Otra vez gato por liebre

Con pomposa publicidad el gobierno anuncia la implantación del salario de la dignidad, que se incluye en el Código de la Producción, proyecto económico urgente que discute la Asamblea Nacional, según el cual el salario digno será de 336 dólares mensuales.

Al respecto, el artículo 328 de la Constitución manda que la remuneración del trabajador será justa, con un salario digno que cubra al menos sus necesidades básicas y las de su familia; debiendo revisarse anualmente. Esta norma se complementa con la vigésimo quinta disposición transitoria, que establece la revisión salarial anual y progresiva, hasta que cubra las necesidades básicas de la familia; cuyo costo a septiembre último, bordeó los 540 dólares por mes.

Sobre el tema, el Código de la Producción pretende fijar el salario digno como la sumatoria de la remuneración básica, más las doceavas de la décimo tercera, décimo cuarta remuneraciones y utilidades; beneficios por contratos colectivos y el fondo de reserva ya mensualizado.

De aprobarse esta norma, ni el gobierno ni los empleadores aportarán en lo más mínimo al salario digno; pues serán los propios trabajadores, quienes mediante la mensualización de sus beneficios obtenidos en décadas de lucha, financien el salario de la dignidad. Hay que recordar que el décimo tercer sueldo se estableció para que los trabajadores cuenten con recursos ante el consumismo navideño; que el décimo cuarto sueldo se concibió para enfrentar el inicio de clases; y que las utilidades y el fondo de reserva fueron concebidos para generar el ahorro del trabajador para proyectos familiares de mejoramiento del nivel de vida; o, posibles emergencias. Todos estos elementos desaparecerán de aprobarse la propuesta oficial, quedando la revolución ciudadana ante la historia, como una época funesta para los derechos laborales, pues ni los gobiernos más reaccionarios se atrevieron a implementar tamaño despropósito contra el sector trabajador.

Una vez más, las pretensiones de Correa, violan la Constitución, amplían la serie de tomaduras de pelo al pueblo ecuatoriano, que se reflejan en cuerpos legales como las leyes: Minera, de Educación Superior, Hidrocarburos, COOTAD, Servicio Público. Parafraseando al decir popular, podemos afirmar que la revolución ciudadana otra vez nos mete gato por liebre; consumando una nueva farsa, esta vez contra los trabajadores ecuatorianos. ¿Será acaso en recordación a los caídos el 15 de noviembre de 1922?

Frente a la falacia gubernamental, cobra fuerza el planteamiento del Asambleísta Jorge Escala del MPD, que exige un salario digno de 336 dólares mensuales, con ajustes anuales, para en dos años equipararlo a la canasta básica; sin que en su cálculo se incluyan los décimos, ni las bonificaciones adicionales, ni las utilidades; pues éstos son componentes distintos de la remuneración, conforme fue el espíritu del legislador al crear esos derechos.

Ante este nuevo engaño, los trabajadores tienen una nueva bandera frente a un gobierno que ha traicionado el proyecto de cambio y que en vez de combatir los privilegios de los sectores dominantes y del imperialismo, arrecia ahora contra los derechos de los trabajadores y pueblos del Ecuador.