario Internacional que se cree para el mantenimiento bajo tierra de las reservas del campo ITT.
Durante el debate, el asambleísta Jorge Escala, aseguró que la decisión de suspender las negociaciones, en los hechos, significa un atentado al equilibrio ambiental y a la vida, agregando que el Yasuní, según científicos de todo el mundo, es la zona de mayor biodiversidad del planeta, mientras la UNESCO, la cataloga como la reserva mundial de la biosfera, pues solo en una hectárea del parque ecológico se han encontrado 644 especies de árboles.
Agregó que los impactos que se preveen con la explotación petrolera son la contaminación, deforestación, destrucción del tejido social, extinción de culturas, por tanto, es necesario precautelar la vida de las comunidades ancestrales en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane, así como de toda la megabiodiversidad que allí se encuentra,
Escala insistió que ante el cambio climático es fundamental impulsar iniciativas ambientales a fin de reducir los impactos ambientales que traen consigo consecuencias desastrosas para los ecosistemas y los pueblos
Finalmente Jorge Escala recordó que es deber del Estado asegurar la intangibilidad de las aéreas naturales protegidas, garantizando la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas
El Pleno de la Asamblea Nacional, con 74 votos a favor, uno blanco y cuatro abstenciones, aprobó el proyecto de Resolución presentado por el Movimiento Popular Democrático a través del cual se exhorta al presidente de la República retome el pre acuerdo de fidecomiso con el PNUD sobre la iniciativa Yasuní ITT.
La iniciativa presentada por el MPD y aprobada por el Pleno de la Asamblea va en la línea del proyecto de Resolución aprobado el pasado 8 de diciembre por la Función Legislativa en el cual el Pleno exhortó a la comunidad internacional, a las organizaciones de la sociedad civil, a las empresas con responsabilidad social y ambiental y en general a todos los ciudadanos del mundo a contribuir con el Fondo Fiduciario Internacional que se cree para el mantenimiento bajo tierra de las reservas del campo ITT.
Durante el debate, el asambleísta Jorge Escala, aseguró que la decisión de suspender las negociaciones, en los hechos, significa un atentado al equilibrio ambiental y a la vida, agregando que el Yasuní, según científicos de todo el mundo, es la zona de mayor biodiversidad del planeta, mientras la UNESCO, la cataloga como la reserva mundial de la biosfera, pues solo en una hectárea del parque ecológico se han encontrado 644 especies de árboles.
Agregó que los impactos que se preveen con la explotación petrolera son la contaminación, deforestación, destrucción del tejido social, extinción de culturas, por tanto, es necesario precautelar la vida de las comunidades ancestrales en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane, así como de toda la megabiodiversidad que allí se encuentra,
Escala insistió que ante el cambio climático es fundamental impulsar iniciativas ambientales a fin de reducir los impactos ambientales que traen consigo consecuencias desastrosas para los ecosistemas y los pueblos
Finalmente Jorge Escala recordó que es deber del Estado asegurar la intangibilidad de las aéreas naturales protegidas, garantizando la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas
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jueves, 7 de enero de 2010
Samaniego violenta los derechos de los colegios anexos

El rector de la Universidad Central, Edgar Samaniego, se encuentra impulsando distintas acciones de represión en contra de la comunidad universitaria y principalmente contra los colegios anexos.
Luego de los hechos sucedidos el 8 de diciembre de 2009 en la Universidad Central, se ha impulsado una campaña de represión en contra de los colegios universitarios Odilo Aguilar y Manuel maría Sánchez, para ello se impulsa un proceso de reorganización que busca la desaparición de los colegios anexos de la Universidad.
Parte de la campaña de represión es el Estatuto Universitario, que fue aprobado en primer debate, en el Art. 44 que se refiere a las Unidades Experimentales señala que “... los colegios anexos, los órganos académicos de vinculación con la sociedad están bajo la responsabilidad del Rector, quien designará a las autoridades y escogerá las Facultades que contribuyan a su supervisión”, con ello se pretende desarticular a la Facultad de Filosofía ya que se propone dejarla sin los laboratorios de práctica docente; esto ya ocurrió con el Colegio Manuel María Sánchez, en donde Samaniego impuso a las autoridades del colegio, cometiendo una nueva irregularidad violando el debido proceso, que considera que “todo trámite debe concretarse luego que la comisión especial emita el informe correspondiente”, cosa que no se respetó ya que en tiempo récord, antes de finalizar el 2009, el rector de la Central impuso a sus felipillos en la dirección del Colegio.
Al los docentes, empleados y trabajadores de estas dos instituciones se les quita el derecho a elegir y ser elegidos. En el caso del Odilo Aguilar las cosas no son diferentes, sin que exista informe alguno, los miembros de la comisión nombrada por el Rector emitieron su veredicto acusatorio contra esta institución.
En estos dos casos el derecho a la defensa ha quedado en letra muerta, al respecto en el Art. 152 se manifiesta que “en los sumarios administrativos se cuidará que se cumplan las garantías del debido proceso y que las personas contra las cuales se lo haya iniciado puedan ejercer plenamente su derecho de defensa”.
De igual manera podemos manifestar, que el nuevo Estatuto atenta contra derechos adquiridos a los largo de la vida institucional. La disposición estatutaria vigente garantiza a todas las facultades, organismos, centros de experimentación y por supuesto a los anexos a nombrar de manera universal, secreta, directa y obligatoria a sus autoridades más idóneas para el ejercicio democrático de la dirección de estas instituciones.
Pese a que se manifiesta que el presente Estatuto entrará en vigencia una vez que sea aprobado por el Consejo Nacional de Educación Superior, CONESUP, mientras tanto se aplicará el estatuto vigente, por lo tanto el Consejo Universitario y el Rector de la Central se encuentran violentando el reglamento vigente de la UCE.
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