Justicia secuestrada

La resolución adoptada por el Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha en el juico penal entablado en contra de Marcelo Rivera, Presidente Nacional de la FEUE, es una clara evidencia del sometimiento de la justicia a la voluntad del Presidente de la República. Sin duda alguna, Correa tiene secuestrada a la Función Judicial.

No es difícil ver aquello. Sábado a sábado Rafael Correa ordena ya sea al Fiscal, a jueces o a gobernadores tomar medidas para enjuiciar o encarcelar a quienes él considera son un peligro para su gobierno. Durante las jornadas de lucha que los estudiantes universitarios llevaron adelante en defensa de la educación gratuita y la autonomía universitaria, Correa ordenó la detención de Marcelo Rivera y, tiempo después, se instauró en su contra un juicio penal que ha desembocado en una condena a tres años de prisión. Correa también ordenó medidas contra varios dirigentes populares, entre ellos Mery Zamora y William Pazmiño, presidenta de la UNE Nacional y de la UNE del Guayas, respectivamente, lo que los obliga a mantenerse en la clandestinidad; igualmente pidió que se tomen medidas en contra de los Acalde y Prefecta de Esmeraldas. En general, más de un centenar de luchadores populares enfrentan procesos judiciales en su contra por el delito de protestar.

Siempre se consideró a la protesta como un derecho, la misma Constitución de la República reconoce el derecho a la resistencia y una serie de cartas e instrumentos legales internacionales reconocen el derecho al reclamo, a la libre expresión, a la movilización tanto individual como colectivas, pero en el Ecuador eso se ha convertido en delito.

Con la resolución del Tercer Tribunal queda claro que Correa ordena y los jueces cumplen, pero además que la criminalización de la protesta popular toma cuerpo. Si el movimiento popular permite que esa se enseñoree, la voz y la acción de los movimientos populares y sociales en general serán ubicados como llamados y medidas desestabilizadoras, conspiradoras. Así calificó ya Correa a la lucha de los campesinos en contra de la Ley de Agua o a la resistencia a la explotación minera a gran escala y a cielo abierto. Criminalizar la protesta social equivale dar el rango de delincuente común a los protagonistas de acciones de protesta o lucha y a las organizaciones que las impulsan como asociaciones ilícitas. Calificativos de ese tipo ya hemos escuchado en boca del Presidente.